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En la madrugada de ayer, entre la una y las cuatro de la mañana, un grupo de vecinos de los barrios pobres –un grupo no muy grande, de entre 15 y 20 personas– forzó la puerta de una carnicería en Merlo en busca de comida. Se llevaron dos mil kilos de carne, una balanza y un par de cuchillos. Otros cuatro comercios del conurbano, en Merlo y San Martín, sufrieron también robos de alimentos, mientras en Tucumán un centenar de personas intentó saquear un camión con harina y fue dispersada por la policía. En total, entre saqueos consumados e intentos reprimidos hubo una decena de episodios entre el miércoles y el jueves. El presidente Eduardo Duhalde dijo que “pueden haber sido concertados” e incluso habló de “gente a la que le han ofrecido dinero” para cometerlos. Pero hacia adentro, el Gobierno vinculó los episodios directamente con la suba de precios y encendió una luz amarilla. Anoche, en Córdoba y Rosario las administraciones locales decidieron reforzar la custodia de los supermercados (ver página 2).
Los saqueos ocurrieron al término de una semana en la que abundaron las versiones sobre la inminencia de fuertes disturbios, muchas de las cuales coincidían en que empezarían en Semana Santa. En ámbitos políticos, transmitido por los operadores de turno, se anticipaba un paisaje de feriado apocalíptico, con cortes de ruta en todo país y turistas frustrados en medio del camino a sus minivacaciones.
Es difícil saber quién alimenta esos rumores. De lo que no hay dudas es que lo que se vio finalmente fue otra cosa: grupos reducidos, que se acercaron a pequeños negocios vecinos a sus barrios y a supermercados de segunda marca. En casi todos los casos, a diferencia de lo que pasó en diciembre, la policía actuó de inmediato y realizó detenciones. En el conurbano fueron 25.
Quizá para subrayar la eficiencia de su accionar, la bonaerense informó que al término de vastos operativos de rastrillaje se había recuperado la balanza de la carnicería de Merlo “y los cuchillos robados”.
En Neuquén se registraron los incidentes más fuertes, con siete heridos. El gobierno provincial y las organizaciones de desocupados se acusaron mutuamente de haber fomentado los saqueos (ver página 2).
Entrevistado en la Quinta de Olivos, Duhalde dio un primer informe en el que consideró que pudo haber habido alguna forma de organización o convocatoria al caos. El Presidente no identificó a ningún sector político; reconoció en cambio que “Argentina se ha convertido en un país muy injusto para los argentinos” y descartó que la represión sea una solución adecuada: “Creo que la mano dura no hay que ponerla con los sectores débiles de la sociedad”.
Duhalde usó la tarde del feriado para monitorear las negociaciones con los supermercadistas para frenar los aumentos de precios. Sus colaboradores más cercanos no ocultaron que existe una fuerte preocupación ante el panorama abierto por los nuevos saqueos. “Estas cosas se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo terminan”, dijo a Página/12 el secretario privado José Pampuro, que los vinculó al aumento de los alimentos.
El trazo grueso del diagnóstico oficial se completa con dos o tres conceptos: hay una situación generalizada de deterioro social, en la que algunos sectores de la población se están quedando sin acceso a los bienes básicos. En este contexto, y montados sobre necesidades reales, pueden estar actuando algunos grupos interesados en desgastar la gestión del Gobierno, que distribuye asistencia alimentaria “en la medida de lo que puede y no de lo que le gustaría”. El aumento en los precios, obviamente, genera un estado de zozobra. Ante los saqueos se produce un fenómeno de imitación.
¿Qué dice la gente en el conurbano? Una manera rápida de saberlo es preguntar en las organizaciones de desocupados, que realizan asambleas de delegados barriales todas las semanas, en las que se intercambia este tipo de información: si hay problemas con la comida, si los planes de empleo sepagaron o no, qué pasa con los comedores populares. En La Matanza, donde se produjeron varios intentos de saqueo, la Corriente Clasista y Combativa y la Federación de Tierra y Vivienda reúnen a casi 200 asentamientos y villas de emergencia en asambleas con 500 delegados por turno. Allí entienden que lo que ocurre es “una mezcla de cosas”. Entre ellas, la actuación de punteros del PJ que vinculan al pierrismo.
“En algunos lugares de La Matanza, como en el barrio San Pedro, los delegados barriales cuentan que los saqueos están siendo alentados desde las unidades básicas históricamente vinculadas a Pierri”, dijo Luis D’Elía. “A eso se suma algún pandillaje de las esquinas, enganchado con el tema, que se organiza para darle un golpe al carnicero del barrio. En otros barrios aparecieron grupos de izquierda radicalizados que alientan este tipo de reacciones.” La asistencia alimentaria, mientras tanto, viene con meses de demora.
Los saqueadores de Merlo, según relataron testigos, “forzaron la puerta de la carnicería y se retiraron cargando la mercadería a pie”. Hubo dos detenidos. En la esquina de Lavalle y Hernández, en Villa Lynch, unas 20 personas rompieron el candado de la entrada y saquearon la segunda carnicería. Allí la policía detuvo a seis personas. A las cuatro de la mañana otras veinte irrumpieron en el almacén de la calle Alem 4947, también en Merlo, de donde se llevaron alimentos, un televisor, varios perfumes, dinero de las cajas y algunos electrodomésticos. La policía detuvo a dos hombres. El día anterior hubo otros cinco saqueos (o intentos de) en Ciudadela, Tucumán, Neuquén, y Córdoba.
Anoche, en la capital de Neuquén, muchos comercios permanecían cerrados, mientras que otros locales y supermercados del centro de la ciudad decidieron reforzar las medidas de seguridad. El gobierno de Córdoba convocó a la Gendarmería. En Rosario la custodia había sido reforzada 24 horas antes. El paisaje común era de cortinas bajas y efectivos pertrechados frente a los principales hipermercados.