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¿Cuándo un artículo periodístico, una revista, un folleto, un afiche, un emblema e incluso una hoja suelta puede considerarse subversivo o sedicioso? ¿Cuándo estas publicaciones pueden entenderse ofensivas a la moral y las buenas costumbres? Todo indica que saldar estas definiciones poco le importa al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. El 27 de mayo pasado promulgó la norma 5626, conocida como la Ley de Imprenta, con la cual se pretende controlar la prensa local. La particular iniciativa del gobernador también autoriza a los efectivos policiales e inspectores municipales de tránsito a “decomisar” las publicaciones locales y también las nacionales, que afectan la moral, las buenas costumbres o que sean sospechadas de subversivas. A partir de ahora, en la San Luis de los Rodríguez Saá la censura es ley.
En un primer momento, “el Alberto”, como lo llaman propios y extraños, no dudó en considerar como un éxito y un logro de su gestión este tipo de normativa. Rápidamente, la ley se promulgó y se publicó el 2 de junio pasado en el Boletín Oficial puntano. Y estalló la polémica. Periodistas locales emitieron ayer un durísimo repudio a la censura impuesta por el gobernador. Consideraron un ataque a la libertad de prensa “propio de las prácticas nefastas de los gobiernos autoritarios”.
Al parecer, recién allí el gobernador comprendió qué es lo que había hecho e intentó remediarlo. Anunció que pensaba derogarla a través de un decreto. Estuvo a punto de hacerlo hasta que alguien de su gabinete le advirtió que debía hacerlo a través de una nueva ley. Igual no logró detener el escándalo.
La norma en cuestión no sólo castiga a las publicaciones consideradas subversivas, sediciosas, obscenas, inmorales y calumniosas, sino que además combate a las que consideran “satíricas, invectivas, alusiones, anagramas, maliciosas, falsas, caricaturas, grabado o estampa obscena”. En una palabra, combate todo tipo de expresión.
La ley es una anacrónica joya de la censura. En su artículo 17 sostiene que “constituye delito de imprenta toda publicación por la prensa, en diarios, periódicos, revistas, folletos, libros, carteles, anuncios, emblemas, hojas sueltas, que contengan una producción subversiva o sediciosa, obscena, inmorales, calumniosa o injuriosa, así como todos los establecidos en el Código Penal que se cometan por este medio”.
Es más, en su artículo 23 califica como responsable de estos delitos de imprenta no sólo al autor del artículo o escrito, sino también al editor, redactor o director responsable. A los legisladores que responden a la familia Rodríguez Saá poco les importa que esté identificado el autor del escrito, igual obligan a la Justicia que les requiera a los editores y responsables de la publicación que identifiquen expresamente al responsable del artículo y además den a conocer el domicilio de éste. Es decir que los obligan a ser delatores. Ahora bien, en caso de que “el presunto autor resultara una persona desconocida, supuesta, demente, menor impúber o manifiestamente incapaz de producir el escrito, o se hallase ausente, la acción se dirigirá contra el editor, redactor o director responsable por autor del delito”. Así, nadie podrá escapar a la mano del control férreo que se propone Rodríguez Saá aplicar sobre la prensa.
Hasta tanto el gobernador remita una ley que la derogue, esta norma está en pleno funcionamiento. Es por ello que todas las empresas editoriales de la provincia, incluso el diario que le pertenece, deben inscribirse en un registro que estipula la ley so pena de clausura, multa y otras sanciones penales no establecidas en el texto.
El control a la prensa no se limita a los que se publican en San Luis. El artículo 33 penaliza también a los medios de otras provincias que se venden en el feudo de los Rodríguez Saá, habilita a los jueces y también a los policías e inspectores municipales a secuestrar las publicaciones y hasta impedir su circulación. Esto sucede en San Luis donde, al decir del documento que firmaron los periodistas puntanos, “la libertad se mata por decreto”.