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Las cinco líneas de subte y el Premetro continúan paralizadas por el conflicto gremial en Metrovías, donde los trabajadores se oponen a la instalación de máquinas expendedoras de boletos y reclaman que se cumpla con la reducción de la jornada laboral a seis horas. Todo indica que la reanudación de los servicios, interrumpidos desde el viernes, no va a ser fácil: no hay negociaciones abiertas y el cuerpo de delegados anunció que mantendrá la medida de fuerza por tiempo indeterminado.
La huelga se sostiene con piquetes en las cabeceras de cada línea. En las estaciones Constitución, Congreso de Tucumán, Plaza de los Virreyes, Primera Junta y Lacroze grupos de trabajadores permanecen en el lugar y, cada vez que un tren intenta salir, se acuestan en las vías para impedirlo.
La empresa denunció el bloqueo de los túneles y pidió la intervención judicial para desalojar a los huelguistas. También envió telegramas de despido en un número que todavía no está claro. Según Andrés Fonte, del cuerpo de delegados, hay 60 despidos constatados y otras 30 personas a quienes ayer la firma no permitió ingresar a sus puestos, que también estarían cesantes pero todavía no recibieron la notificación.
El vocero de Metrovías, Juan Ordóñez, dijo que la concesionaria no negociará con los trabajadores en huelga. “Consideramos indispensable la intervención del juez para garantizar la libre circulación de los trenes”, agregó.
El origen del conflicto es un acuerdo que Metrovías firmó con el sindicato del sector, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), enfrentada al cuerpo de delegados del subte. Los huelguistas sostienen que el sindicato y la empresa modificaron las condiciones de trabajo sin consultar a los trabajadores. “La ley dice que cuando se firma un convenio que altera reglas de trabajo, como los horarios o la duración de la jornada, tienen que participar de las discusiones tres representantes de base. Sin embargo, esto no se respetó”, dijo ayer el delegado Fonte. La empresa argumenta, en cambio, que la firma del acta cumplió con todos los requisitos legales.
El cuerpo de delegados viene funcionando como el espacio de organización de los trabajadores. En los últimos dos años impulsó el reclamo por la jornada laboral de seis horas, con medidas de fuerza que desbordaron al sindicato. La reducción de la jornada, una medida motivada por la insalubridad de las tareas en los túneles en los que hay poco oxígeno y altos niveles de ruido, ya se consiguió en los papeles pero ahora hay tironeos para implementarla.
El acta firmada entre la UTA y Metrovías fija el compromiso de una jornada laboral de seis horas a partir del 21 de abril. Sin embargo, los delegados señalan que contiene puntos engañosos. “Establece un régimen transitorio de seis horas más dos horas, es decir de ocho horas de trabajo en total. Esto regiría por dos meses, para todo el mundo. Las dos horas de más van a ser pagadas en forma simple, no como horas extra”, dijo Fonte. “Al mismo tiempo establece que la jornada laboral sea de 36 horas semanales desiguales, es decir que la empresa puede disponer que hoy trabajemos 12 horas y mañana seis. Es una medida flexibilizadora.”
El tercer punto de reclamo es la introducción de máquinas expendedoras. La empresa aseguró que la automatización no va a generar despidos, pero los huelguistas sostienen que las máquinas “implican la reducción de puestos de trabajo en un país con altísimos niveles de desocupación”. Sostienen que Metrovías “puede no hacer despidos en su planta, pero va a prescindir de quienes hacen el control en los molinetes, un servicio tercerizado, para llevar allí a los boleteros que se queden sin función”.
La policía recorrió ayer las estaciones cabeceras para comprobar que no hubiera destrozos. Metrovías dijo que hoy el subte va a abrir sus puertas con la intención de entrar en funcionamiento. Los huelguistas convocaron aun festival en la estación Federico Lacroze, a las cinco, para difundir su posición. Si el paro se mantiene y no hay diálogo, el desenlace quedará en manos de la Justicia. Es ella la que deberá definir si los huelguistas están cometiendo un delito –lo que abriría la posibilidad del desalojo– o protagonizando un conflicto laboral que deberá solucionar el Ministerio de Trabajo.