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Primero anunciaron el aumento, después lo ratificaron y ahora lo tendrán que anular. Diecinueve empresas de medicina prepaga, las más grandes del sistema, adonde se atienden el 80 por ciento de los afiliados al servicio privado de salud, deberán dejar sin efecto el incremento de sus tarifas. Así lo determinó ayer la subsecretaria de Defensa de la Competencia y el Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, al dictar una medida cautelar por el supuesto incumplimiento de contrato de las compañías. La funcionaria aplicó la ley de Defensa del Consumidor, que las prepagas habrían violentado con los ajustes, que oscilaban entre 8 y 20 por ciento. No importa que el sector esté desregulado y las empresas tengan libertad para fijar precios, igualmente tienen que cumplir con la norma que protege los derechos de los usuarios. Según la resolución oficial, no lo habrían hecho, y eso amerita una investigación. Mientras tanto, deben dar marcha atrás con los aumentos. La medida se extenderá en los próximos días a otras prepagas.
Se suponía que los dirigentes de las tres cámaras que agrupan a las empresas de salud acudirían ayer al despacho de Vaca Narvaja. Pero la funcionaria canceló la reunión, prevista para analizar la estructura de costos de las compañías. Lo hizo porque la información que le habían remitido era muy pobre y no había bases ciertas sobre cuales discutir. Fue el último desencuentro de una relación muy deteriorada. Al Gobierno le molestó que las empresas no accedieran en ningún momento a reconsiderar su posición. El 21 de enero pasado, la subsecretaria de la Competencia les pidió una tregua por treinta días en la aplicación de las subas, que los más poderosos del sector rechazaron sin miramientos.
Ayer por la mañana, Pablo Giordano, presidente de una de las cámaras (Ademp), llegó a decir que no sólo no habría marcha atrás con los aumentos sino que además los incrementos podrían repetirse. “La medicina es inflacionaria aquí y en el resto del mundo”, definió, sin tomar muy en cuenta la irritación de los afiliados por el nuevo ajuste, el séptimo de algunas firmas después de la devaluación. “Los aumentos son simplemente para mantener el nivel de prestaciones y la atención en tiempo y forma”, agregó. Para completar su exposición, advirtió que “si no se nivelan las prestaciones de las empresas con los impuestos que carga la salud, seguirán los aumentos”.
Sus palabras resonaron en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía. Roberto Lavagna sabía del trabajo de Vaca Narvaja –un análisis detallado de los contratos del sector para determinar si se había violado la Ley de Defensa del Consumidor– y le ratificó el visto bueno. También el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se involucró en la pelea. Fue la primera vez que un funcionario de su jerarquía intervino en el conflicto, en una clara señal de su escalada. “Los aumentos son desmedidos y no tienen correlato con lo que está viviendo el país”, sentenció Fernández. Luego afirmó que las subas “preocupan” al Poder Ejecutivo y dijo que “Vaca Narvaja está trabajando en el tema y me tiene permanentemente informado”.
A las seis de la tarde, la funcionaria emitió un comunicado para informar la aplicación de una medida cautelar que frena las subas. Su cartera, junto con la dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, actuaron de oficio para investigar si las prepagas se ajustaron estrictamente a la letra de los contratos que firmaron con sus afiliados. Además, estudiaron 43 casos particulares de afiliados afectados por los aumentos.
Por más que haya libertad de precios, los contratos tienen que contener cláusulas específicas que habiliten a las empresas a modificar las tarifas. Norberto Dorensztein, coordinador legal de la Defensoría de la Ciudad, explicó a Página/12 que las prepagas habrían incumplido con los artículos 4 y 19 de la ley de Defensa del Consumidor.
El artículo 4 establece que las compañías, de cualquier rubro, “deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales” del servicio o bien en cuestión. Esos requisitos de información no se habrían cumplido. No alcanza con enviar una carta al afiliado que diga que a la empresa le aumentaron los costos. Si esa situación no estaba contemplada en el contrato, la compañía no puede trasladar sus problemas al cliente con una modificación de la tarifa.
El artículo 19 dice que “quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones y modalidades (...) tal como hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos”. La oficina de Vaca Narvaja consideró que las empresas no están cumpliendo con ese artículo.
La ley de Defensa del Consumidor contiene numerosas cláusulas que protegen a los usuarios. El problema, en los años que tiene la norma, siempre fue la voluntad política para aplicarla. El Gobierno demostró decisión para avanzar contra las prepagas, después de que fracasó un intento de negociación y de que las empresas endurecieron su discurso. Varias asociaciones defensoras de los usuarios valoraron la actitud oficial. Horacio Bersten, secretario general de la Unión de Usuarios y Consumidores, resaltó que en sus años en la entidad nunca había visto la utilización plena de las armas de las que dispone el Gobierno para hacer cumplir la ley.
El camino que les queda a las prepagas es apelar ante el Poder Judicial. Si lo hacen, como se presume, intervendrá la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, un fuero que puede resultar complicado para las empresas. La medida cautelar se aplicó a cada firma en particular (ver listado aparte). En los próximos días habrá más resoluciones, cuando se terminen de analizar los contratos de otras empresas. De ese modo, casi el 100 por ciento de los afiliados quedaría a salvo del aumento. En la Justicia, cada compañía deberá resolver su caso. Las que presenten más incumplimientos podrían ver demorada hasta un año su pretensión de subir las tarifas. Otras podrían destrabar su situación mucho antes, aunque el Gobierno especula que difícilmente lo lograrían en menos de tres meses.