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El tribunal oral que juzga a María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito entró en la cuenta regresiva y se tomará esta semana para debatir a puertas cerradas si la declara culpable. Este juicio podría convertirla en la primera condenada del gobierno menemista y, si los jueces a cargo del caso siguen el criterio del fiscal Oscar Amirante, cabe que dicten una pena de cumplimiento efectivo y le impongan una indemnización al Estado. El viernes próximo es la fecha tentativa para que la ex funcionaria diga, si quiere, sus “últimas palabras”. Esa misma audiencia puede incluir también el veredicto.
María Julia llegó a este juicio, que conduce el Tribunal Oral Federal 4, acusada de aumentar su patrimonio en 2,5 millones aprovechándose de los puestos políticos que ocupó. Esa cifra surgió de una investigación de los fiscales de instrucción Eamon Mullen y José Barbaccia, que advirtieron seis maniobras con las que, según ellos, Alsogaray trató de ocultar el verdadero origen de su riqueza. En el juicio que empezó el martes 13 de abril le tocó intervenir al fiscal Amirante. En su alegato, el jueves último, dejó de lado tres de las imputaciones originales y en base a las tres restantes pidió una condena de cuatro años de prisión, el decomiso de 1.347.000 dólares de los bienes de la ex funcionaria más la prohibición absoluta de ejercer cargos públicos por diez años.
Ahora los jueces Horacio Va-
ccare, Leopoldo Bruglia y María Cristina San Martino tienen que analizar los argumentos de la fiscalía y los de Pamela Bisserier, defensora oficial de la ex interventora de ENTel. Se trata de un tribunal con fama de impartir “penas moderadas” y firmar fallos divididos, en los que suele ser la dama la que desempata, proclive a sumarse a las posturas de Bruglia. En un caso sensible como el de María Julia, nadie descarta que Sus Señorías hagan el intento de sacar una resolución más uniforme que las que acostumbran.
¿Vuelve al petit hotel?
La ex secretaria de Recursos Naturales está presa (en la Unidad de Delitos Complejos de la Policía Federal) por otra causa independiente de la de enriquecimiento, acusada de pagar sobreprecios millonarios y contratar a sus amigos para la remodelación de aquel organismo. Su detención es preventiva y se basa en los numerosos expedientes, unos 25, que hay en su contra. El tribunal podría darle la primera condena efectiva hecha y derecha, para la que no computarían los nueve meses que lleva de encierro. Por lo general, la severidad de la pena depende de los antecedentes (Mary July no tiene) y de la gravedad del delito, en este caso ligada al incremento de su fortuna. Haber sido funcionario de larga trayectoria puede ser un agravante. Si le dan más de tres años de cárcel, tendrá que pasar como mínimo ocho meses más detenida hasta poder pedir la libertad condicional. Si le dan una pena mayor tendrá que cumplir con dos tercios del plazo que le fijen. Aunque la absuelvan, le esperan unos cinco juicios orales más y por el momento seguirá detenida en el otro expediente.
Aunque el enriquecimiento ilícito prevé una pena máxima de seis años de prisión, rara vez los tribunales orales dictan penas mayores a las requeridas por la fiscalía. Según cuchicheaba el viernes un grupo de fiscales federales, Amirante “se quedó corto” al pedir cuatro años de encierro y dado que achicó el conjunto de acusaciones, puso al tribunal oral en el aprieto de tener que decidir si vuelve a ampliarlo.
Elementos de sobra
Zona de riesgo: Hay al menos un tema que pone a María Julia en la cuerda floja, coinciden funcionarios de tribunales que conocen o han husmeado en la causa. Se trata de un contrato con la firma Astilleros Alianza con el que ella intenta explicar la procedencia de 500 mil dólares que integran su patrimonio. Una decena de pruebas más algunos testimonios indicarían que ese convenio de asesoramiento, que la ingeniera sitúa en 1991 cuando la firma estaba concursada, no existió. Según Amirante, el contrato fue armado cuando se avecinaba para la ex funcionaria una tormenta judicial e impositiva allá por 1994 y no hay prueba alguna que dé cuenta de su fecha cierta. A lo que sumó que el dinero nunca pasó por la caja de la compañía, que lo atribuyó a un préstamo de una empresa fantasma. Por todo esto no sólo la culpó de enriquecimiento sino de falsedad de documento privado.
El brete de los sobresueldos: El tribunal tendrá que pronunciarse acerca de los sobres en negro del menemismo. Será el primer precedente. La ex secretaria de Medio Ambiente dijo que ella los recibía y que le habían dicho que debía declararlos como ingresos por la ley secreta 18.302 (de fondos reservados). Con eso justificaba 622 mil dólares de su capital personal. Pero en el debate oral se deschavó que la ingeniera no era la única que los percibía. Para el fiscal era ilegal: ningún funcionario puede recibir un plus en efectivo sin recibo y en el caso de Alsogaray, a su secretaría no le correspondían por la ley en cuestión partidas secretas ni las tuvo. Y aunque las tuviera “no es dinero para gastos personales del funcionario sino para cumplir sus funciones”, dijo.
Los jueces verificarán si hubo o existe alguna norma administrativa que haya respaldado el pago y la recepción del dinero. Un elemento de duda que tendrán que ponderar lo introdujo, con astucia, la defensora Bisserier al hacer su alegato: nadie puede violar –fundamentó– una ley que por ser secreta no conoce. Y si los magistrados tenían en mente declarar la inconstitucionalidad del carácter secreto de la ley de gastos reservados como gesto de transparencia hacia la sociedad, seguramente lo pensarán dos veces porque Bisserier les ganó de mano al plantear que esa norma perjudicó a su defendida. De todos modos, que señalen los inconvenientes de la ley no impide que cuestionen la legalidad de los sobresueldos.
Más dilemas: La fiscalía sostuvo que 225.400 dólares que figuran como ganancias de la empresa familiar Pincar (de negocios inmobiliarios) retiradas por María Julia en 1997 no son tales y no se condicen con los movimientos de esa sociedad. La firma, según la acusación, fue utilizada para blanquear dinero en el exterior, repatriándolo con la ley de blanqueo de capitales que eximía de especificar su origen. Ella decía que con aquellos ingresos compró el departamento frente al Central Park de Nueva York. Habrá que ver cómo evalúan los jueces que mediara aquella legislación. Puede ser un punto controvertido.
Con la lógica que aplicó al resolver planteos preliminares, el tribunal seguramente rechazará la inconstitucionalidad del enriquecimiento ilícito, figura que Bisserier cuestionó por obligar al acusado a probar su inocencia. Pero tendrá que abocarse a otras sorpresitas de la defensora, como el pedido de nulidad de los informes que hizo un funcionario del Cuerpo de Peritos de la Corte. Pero no es todo. Otra cuestión sujeta a polémica: si corresponde, según el Código Penal que regía cuando María Julia fue denunciada, el decomiso de los bienes para indemnizar al Estado.