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Desde Santiago del Estero

Una avenida: Roque Sáenz Peña 568. Una casa de dos plantas, vieja, amarilla, de paredes gastadas. Un inmenso tendido de parras sobre jardín oculta la fachada del edificio: la guarida de la legendaria Departamental de Informaciones de Santiago, la D-2, el centro de espionaje del gobierno de los Juárez. El interventor Pablo Lanusse anunció su desactivación 24 horas después de asumir el mandato. La camuflada central de inteligencia acumuló durante los últimos años y sin pausa unos 40 mil archivos ilegales de opositores y fieles al juarismo. Los legajos ocupan tres habitaciones completas de la casa. Se suponía que habían sido armados por los cuadros de superinteligencia de los Juárez. Que la D-2 era la cueva de operaciones del archidenunciado ex comisario Musa Azar. Que allí anidaban centenares de aparatos tecnológicos. Que había cables, teléfonos y un escuadrón de espionaje del peso de la KGB. Pero no: “Era un gran mito: los Juárez la manejaban como patrones de estancia”, le confió a Página/12, sorprendido, uno de los hombres abocados a la reestructuración de las fuerzas de seguridad. Aquí, una radiografía del mito y el adelanto de una investigación sobre el funcionamiento de la red de espionaje del juarismo que se reproducía por fuera de la D-2.
La D-2 era una de las áreas dependientes de la Subsecretaría de Informaciones comandada por el ex comisario Musa Azar. Carlos Juárez lo puso en la dirección ejecutiva del organismo hace casi diez años, en 1995, cuando volvió al gobierno después de la última intervención federal. Los especialistas en la historia de Santiago aseguran que Juárez ancló allí las llaves de su reino: “Volvió al gobierno con el síndrome del pánico después de que le incendiaran la casa”, le explicó a este diario Luis Santucho, abogado y coordinador de la oficina Antiimpunidad del Ministerio de Justicia de la Nación. Para Santucho, el síndrome del pánico explica a la D-2 y a Musa Azar: “Con Musa en el área de informaciones, Juárez se garantizaba la reinstalación del terror: el control social a través del espionaje”.
Desde entonces y bajo sus órdenes, los treinta empleados de la D-2 comenzaron a completar los expedientes que se descubrieron el 5 de marzo pasado en el allanamiento disparado por una denuncia de los organismos de derechos humanos locales. En la D-2 se encontraron legajos del obispo Gerardo Sueldo, uno de los opositores más fuertes del régimen, muerto misteriosamente en 1998 después de un accidente que se instaló como un atentado en la memoria popular. Se encontraron legajos de opositores vivos y de otros muertos. De maestros, gremialistas, jueces y periodistas entre un sinfín de personajes perseguidos. Hasta ahora se suponía que ése era el corazón del régimen. Que existía una estructura piramidal controlada por Musa Azar y que respondía directamente a las órdenes de los jefes de gobierno. Un esquema prolijo, dedicado a seguir a malos y a buenos por igual a fin de controlarlos.
Los primeros pasos de los interventores desterraron buena parte de ese esquema. La D-2 no funcionaba orgánicamente, no mantenía una estructura de mando piramidal, no respondía a un solo jefe. “Cualquiera llamaba y hablaba para pedir informaciones”, explicó la fuente consultada. Cualquiera significa eso: Nina Juárez, su esposo Carlos, pero además políticos de uno u otro partido, empresarios y especialmente jueces que lo hacían de forma discrecional, sin orden judicial ni investigaciones en marcha. “Los treinta empleados se dedicaban al chismerío político, no estaban capacitados en inteligencia, no conocen las leyes –indicó la fuente consultada–: los usaban, estaban al servicio de la política.”
Con sueldos de 300 a 500 pesos, los hombres de la inteligencia juarista funcionaron como sirvientes: sólo tenían dos autos viejos, un Peugeot 504y un Fiat Uno. También una Ranger guardada desde hace meses en la casa de los Juárez. Una sola línea de teléfono. Un fax. Un vale de 10 litros de nafta diaria por auto. Un celular. ¿Cómo hicieron para armar los 40 mil legajos que terminaron provocando el escándalo que disparó las condiciones objetivas para la intervención federal? En bicicletas y en ciclomotores. No del Estado sino de los policías.
Los recién llegados están convencidos de que lo que encontraron no es producto de un desguace reciente sino que es el modelo de la estructura de inteligencia armada por el juarismo. Consideran que la D-2 siempre fue la copia berreta de un verdadero equipo de inteligencia. Que trabajó al margen de la ley, bajo las órdenes de un patrón de estancia.
Además de la D-2, el patrón de estancia tenía a disposición toda la estructura policial. De acuerdo con el análisis de la intervención federal, la policía de Santiago del Estero le respondía a Juárez pero estaba dividida en dos grandes células. Una dirigida por Musa Azar y otra por su archienemigo político: el mayor Jorge D’Amico, implicado en las causas de desaparición de personas durante la dictadura militar, el hombre de seguridad de los Juárez desde 1973 y jefe de la Subsecretaría de Seguridad de la provincia desde 1995 hasta 2003. Los dos tenían juegos, negocios e intereses propios. Entre ellos, las órdenes dispuestas por los Juárez. Esa fue la cadena de mandos que definía el funcionamiento de la maldita policía de Santiago del Estero hasta hace un año. El ámbito donde anidaron los bandas con perfiles de grupos de tareas dedicadas a todo tipo de delitos, incluso el secuestro y la desaparición de personas.
Cuando comenzó la crisis en la provincia, las células se multiplicaron. “En este momento –explicó la fuente– nadie sabe quién es quién, todos desconfían de todos: no hay un equipo compacto, no hay confianza entre ellos.” En los últimos meses, la crisis profundizó la discrecionalidad con la que históricamente el gobierno manejaba la fuerza policial: la estabilidad de cada uno de los policías dependía de cómo pasaba la noche un jefe inmediato o de los humores de la dueña de la Casa de Gobierno. “Los jefes duraban diez días, quince: en los últimos tiempos nadie quería ser ascendido”, explicó el especialista. Tal como fue diagnosticado el año pasado por la comisión especial enviada por el Ministerio de Justicia, la desintegración tiene varios factores, entre ellos, los mecanismos de ascensos usados como premios y castigos: “En la D-2, por ejemplo, hay jefes ascendidos a comisarios con dos años de antigüedad y otros con 20 años de carrera que siguen siendo agentes rasos”, continuó el entrevistado. La intervención se encontró con los restos: desertores, negocios, órdenes y contra-órdenes.
El jueves, una inspección en la Casa de Gobierno permitió localizar la presunta existencia de otros centros de espionaje paralelos a la D-2. Los elementos que dispararon la hipótesis fueron el descubrimiento de seis mecanismos de escuchas fijos y un séptimo inalámbrico ubicados en el interior de la Casa de Gobierno. Los gendarmes, a cargo de la investigación, ahora analizan un supuesto módem ubicado en el conmutador central, un clásico aparato usado en los procedimientos de escuchas. Una hipótesis indica que ese sistema desembocaría en un centro de almacenamiento de datos. ¿Dónde está? ¿Bajo las órdenes de quién? ¿Quién escucha? Aún es un misterio. Ahora están inactivos: fue una de las primeras misiones de los gendarmes que están al frente de la policía provincial. Revisaron la Casa de Gobierno, detectaron la existencia de los aparatos y más tarde revisaron el teléfono personal de Pablo Lanusse. Hasta ahora no se detectó ningún micrófono oculto en el ex teléfono de Mercedes “Nina” Aragonés. Lo que heredó Lanusse, con certeza, fue una abundante capa de maquillaje facial sobre el gastado auricular.