[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Con más de 60 mil agentes federales, en la Argentina “es innecesaria la creación de nuevas instituciones de seguridad”, dice un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales. Así opina sobre el plan lanzado por el Ministerio de Justicia y Seguridad que propone, entre otras cosas, fundar una agencia federal de investigaciones y una fuerza de despliegue rápido que se sumaría a la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería.
Los 62.307 funcionarios de las fuerzas federales representan en relación a la cantidad de habitantes uno de los conjuntos más importantes de la región.
“La aplicación de la lógica de incrementar fuerzas entraña el riesgo cierto de la superposición de funciones y, paralelamente, el fortalecimiento de la tendencia a asignar responsabilidades a una u otra agencia de seguridad según la confianza que ellas inspiren al gobierno de turno”, sostiene el texto del CELS. E inscribe en este contexto “la pretensión de involucrar a la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) en la seguridad interior por medio de su participación en el Gabinete de Crisis Permanente sobre secuestros extorsivos”.
El CELS dice que si igual el Gobierno decidiera crear un cuerpo de investigación de delitos federales, “su creación debería ser pensada fundamentalmente como una estrategia tendiente a modificar las prácticas de investigación de los actuales cuerpos de seguridad y quebrar sus redes de ilegalidad”. Y, además, debería “absorber las funciones de investigación ya existentes de las fuerzas de seguridad a fin de evitar superposiciones innecesarias”.
En cuanto a la intervención en escenarios de crisis, según el documento el acento debería ponerse no sólo sobre la coordinación de las fuerzas de seguridad sino sobre la articulación con políticas de empleo, salud y educación. Recuerda el CELS que la Prefectura y la Gendarmería son fuerzas de seguridad militarizadas que “no fueron originalmente diseñadas para este tipo de intervenciones en el sistema democrático y cuyas funciones específicas son el control de ríos, lagos y fronteras fluviales y marítimas, en el primer caso, y la seguridad de la frontera terrestre, en el segundo”.
“Propuestas restringidas a un incremento en la coordinación, el aumento de efectivos y agencias de seguridad, refuerza la falsa dicotomía entre eficiencia y garantías al omitir intervenir sobre las condiciones que permiten y promueven tanto la ineficacia como las violaciones a los derechos humanos”, dice el documento.
“Esta tendencia se ve agudizada si, tal como se desprende del Plan, los controles son desproporcionadamente débiles y es menor la relevancia otorgada a las políticas sociales”, agrega el CELS.
“El Plan no ha propuesto medidas para reformar y mejorar las fuerzas de seguridad actualmente existentes”, dice.
“En este contexto, es factible que, de crearse, las nuevas agencias sean permeables a las prácticas ilegales e ineficientes de las que hoy existen, contribuyendo a ampliar una estructura institucional de por sí grande y sin coordinación, sujeta a débiles controles políticos, administrativos y judiciales.”
El CELS dice que los controles son vagos y no están contempladas “acciones preventivas”. Los controles ideales, según el CELS, deberían ser resultado de un cruzamiento entre las instancias judicial, administrativa, política y social. Entre las recomendaciones figuran “asegurar la participación de las víctimas en los sumarios administrativos, dar a publicidad los legajos de los funcionarios, evitar la expulsión arbitraria de los funcionarios denunciantes de hechos irregulares o ilegales, facilitar la formulación de denuncia por parte de los propios funcionarios de seguridad e impedir que la demora en las investigaciones judiciales se utilice como excusa para dilatar la sanción correspondiente a quienes infrinjan las leyes y reglamentaciones”. En otro apartado propone modificar “la cultura institucional” que da origen a la ilegalidad y considera “sumamente positiva” la incorporación por concurso de civiles no policías, aunque advierte que sin cambios más profundos “pueden ser aislados y cooptados”.
El extenso documento del CELS considera en otro capítulo que “la propuesta sobre el régimen penal juvenil avanza en un sentido correcto, aunque no es claro sobre la completa eliminación del sistema tutelar vigente”.
La coincidencia es con la necesidad de contar con “un sistema de responsabilidad penal juvenil”. La duda es qué pasará “con el actual régimen de justicia de menores, que resulta inefectivo y violatorio de los derechos humanos”.
También recomienda reformar las instituciones de seguridad federales, y en especial la Policía Federal, para evitar “la connivencia con el delito y la participación en redes ilegales”.