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A través de un acuerdo con el sector empresario, el Gobierno extenderá a partir del lunes a 600 puestos la venta de la garrafa de 10 kilogramos de gas licuado a un precio de 18 pesos, contra los 24 a 28 pesos a los que se vende en el mercado. El anuncio fue formulado anoche por el ministro de Planificación e Inversiones, Julio De Vido, que lo presentó como “un primer paso” para hacer accesible el combustible para aquellos hogares sin acceso a la red de gas natural. Con dicha puntualización, el ministro dejó abierta la posibilidad de que se avance con un proyecto de otorgarle el carácter de “servicio público” a la distribución del gas envasado, lo que le permitiría imponer normas de regulación.
Al evaluar el denominado régimen de “garrafa social”, vigente desde agosto pasado para 300 puntos de venta, De Vido señaló que “el cumplimiento fue bastante bueno”. Sin embargo, un relevamiento realizado por Cash a principios de mayo sobre 30 puntos de venta de la “garrafa social” en el Conurbano mostró que en sólo tres se ofrecía el envase de 10 kilogramos a 18 pesos. En el resto, los precios “promocionales” variaban entre 20 y 24 pesos. En la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado, firmante del acuerdo, aseguraban al suplemento económico de Página/12 que “las garrafas se siguen consiguiendo a 18 pesos”, precio establecido en el convenio de agosto pasado.
Los 300 puntos de venta resultaban absolutamente insuficientes para abastecer siquiera a una mínima proporción de los 15 millones de habitantes –4,5 millones de hogares– consumidores de gas envasado. En provincias sin tendido de red de gas natural, como Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, la garrafa llegaba a venderse a 28 pesos a principios de este mes. En los últimos días comenzó a aplicarse un nuevo ajuste del 25 por ciento, que según directivos del sector distribuidor iba en camino de generalizarse. La suba en las retenciones a la exportación de gas licuado en 15 puntos y la ampliación de puntos de venta de la “garrafa social” al doble intenta ser un paliativo a esa tendencia, que castiga precisamente a los hogares más pobres.
La ampliación de la red de la garrafa social “va a incidir sobre el precio en otros puntos de venta”, afirmó anoche con marcada confianza el ministro de Planificación. Actualmente existen unos 60 mil lugares de venta de gas envasado, por lo que el “precio social” sólo involucra al uno por ciento.
Para tratar de extender su impacto geográfica y socialmente, De Vido adelantó que se harán convenios con gobernadores e intendentes para definir los puntos de venta, de modo que sean accesibles a una mayor porción de la población. Ya están elegidos 340 puntos, por lo que aún resta fijar la ubicación de 260, precisó. Para esta etapa, el ministro sugirió la posibilidad de incorporar pasantes universitarios para controlar que el gas envasado se ofrezca a los valores comprometidos.
Por otra parte, el Ministerio de Economía informó que el secretario de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur, “encomendó” a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la realización de una investigación integral del mercado de gas licuado de petróleo desde la etapa de producción hasta su consumo final. “El análisis se orienta a detectar posibles prácticas anticompetitivas en el sector que constituyan abuso de posición dominante”, reza el comunicado oficial.