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Los fiscales federales Pablo Quiroga y Jorge Sica fueron apartados anoche de la fiscalía antisecuestro que investigó el caso del secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg. La decisión, adoptada por el procurador sustituto de la Nación, Luis González Warcalde, se produjo 72 horas después de que el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, presentara una denuncia penal contra el fiscal Sica y su superior, el fiscal general Pablo Quiroga, a quienes acusó por presuntas irregularidades cometidas durante la investigación del caso, cuya repercusión pública ha provocado una serie de cambios, tanto legislativos como en la cúpula de la Policía Federal. Lo que se dispuso es la “suspensión transitoria” de Quiroga y de Sica. En su lugar asumirán, en forma interina, los secretarios de la fiscalía federal de San Martín, Marcos Cassani y Diego Luciani. Ellos tendrán la misión de asistir en la investigación a la fiscal Rita Molina, responsable natural por razones de jurisdicción y que hasta ahora había estado fuera de la causa. Al mismo tiempo, la Justicia dispuso la prisión preventiva de cinco de los doce detenidos por el caso y resolvió la excarcelación de Julio César González.
El procurador recordó que la Fiscalía Federal de San Martín fue creada porque “en la jurisdicción se producía el mayor número de secuestros extorsivos y otros hechos relacionados” y porque existía un “atendible requerimiento social de lograr mayor eficacia en la dirección de los órganos de investigación”. En uno de los párrafos de su resolución se afirma que no se cuenta “con la disponibilidad de los fondos asignados en el Presupuesto para hacer frente, en una continuidad temporal, a la mayor erogación que genera esta unidad”. Al mismo tiempo, a pesar del tenor de la medida, se dejó constancia de “los esfuerzos de los responsables de la Unidad Fiscal” cuestionada en los “aproximadamente ciento cincuenta casos de secuestros en los que interviniera en forma directa, al lograr el esclarecimiento en más del 80 por ciento de los sucesos”.
El procurador sustituto resaltó, incluso, que los índices aportados por la unidad fiscal permitieron “que merme sensiblemente el número de estos delitos en la jurisdicción afectada”. De todos modos se apuntó que estos resultados “a los que se suma el esclarecimiento total de la más aflictiva de las causas en que le tocó intervenir –el secuestro que derivó en la muerte de Axel Blumberg–, no impiden la conveniencia, debido a las otras circunstancias (...) de adoptar una decisión urgente en pos de una mejor distribución de las tareas inherentes a la actuación fiscal entre todos los representantes del Ministerio Público de la zona en cuestión, medida que tendrá carácter transitorio, pues así es el ejercicio del suscripto en la más alta magistratura” del organismo.
Por otra parte, el juez federal de San Isidro, Conrado Bergesio, dictó la prisión preventiva de Martín “El Oso” Peralta, los hermanos José y Carlos Díaz y otros dos detenidos. En forma paralela resolvió excarcelar a otro de los detenidos, Julio César González. Con esta excarcelación, los detenidos son ahora doce. El viernes por la noche fue dejado en libertad el subcomisario de la Policía Federal Daniel Gravina, quien estaba detenido en la causa, sospechado de haber encubierto a uno de los imputados. La medida fue adoptada por el juez Bergesio, quien dispuso la “falta de mérito” de Gravina. Esto significa que no encontró ni pruebas suficientes para procesarlo y tampoco para sobreseerlo, por lo que puede seguir sometido al proceso. Gravina, tercer jefe de la comisaría 23ª de la Policía Federal, fue acusado por el fiscal del caso, Jorge Sica, de “encubrimiento agravado reiterado” en el marco de su supuesta vinculación con el presunto reducidor de autos Jorge Daniel Sagorsky, sindicado como informante o “buche” de la policía. Sagorsky se habría comunicado con Gravina para comentarle que un hombre conocido como Martín –supuestamente El Oso– le había ofrecido un auto Volkswagen Passat blindado robado a un empresario, en el que se habrían desplazado los captores de Axel cuando se tirotearon con la policía mientras iban a cobrar el rescate. La conmociónque provocó el caso produjo el endurecimiento de algunas normas del Código Penal y una polémica que todavía sigue en su apogeo.