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María Julia Alsogaray parecía peinada como para una fiesta, con la melena voluminosa y un flequillo planchado. Estuvo rígida casi toda la audiencia, aunque tuvo que tomarse un traguito de Coca Light que le sirvió su abogada al escuchar que el fiscal Oscar Amirante pedía para ella una condena de cuatro años de prisión por no haber justificado el aumento de su riqueza. La acusación abarcó también el decomiso de 1.347.000 dólares de sus bienes y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años. Su defensora oficial, Pamela Bisserier, solicitó –entre ironías sobre el juez Juan José Galeano y alusiones a Carlos Menem– que la absuelvan y le requirió al Tribunal Oral 4 que declare inconstitucionales la ley de fondos reservados por su carácter secreto y la figura de enriquecimiento ilícito. El veredicto es la semana que viene.
El juicio se hizo ayer en la sala de Casación Penal, tres veces más grande que la que el tribunal oral había usado hasta ahora, pero ni la hinchada de María Julia ni los periodistas ni los curiosos presentes alcanzaron a llenarla. Los aliados de la ex funcionaria se amucharon en las primeras filas: su hijo Alvaro Javier con la novia vestida de violeta y rojo, la consuegra, su hermano Alvaro con su hijo Francisco y la defensora oficial Perla Martínez de Buck, entre otros. El resto del público, que incluía un grupo de fiscales federales, estaba desperdigado.
Amirante puso el acento de su acusación en que Alsogaray no justificó “debidamente” cómo incrementó su patrimonio en los años en que fue funcionaria, desde 1985 hasta 1999. Su exposición consistió en refutar tres de las seis explicaciones que la ex secretaria de Recursos Naturales dio sobre su enriquecimiento:
- Un contrato falso. Amirante advirtió que el contrato con Astilleros Alianza que María Julia presentó para justificar ingresos del año 1991 por 500 mil dólares fue “un engaño”. “Fue armado en 1994 ante el avance de las causas”, dijo el fiscal. Para demostrar la falsedad del convenio enumeró: que carecía de aclaraciones sobre el servicio, las facturas y recibos eran incompletos, el astillero estaba en convocatoria y tenía una deuda millonaria, el dinero de los honorarios no pasó por caja y se supone que provino de una empresa fantasma cuya integración no se pudo establecer, entre otros puntos.
- Fondos reservados ilegales. El escandalete de los sobresueldos en el menemismo no estalló en este juicio por casualidad. Fue porque Alsogaray dijo que los cobró entre 1992 y 1997 y que por eso ingresó 622 mil dólares a su patrimonio personal. Domingo Cavallo, explicó ella, le había indicado declararlos como ley secreta 18.302, la que regula los gastos reservados. El fiscal sostuvo que esos fondos “no justifican un ingreso personal del funcionario”, sino que “hacen al cumplimiento de sus funciones”. María Julia, dijo Amirante, “no puede ampararse en el desconocimiento del contenido de la ley secreta”. A eso sumó que la Secretaría de Recursos Naturales no tenía asignados esos fondos ni los recibió según informó el propio Poder Ejecutivo. Comprobar que otros cobraron acreditaría, dijo, “un estado estructuralmente corrupto y fuera de la ley”.
- Ganancias inexistentes. Para la fiscalía “no es creíble” que la empresa familiar Pincar haya dado dividendos que rondaron los 400 mil dólares de la noche a la mañana, en 1996, como argumentó la ex interventora de Entel. Esa empresa, que figuraba dedicada a operaciones inmobiliarias, consigna una exteriorización de divisas cercana a esa cifra por la ley de blanqueo de capitales. Para Amirante fue una maniobra destinada a ocultar el verdadero origen de esa plata.
Pasado el mediodía, Amirante pidió para Mary July: cuatro años de cárcel por enriquecerse aprovechando los cargos que ocupó (la pena máxima es seis) y por falsedad de documento, el decomiso de 1.347.000 dólares o su equivalente en pesos –eso podría costarle su petit hotel de Recoleta y más– y la inhabilitación para volver a ser funcionaria.
A los jueces del tribunal –Horacio Vaccare, Cristina Sanmartino y Leopoldo Bruglia– se los vio menos risueños que lo habitual, tomando algunas notas. Así como se tomaron su tiempo para empezar, después hicieron un cuarto intermedio hasta las 16 que obligó a extender la sesión hasta la noche. En el recreo, la ingeniera aprovechó para saludar, desde atrás de una baranda, a una decena de fieles de su círculo íntimo.
El clima adormilado de la audiencia tuvo un sacudón cuando le pasaron el micrófono a Bisserier, la defensora pública de María Julia, que empezó quejándose de los medios y la de que “el primer juicio” a su defendida “ha sido el social”. Con una dosis de cinismo empezó a mostrar las garras. Habló de “la pluma del juez instructor”, en alusión a Galeano. “No tengo en claro si acá juzgamos ilícitos o pecados”, continuó. Luego denunció a Eduardo Laurence, un funcionario del Cuerpo de Peritos Contadores que hizo informes para el juzgado de Galeano. Pidió la nulidad de los documentos que elaboró acusándolo de actuar como perito sin tener ese cargo.
Pero la mayor sorpresa llegó cuando Bisserier se metió con los fondos reservados y pidió la inconstitucionalidad de la ley 18.302. “El carácter secreto de esa ley perjudica a mi asistida”, sostuvo. Su razonamiento era que María Julia no puede violar una norma que no conoce que, además, contradice “garantía de publicidad de los actos de gobierno”, completó.
Después se lanzó con todo a rebatir el planteo del fiscal: “Si estos fondos son ilegales, el Estado es partícipe porque ha percibido las ganancias, y la DGI debería devolverle a ella (María Julia) lo que pagó”, provocó. También dedicado a Amirante, que había dicho que desconocía el origen de la plata de los sobresueldos, Bisserier dijo: “¿Cómo se sostiene la imputación con esta duda? ¿Y si el dinero salió del presidente? ¿O del PJ? ¿Si es fruto de relaciones sentimentales o reñidas con la moral?”, mezcló inquietantes alusiones a Menem y los amoríos de Alsogaray. Para la defensora, todo este asunto debe ser materia de otro proceso judicial.
Para terminar, Bisserier justificó todos los ingresos de María Julia y reclamó, como se estila en estos juicios, la inconstitucionalidad del delito de enriquecimiento por invertir la carga de la prueba. Con todo eso reclamó la absolución en el primer juicio oral que a la ingeniera puede depararle una condena.