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A un año de la tragedia de Santa Fe, el ex gobernador Carlos “Lole” Reutemann sigue jugando a las escondidas. “En ningún momento durante mi último mandato (...) ni específicamente entre (...) los meses de enero y abril de 2003, fui informado por miembros de mi gabinete, ni verbalmente ni por escrito, en relación al comportamiento del Río Salado, tanto lo atinente a su altura, como a la velocidad de sus aguas.” El 29 de abril del año pasado se inundó la mitad de la ciudad, murieron 23 personas en el acto y otras 44 (ver aparte) fallecieron después por causas asociadas al drama vivido. En un escrito presentado hace unos días ante el juez Diego Andrés de la Torre, que investiga las causas del desastre, Reutemann omitió datos que están en el expediente y que demuestran que estaba absolutamente sobre aviso. El 13 de marzo, un mes y medio antes de la tragedia, el gobierno había recibido un pedido de informes del Senado provincial, preocupado por el estado las defensas del cordón oeste de la ciudad, por donde entraron las aguas. El 25 de abril, el director de Obras Hidráulicas, Ricardo Fratti, luego obligado a renunciar, advirtió sobre las “extraordinarias precipitaciones pluviales” que bajaban hacia la ciudad y prenunció “un estado de catástrofe”. El 28 de abril, el mismo Fratti hizo saber que el Salado había llegado a los 7,70 metros, “el máximo nivel en la historia”, pero Reutemann insiste en que nadie le dijo nada, aunque sigue acumulando acusaciones en su contra.
Como ya había contado este diario, la prensa local había advertido sobre una crecida “excepcional” del Salado. El 24 de marzo, el vespertino El Litoral, de la capital provincial, dio cuenta de “las excesivas precipitaciones que se registraron recientemente en el noroeste” provincial. Como es sabido, las aguas siempre escurren hacia la ciudad de Santa Fe. El juez De la Torre secuestró en la Casa Gris, sede del gobierno, tres actas oficiales, las números 028, 029 y 030, donde consta que el ingeniero Fratti, obligado a renunciar por supuesta negligencia en sus funciones, había alertado sobre lo que se venía.
El 25 de abril, a las 17, durante una reunión en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Edgardo Berli, y en presencia de otros miembros del gabinete que integraban el Comité de Emergencia Hídrica, se analizó “la grave situación que se encuentran soportando importantes localidades (...) a consecuencia de las extraordinarias precipitaciones pluviales y el contexto social y sanitario que se presenta”, dice el acta 028. En ese encuentro, el ingeniero Fratti, director de Obras Hidráulicas, no descartó que “concluidos los estudios y análisis, las zonas (afectadas) presenten un estado de catástrofe”.
El 28 de abril, un día después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2003, en una nueva reunión realizada a las 13, en el mismo escenario, el ministro Berli confirmó que la red vial “se encuentra colapsada en su totalidad” y que se está frente a una “situación de catástrofe”. Fratti dijo a los presentes que en el cruce de la ruta 70 el agua del Salado tenía “una altura de 7,70 metros (máximo nivel en la historia)” y que estaba “entrando en el barrio Barranquitas”, cerca del centro de la ciudad. Por eso le piden al Ejército la provisión de cinco Unimog, diez camiones y embarcaciones para asistir a los evacuados, que eran miles, desde Recreo, a 12 kilómetros de Santa Fe, hasta la periferia de la capital. La situación era calificada como “grave y catastrófica”.
Así se llega a la siguiente reunión, a las 8 de la mañana del fatídico 29 de abril, cuando el propio Comité de Emergencia Hídrica evalúa que el número de “afectados, damnificados, evacuados y autoevacuados (...) podría ascender a más de 100 mil personas”, tal como ocurrió, ya que la cifra estimada oscila en los 130 mil. En fuentes judiciales se piensa que, con todos esos elementos, se viene al piso la estrategia del ex gobernador Reutemann, quien sigue diciendo lo que ya es una frase incorporada al folklore santafesino: “Nadie me avisó nada”. Es imposible que ignorara los informes producidos por el propio Comité de Emergencia Hídrica.
Para certificar las sospechas, el diputado radical Oscar Ritter entregó ayer al juez De la Torre un pedido de informes aprobado el 13 de marzo de 2003 por el Senado de la provincia y elevado al Poder Ejecutivo. El objetivo era el de conocer “el estado del talud defensivo en la avenida Circunvalación Oeste” y qué medidas había tomado el gobierno “para prevenir el colapso del terraplén”. Lo que pedían los senadores era que se diera “certeza y seguridad a las familias del sector oeste”, algo que no se hizo y que provocó la inundación de casi media ciudad.
El gobierno de Reutemann respondió al pedido de informes el 23 de abril, seis días antes del desastre. “Esto echa por tierra la teoría de que nadie avisó y confirma que lo ocurrido fue una catástrofe hídrica provocada por una negligencia hídrica del gobierno”, afirmó Ri- tter. Su opinión, con un sinfín de matices, es compartida por expertos de la Universidad Nacional del Litoral y hasta por el Instituto Nacional del Agua (INA), organismo nacional que desde 1992, durante la primera gestión de gobierno de Reutemann, había establecido cuáles serían las zonas afectadas por una crecida del Salado de las característica que tuvo la ocurrida hace un año. Esas zonas eran exactamente las que se inundaron.
El agua entró por un hueco de apenas 1600 metros de una defensa oeste cuyo tramo final, en forma inexplicable, nunca fue realizado. Hasta hoy sigue inconcluso. En la causa penal, el desastre hídrico más terrible de la historia de Santa Fe está calificado como “estrago culposo” y “violación de los deberes de funcionario público”. Esto incluye las 23 muertes, los 130 mil afectados y las por lo menos 30 mil casas destruidas por las aguas. Ayer se sumó, ante el fiscal Roberto Favaretto, una acusación contra Reutemann y sus colaboradores por 44 “homicidios culposos” (ver aparte), por las personas que murieron como consecuencia de la crisis posterior al desastre. Ritter y otros legisladores aportaron ayer documentación que respalda tanto los daños sufridos como la responsabilidad de los funcionarios. Las penas, aunque falta evaluar la acumulación de cargos, podrían ser mayores a los cinco años de prisión. Para los afectados “no hay castigo que repare el daño causado”.