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En el Ministerio de Trabajo se descubrió que veinte empleados de esa cartera cobraban además planes Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Al actualizar como cada año la nómina de los trabajadores contratados, se realizó un cruce entre los nombres de su planta y la lista de beneficiarios de este plan y se detectó esta superposición, que fue difundida anoche por el presidente Néstor Kirchner. El ministro Carlos Tomada ordenó la inmediata suspensión de los pagos a los involucrados en la maniobra y la baja contractual de todos ellos, que ahora deberán responder ante la Justicia.
Desde que se inició la gestión de Tomada al frente del Ministerio de Trabajo, se detectaron irregularidades en los cobros de más de 250 mil beneficiarios del plan Jefas y Jefes. Pero el agregado del caso denunciado ayer por el Gobierno, es que se trata del primero que salta a la luz puertas adentro de la cartera que debe monitorear y controlar las condiciones laborales de todos los trabajadores del país.
“Esto marca hasta qué punto ha habido un quiebre en los valores de nuestra sociedad, el ministro tendrá que proceder con toda la fuerza que corresponde, aplicando la ley”, dijo Kirchner anoche en Casa de Gobierno durante el acto de presentación oficial del “Abono Social”, que permitirá a los beneficiarios de los planes viajar en subte y en tren con una tarifa reducida.
Tomada se puso al frente de la denuncia y separó rápidamente a los responsables de sus puestos, que se quedaron sin el pan y sin la torta: Fueron dados de baja en la nómina de contratados por el ministerio y también en la de quienes perciben los planes sociales.
Al llevar adelante la renovación de su personal contratado, el 31 de diciembre de 2003, el ministerio realizó un cruce de nombres entre los de los empleados en condición de contratados y los de beneficiarios de estos planes. Esta medida permitió que la irregularidad quedara al descubierto. Y aunque desde el Gobierno no apuntaron hacia ningún responsable político por esta maniobra, se dejó en claro que estos contratos “pertenecían a la gestión anterior”.
En la denuncia realizada por el ministerio se destaca además que el domicilio de la mitad de los involucrados en el cobro paralelo de sueldo pertenece al Partido de General San Martín. Y el dato no es sólo filiatorio, ya que éste es el distrito bonaerense en el que más cómodo se mueve el dirigente sindical Luis Barrionuevo, esposo de Graciela Camaño, que fue quien precedió a Tomada en la cartera laboral.
“Estos entrecruzamientos están dirigidos al control en el otorgamiento de subsidios”, indicaron anoche desde Trabajo, y según señalaron desde esa cartera, tras esta revelación se ha abierto una investigación y se iniciarán además actuaciones sumariales contra los involucrados. “Una vez reunida la totalidad de la documentación requerida –informaron desde esa cartera– se denunciarán todos estos hechos ante la Justicia Federal en lo penal”.