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Los piqueteros prometieron retomar los cortes masivos si el Ejecutivo no restituye los 250 mil planes de empleo que fueron dados de baja en los últimos meses y no pone freno al proyecto oficial de reforma laboral. “El próximo lunes se cortan las rutas en toda la Argentina. Por responsabilidad única y absoluta de este Gobierno se van a cortar también todos los puentes de acceso a la Capital Federal”, anunció ayer el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, desde el acampe que realiza en el hall del Ministerio de Trabajo junto con integrantes de su sector y del Movimiento Teresa Vive. El titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, no recibió a los piqueteros y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, ratificó que la administración de Néstor Kirchner “no se someterá a la extorsión” de los piqueteros, pero “tampoco va a reprimirlos”.
Castells dio a conocer la decisión de profundizar las medidas de lucha durante el acto que los distintos sectores piqueteros enfrentados al Gobierno realizaron en la sede del Ministerio de Trabajo, donde confirmaron que el jueves todos participarán de la marcha del Obelisco al Congreso convocada por el Bloque Piquetero Nacional. El propio Castells se instaló en la cartera laboral el viernes pasado junto al referente del Teresa Vive, Gustavo Giménez, y otros ocho desocupados. Desde entonces, todos están realizando una huelga de hambre en demanda de la restitución de los planes sociales que fueron dados de baja. Precisamente el objetivo de la concentración en ese lugar fue apoyar esa protesta.
En Trabajo admiten que desde julio pasado fueron sacados del padrón de beneficiarios de los planes sociales 250 mil personas. Lo que explican es que “130 mil de las bajas eran planes que tenían irregularidades y otros 120 mil correspondían a personas que dejaron de cobrarlo porque se incorporaron al trabajo formal” (ver aparte).
Los piqueteros tienen otra impresión de los hechos: todos los que hablaron durante el acto –por el micrófono desfilaron dirigentes estudiantiles, desocupados, políticos de diversos partidos de izquierda y dirigentes de distintos movimientos sociales– vincularon la decisión con las “exigencias” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la mayoría hizo referencia a la reunión que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, mantuvo ayer mismo en Miami con el titular de ese organismo, Horst Köhler.
“Parece que el Estado necesita la plata de los planes para su refinanciamiento porque tienen que hacer un desembolso muy grande al FMI el 9 de marzo y rasguñan plata de todos lados”, sostuvo Castells. También Giménez emparentó las bajas en los planes sociales con un supuesto ajuste acordado con los organismos de crédito internacionales. “Esta reducción no es casual –dijo–. Va en línea con el congelamiento de los sueldos de los estatales y los docentes previsto en el presupuesto 2004, con la compensación a los bancos y con las exigencias del FMI.”
Para acercar posiciones con el Gobierno, Castells propuso “hacer una auditoría en común con el Ministerio (de Trabajo) para revisar una por una” las 250 mil bajas y señaló: “Si el Gobierno convoca a la realización de esa auditoría con todas las organizaciones de desocupados que luchan, ya dejamos esto y nos vamos”.
Sin embargo, fuentes del Gobierno manifestaron que “no hay negociación posible” con los piqueteros liderados por Castells. “No tienen ningún lugar para auditar; Castells no es el dueño de los planes”, explicaron y agregaron que en todo caso “lo que podemos hacer es recepcionar el listado, ingresarlos al sistema y ver si hubo incorrecciones”.
Las declaraciones públicas de Fernández también dieron la pauta de que el Gobierno no está dispuesto a negociar. “Ellos continuarán en ese lugar, y nosotros continuaremos realizando las labores desde el Ministerio de Trabajo como corresponde, porque otra cosa no podemos hacer”, expresó el ministro del Interior, y añadió que “pretendemos seguir por la misma vía y no subordinarnos a ninguna de sus pretensiones, ni por la vía de la extorsión, ni por la vía de la represión”. Fernández atribuyó además a lospiqueteros que ocupan la cartera laboral la intención de generar “un hecho político que se enmarca entre dos puntas: una extorsión que lo obliga a tener que ceder y mostrarlos a ellos con una suerte de triunfo, entre comillas, o la búsqueda de que el Estado tome una actitud represiva que los posicione dentro de su mismo grupo como duros, que son capaces de soportar la represión”.
Si nada cambia antes del próximo lunes, los piqueteros realizarán ese día cortes de ruta en todo el país y cerrarán todos los accesos a la Capital Federal, tal como anticipó Castells, cuyos seguidores tomaron también ayer la sede de Anses en Tucumán.