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Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

El teniente coronel Enrique Bruno Laborda tendrá que declarar el próximo lunes ante la jueza federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, quien solicitó al juez porteño Juan José Galeano el traslado del militar que reconoció su culpabilidad y la de otros miembros del Ejército en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Los datos que este oficial en actividad presentó ante las autoridades castrenses en un escrito de 15 hojas generaron gran expectativa en los funcionarios judiciales y miembros de organismos de derechos humanos locales, ya que es la primera vez que no es una víctima de la represión la que habla de los crímenes cometidos en esta provincia: “Que sea un militar el que quiebra el pacto de silencio que impera aquí es un hecho tan importante como inesperado”, coincidían.
La confesión de Laborda –publicada ayer en detalle por Página/12– revolvió el avispero, y no era para menos: es la primera vez que un militar –y en actividad– reconoce las atrocidades cometidas en esta provincia por las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo incrimina a sus jefes en el Batallón de Comunicaciones de Comando 141, Orlando Oscar Dopazo y Enrique Aníbal Solari.
“El férreo cerco de silencio que supo construir Luciano Benjamín Menéndez, no sólo en el Ejército sino en toda la sociedad cordobesa, incluida la propia Justicia Federal que lo investiga, empezaría a resquebrajarse si el testimonio de Laborda coincide con los hechos que venimos denunciado desde hace tiempo o agregan más información a las causas”, sostuvo Agustín Di Toffino, integrante de H.I.J.O.S.
El jefe del Ejército, Roberto Bendini, había hecho la denuncia ante la Justicia porteña, pero ayer el fiscal Carlos Stornelli opinó que el caso debía ser investigado en Córdoba. Lo mismo reclamaron la fiscal de esa provincia, Graciela López de Filoñuk, y los querellantes que participan en las causas que investigan lo sucedido en la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército en los años ’70 y ’80. Garzón de Lascano admitió los pedidos y citó al militar para el lunes.
Las revelaciones de Laborda llegan en un momento crucial en la Justicia mediterránea: es inminente que la jueza dicte la prisión preventiva a Menéndez y a otros ocho militares que hoy se encuentran imputados y detenidos. La prisión preventiva sería un escalón más en la investigación del Juzgado Nº 3 e indica que se acumuló gran cantidad de pruebas contra los acusados. “Es el paso previo a la elevación a juicio, lo que sería histórico en una provincia donde la represión estuvo cimentada en todos los estamentos del Estado, no sólo en las Fuerzas Armadas”, señalaron expectantes a este diario representantes de organismos de derechos humanos cordobeses.
Según se desprende del testimonio del teniente coronel, Laborda –actualmente detenido en Campo de Mayo– participó como cadete en la Operación Independencia en Tucumán y un año después acribilló a una persona. “Me tocó intervenir activamente en la eliminación física de un guerrillero acusado y condenado, nunca supe por quién”, relató.
“Si es verdad que además de matar a una mujer un día después de haber dado a luz, asesinó junto a otros integrantes de su batallón a cuatro hombres cerca de Ferreira, como dice la nota de Página/12, sus declaraciones a la Justicia Federal cordobesa son claves, porque pueden aportar más pruebas todavía en las causas que se vienen investigando desde hace años en el juzgado de Garzón de Lascano”, resaltó Di Toffino, quien agregó: “Los datos que salieron publicados no los esperábamos de un militar, ya que la información sobre lo sucedido en el Tercer Cuerpo de Ejército siempre la aportaron las víctimas de Menéndez y compañía. Por eso esto es un hecho inédito que puede, y debería, abrir muchas puertas de la investigación”.