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La purga empieza cuando usted llega. Como si se tratara de una historia de nunca acabar, ayer se anunció la decisión del gobierno bonaerense de expulsar a 303 miembros de la policía provincial. Una fuente oficial dijo a Página/12 que resultaba “cuanto menos extraño” que esta decisión, tomada en el primer mes de gestión del ministro de Seguridad, León Arslanian, haya estado demorada “en algunos casos por más de un año”. Los sumarios internos en los que estaban involucrados los sancionados habían superado el período de prueba y debían estar desde hace tiempo en el ámbito de la Justicia, adonde llegarán la próxima semana. Los expulsados, algunos de cuyos nombres trascendieron a pesar de la reserva oficial (ver aparte), están imputados por delitos gravísimos, entre ellos varios casos de gatillo fácil, torturas a detenidos y abusos sexuales. Los 303 policías a los que les mostraron la tarjeta roja formaban parte de un total de 1200 sumarios bajo la lupa, cuyos titulares fueron declarados “en disponibilidad preventiva”, hasta que se defina su situación. Arslanian anticipó que estas resoluciones serán tomadas “todas las veces que sea necesario para depurar la institución y sacar a los malos policías”. Todo hace pensar que las medidas laxantes continuarán y que puedan ser más de 1200 los sospechosos, ya que el estudio de sumarios “recién comienza”.
Dos de los policías expulsados figuraban en una lista que le había sido entregada en mano al presidente Néstor Kirchner, el viernes, durante una reunión que mantuvo en Vicente López con 250 familiares de víctimas de homicidios ocurridos en todo el país, la mayoría con intervención de miembros de las fuerzas de seguridad. “No podemos dar nombres hasta que la Justicia tome cartas en el asunto”, explicó una fuente consultada por este diario. En otro de los casos de gatillo fácil que merecieron la exoneración del autor, la víctima fue un menor de diez años. La comisión de abogados que trabaja sobre los 45.608 policías que están en funciones encontró ya 1200 que están bajo sospecha, “pero el número podría crecer, ya que el trabajo tiene apenas un mes”.
“Para llegar a la verdad hay que superar siete millones de máscaras, de silencios, es una tarea difícil”, reconoció el vocero consultado. La impresión que tienen los hombres que acompañan a Arslanian es que “en la depuración no se avanzó prácticamente nada, desde la anterior gestión del actual ministro”, en el año 1999, cuando Eduardo Duhalde era gobernador de la provincia. Los 303 casos tenían sumario abierto y requisitoria para que fueran elevados a la etapa de instrucción judicial, pero estaban virtualmente cajoneados. Entre los episodios de gatillo fácil que merecieron sanción figura uno ocurrido en territorio de la Capital Federal por un funcionario de la Policía Bonaerense.
Al anunciar la medida, durante una conferencia de prensa realizada en La Plata, el ministro Arslanian precisó que “el 68 por ciento de los policías despedidos son suboficiales y el 32 por ciento pertenece a la jerarquía de oficiales”. El funcionario confirmó que se trata de “303 policías exonerados con todas las fundamentaciones pertinentes y forman parte de una primera etapa que se repetirá en función de lo que indiquen los sumarios administrativos internos” en análisis. Arslanian aseguró que los exonerados “van a ser controlados para que no se conviertan en mano de obra desocupada” que pueda sumarse a las bandas delictivas, aunque en algunos de los casos denunciados, más allá del gatillo fácil, la tortura o los abusos sexuales, hay muchos “involucrados en robos y en distintos delitos contra la propiedad o contra el Estado”.
Fuentes oficiales reconocieron que muchos de los policías echados por decisión de Arslanian “estaban en el servicio activo y algunos de ellos al frente de algunas comisarías, una de ellas en la ciudad de Avellaneda”. De los 303 expulsados “solamente 187 estaban en disponibilidad, pero gracias al trabajo del personal del Tribunal de Etica y el de Auditoría se detectaron los nuevos casos para completar la lista de los exonerados en esta primera etapa”, aclaró Arslanian ante la prensa. Luego descartó que la medida pueda provocar alguna reacción negativa dentro de la fuerza, al menos a nivel general. Sólo admitió que podría haber descontento entre los policías que “son objeto de investigación por estar ligados al delito”.
Arslanian resaltó que las decisiones cuentan “con el apoyo político necesario y se cuenta con la ley de emergencia policial recientemente sancionada por la Legislatura”. El 29 de abril, días después de la asunción de Arslanian, el gobernador Felipe Solá había reconocido que se producirían desplazamiento de algunos efectivos, pero eludió vaticinar “una purga” como la que finalmente se anunció, una de las más graves producidas en una Policía Bonaerense, que no puede dejar de sacudirse el mote de “maldita”. El ministro de Seguridad ratificó que “la reestructuración y la transformación de la policía seguirá adelante para lograr la recuperación de la fuerza”.
“La labor de una reforma como la que nosotros llevamos adelante pasa por devolver al policía su dignidad, su respeto y su credibilidad frente a la opinión pública”, afirmó Arslanian. Por tal motivo impulsó “la sanción de la ley de emergencia policial, que tiene como finalidad favorecer este proceso de cambio”. Sobre los 1200 efectivos sumariados dijo que “cuando examinamos estos casos nos encontramos con algunas situaciones que tienen características diría vergonzosas, que están permitidas por un sistema administrativo perverso”. Como ejemplo citó el hecho concreto de que, mientras dura la “disponibilidad preventiva”, los policías acusados por “faltas o delitos graves no pierden su condición y gozan de beneficios salariales, ya que perciben el 50 por ciento de su haber” mensual.
El ministro reconoció que “por problemas vinculados a la falta de agilidad en los trámites, más los artilugios legales, hay situaciones escandalosas, como la de un policía que fue condenado por un grave delito de narcocriminalidad, hace ocho años, y que todavía mantiene su condición policial y percibe el beneficio salarial” mencionado. “Hay casos de disponibilidades preventivas que datan del año 2001 o sumarios que tienen cuatro años de antigüedad”, comentó al dar ejemplos claros en anomalías adjudicables a la burocracia o directamente a la complicidad.
Arslanian anunció la adopción de “las medidas necesarias para empezar a resolver estas cuestiones en un período mucho más breve de tiempo y no permitir que se dilaten investigaciones internas de hechos realmente graves protagonizados por policías”. La purga que se llevó a 303 policías bonaerenses se suma al pase a retiro obligatorio de 107 altos jefes de la Federal dispuesta hace apenas una semana por el gobierno nacional. Entre las dos suman la nada módica suma de 410 echados, en el marco de una campaña contra la inseguridad que se basa, en buena parte, en aumentar las penas y en darles más atribuciones a las mismas fuerzas cuestionadas.
Al margen de las expulsiones, unos 1495 policías bonaerenses dejaron la fuerza, por otros motivos, durante el año pasado. Esto determina que el plantel estable de la fuerza esté compuesto hoy por 45.608 efectivos, lo que significa que cuenta con unos dos mil integrantes más que en el año 1998. “Estas bajas obedecen a que, para muchos, entrar a la policía es apenas la posibilidad de conseguir un trabajo y cuando tienen otra oportunidad mejor, se van.” Sobre la purga anunciada ayer, Arslanian dijo que lo ocurrido “muestra la importancia que tiene y que le damos a la academia. Si hubiese en esta institución una academia seria, continua, eficaz, con una preocupación por el hombre que se desenvuelve en la calle, no tendríamos hoy los problemas que tenemos”.
Como una mínima compensación ante tanta noticia negativa para los que llevan uniforme azul, el ministro dijo que se siguen estudiando medidas para compensar “a los buenos policías”. Una de ellas es la de otorgar subsidios importantes “para los casos de los heridos o muertos en servicio que, por decisión del gobernador, van a ver incrementados notablemente los subsidios”. También “se subvencionará a los hijos de los padres fallecidos hasta que concluyan sus estudios secundarios”. Arslanian estuvo acompañado por los subsecretarios de Seguridad, Martín Arias Duval; deInvestigaciones en Función Judicial, Domingo Marinom, y de Información para la Prevención del Delito, Roberto Vicente Vásquez.