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“Basta de impunidad. Memoria y justicia por la masacre en el puente General Belgrano. Careo Chiappe-Storani”, son las consignas que los movilizan. Un grupo de correntinos que fueron heridos en 1999 durante la represión en esa provincia, apenas había asumido el gobierno de la Alianza, viajaron a Buenos Aires para dar a conocer la inmovilidad del expediente judicial, en el que aún no hay ningún imputado por el asesinato de dos manifestantes. El 28 de abril se había fijado la fecha para un careo, pero el ex ministro del Interior Federico Storani no se presentó. “No tengo ningún problema en carearme con Chiappe (el ex jefe de Gendarmería), sólo pedí que fuera acá en Buenos Aires”, dijo Storani consultado por Página/12. El 17 de diciembre de 1999 no sólo morían Francisco Escobar y Mauro Ojeda por las balas de Gendarmería, también nacían los “autoconvocados”, mucho antes de que resonaran las cacerolas que desalojaron a Fernando de la Rúa del poder.
Se miran entre sí antes de contestar. “Nada fue igual tras aquella represión”, coinciden los heridos Ignacio Cardozo, Daniel Cerdán y Lucio Mauriño (ver aparte). “Aquel despliegue fue ejemplificador, fue un movimiento que no llegó a cristalizarse en forma orgánica porque precisamente fue espontáneo, autoconvocado, tanto que no hubo organización social a nivel nacional que lo reivindicara”, explican. Y recuerdan cuál era el contexto político y social de ese momento. “Fue la última etapa del gobierno de Menem, el final del festival de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional), la provincia no tenía recursos y se produjo una crisis política, económica y social en la que no se pagaron los sueldos durante 6 meses. Por eso la gente salió a pedir”, dijo uno de ellos. “Fue un fenómeno que irrumpió en la vida nacional con una autoconvocatoria anterior a la del 19 y 20 de diciembre de 2001, un cambio en la manera de hacer política, más deliberativa, estableció un proceso asambleario anterior a la represión y a las asambleas que hubo acá en Buenos Aires”, explicó Cardozo. “Hubo un cambio en la subjetividad social, otra manera de encarar la denuncia y de cuestionar”, concluyó Mauriño.
Acaban de participar del escrache al comisario Miguel Angel Espósito, el principal imputado por la muerte de Walter Bulacio. “Es duro decirlo pero pensamos que hay muertos de primera y muertos de segunda, los que caen del otro lado de la General Paz no tienen el mismo tratamiento por parte del poder que los que mueren en Capital”, se lamenta Hilda Presman, miembro de la comisión de derechos humanos que viene exigiendo justicia por la masacre del puente Belgrano, que une las provincias de Corrientes y Chaco. La causa se inició con la ocupación del puente, el desalojo, las dos muertes y los 28 heridos de bala. Según Presman, estuvo dormida y fue entorpecida por la misma intervención federal. Los querellantes recusaron al juez Carlos Soto Dávila porque fue quien dispuso el desalojo del puente, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Gendarmería. Sin embargo, ese magistrado continuó al frente de caso. “A partir de entonces tomó un rumbo errático, con una sucesión de declaraciones testimoniales, y tras cinco años no hay imputados”, describió Presman.
El año pasado se produjo la declaración testimonial de Federico Storani ante el juez Norberto Oyarbide, y la del comandante Ricardo Chiappe, en Corrientes. “Entendemos que hay manifiestas contradicciones entre ambos respecto de quién dispuso el operativo”, destacó la dirigente correntina. Según su relato, esa madrugada hubo un sabotaje a la usina y la ciudad quedó sin luz, llegaron 400 efectivos de Gendarmería en 11 colectivos urbanos y tres lanchas de la Prefectura se ubicaron en la cabecera del puente. A las seis de la mañana ya los habían desalojado. Pero empezó a llegar más gente y entonces se produjo la primera represión, con balas de goma y violaciones de domicilio. Unas 20 personas fueron heridas de gravedad, la mayoría del tórax hacia arriba. Entre las 9.30 y las 11 seproduce el segundo flujo represivo, que dejó 14 heridos más y otro muerto. Primero había caído el cartonero Escobar, luego le tocó a Ojeda, un joven desocupado de 18 años.
Storani aseguró en su declaración que estuvo en conocimiento del operativo de desalojo dispuesto por el juez Soto Dávila, y que del accionar violento se enteró por los medios de prensa. El comandante Chiappe, que inicialmente había asumido la responsabilidad por el operativo, en su declaración testimonial dijo que “recibió una llamada telefónica del Ministerio del Interior el 16 de diciembre para que dispusiera el desalojo, aclarando que Mestre necesitaba asumir con el puente en orden y desalojado”. Al respecto Storani disiente. “Ni siquiera teníamos el nombre del interventor. El mismo día que juré como ministro me llamó el juez para decirme que el puente estaba tomado”, explicó el ex ministro a Página/12. De hecho, los querellantes vienen sosteniendo que la posición más delicada es la del propio Soto Dávila. “Es juez y parte porque fue él quien dispuso el operativo, pero no es menos cierto que Chiappe fue el ejecutor, y Storani el responsable político”, puntualiza Presman. Sin embargo, Storani insistió en que “no hubo una orden política”. Antes de asumir, había hablado con dirigentes de ATE porque la situación era “explosiva” y sabiendo que le esperaba la cartera de Interior quería lograr una salida “razonable”. Pero sus propios interlocutores le dijeron que fueron “desbordados” por los autoconvocados.
Tras las declaraciones de Storani y Chiappe, el juzgado fijó la fecha del 28 de abril a las 9.30 para realizar el careo entre ambos, pero el ex ministro no se presentó. Storani pidió que la medida se concretara en Buenos Aires, porque afirmó que su cargo de vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados le impide viajar a Corrientes. Sin embargo, enfatizó que si es necesario viajará a esa provincia para cumplir con el trámite.
Presman y los heridos mantuvieron entrevistas en el Consejo de la Magistratura, en la Secretaría de Derechos Humanos y piensan llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el apoyo de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). “De la Rúa abrió su gestión con dos muertes, y se fue con casi 40, y entre esas últimas está el correntino Ramón Arapi”, concluyó Presman.