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Por F. Y.

Puntuales como para evitar otro reto público de Juan Carlos Blumberg, los diputados de la Comisión de Legislación Penal se reunieron a la hora convocada. En ese sentido, el oficialismo decidió no esperar una semana –tal como prevé el reglamento– e intentará hoy insistir con la mano dura que incluirá restricciones a la libertad condicional para casos de homicidio en confluencia con otro delito, violación y secuestro seguido de muerte. El Senado también aportará lo suyo. Buscará convertir en ley el proyecto que pena la comercialización ilegal de celulares aprobada la semana pasada por la Cámara alta.
Esta vez el justicialismo no necesitó de las arengas de representantes de la mano dura como Carlos Ruckauf y Jorge Casanovas. Sólo bastó la reciente marcha frente a Tribunales y la necesidad de dar una respuesta al reto que les dedicó Blumberg, para avanzar sin miramientos en las tres iniciativas que tienen previsto debatir.
La coyuntura sirvió para que la riquista Mirta Pérez recobrara su sonrisa, la misma que había perdido la semana pasada cuando el PJ se opuso a la reducción de la edad de imputabilidad de los menores que ella apoya. Todo indica que la legisladora podrá tener su primer proyecto aprobado, ya que el oficialismo decidió respaldar, aunque con modificaciones, la iniciativa que prevé la sumatoria de penas. La idea es llevar a 50 años el máximo de reclusión. Si bien Pérez aceptó los cambios, su propuesta original no tenía máximos, es decir que imitaba el sistema norteamericano. La cifra no es antojadiza, sino que coincide con la pena máxima prevista para los delitos de sedición contra la democracia.
El segundo proyecto avanza en la limitación del beneficio de la libertad condicional. Los legisladores intentarán modificar el artículo 13 del Código Penal para subir el mínimo de 20 a 35 años y cambiar el artículo 14 para impedir el beneficio a los reincidentes. Además, incorporarán un 14 bis donde no se aplicará la libertad condicional para aquellos condenados por delitos aberrantes. Esta iniciativa modifica el proyecto que llegó con media sanción de la Cámara alta, por lo que en caso de aprobarse regresará al Senado.
El tercer punto corresponde a la iniciativa de Ruckauf, quien promueve la reclusión perpetua para los casos de violación y secuestro seguidos de muerte.
El PJ llegó a la reunión decidido a que los despachos de comisión sean firmados rápidamente y pasar el debate para hoy, en la sesión prevista para la tarde. Esta fue la razón que llevó al jefe de los peronistas, José María Díaz Bancalari, a participar de la reunión. El bonaerense no ocultó sus intenciones: “Vamos a hacer todo lo posible para que se discuta mañana (por hoy)”, dijo.
“No estamos trabajando apurados, todo se debate en un tiempo razonable”, se cubrió el justicialista cordobés Guillermo Johnson cuando le preguntaron si la actitud del oficialismo tenía que ver con el reto que le dispensó Blumberg la semana pasada durante la manifestación frente a los Tribunales.
Lo extraño de la reunión de Legislación Penal fue el silencio de los diputados de la oposición e incluso de algunos del PJ, como María del Carmen Falbo, que tienen una postura contraria al incremento de penas que nuevamente está en boga entre los legisladores. La excepción fue la del radical mendocino Víctor Fayad, quien quiso saber cuáles eran los criterios por los que se decidió sumar las condenas que llevan la pena máxima a 50 años. La riquista Pérez no se molestó en buscar argumentos jurídicos y sin más dijo que todo responde a “la lógica”. Luego Pérez se retiró diciendo que “se sentía muy bien” por el apoyo del PJ.