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Cuando Carlos Menem lanzó su candidatura presidencial en la cuenca minera de Río Turbio, anunció que desde esos socavones nacería la revolución productiva. Lejos de aquella promesa, el yacimiento carbonífero, que esta semana se tragó a catorce mineros, quedó arrasado por el paso del empresario chatarrero Sergio Taselli, a quien el menemismo le otorgó la explotación de la mina. Taselli tuvo vía libre para desguazarla. A pesar del incumplimiento grosero del contrato de concesión, particularmente en relación con las inversiones estipuladas y con los niveles de producción mínima, cobró regularmente un cuantioso subsidio que en siete años ascendió a 163.125.000 dólares. Estos datos surgen de un minucioso informe de la Auditoría General de la Nación al que tuvo acceso Página/12. Incluso, el grupo empresario llegó a exigir y cobró intereses por mora en el pago del subsidio. Tuvo vía libre, según la misma AGN, por la falta de control de las autoridades designadas para fiscalizar la concesión.
Los incumplimientos por parte de la empresa comenzaron pronto. En el segundo año de la concesión ya no había cumplido con el mínimo de producción exigido en el contrato, de 370.000 toneladas de carbón lavado de calidad comercial por año: generó 274.983, es decir, un 25 por ciento menos. En realidad, cumplió con este punto sólo en el quinto año.
La explotación de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) pasó a manos de Taselli a partir del 1º de julio de 1994. El contrato establecía una duración de la concesión de diez años con posibilidad otros diez más. Para compensar las desventajas económicas y hacer más atractivo el negocio, el contrato incluyó dos aspectos clave: un subsidio anual de 22,5 millones de dólares y un convenio que aseguraba durante 8 años la venta de toda la producción anual a la usina termoeléctrica de San Nicolás.
De acuerdo con la AGN, Taselli cobró religiosamente todos los subsidios hasta septiembre de 2001 (a razón de 1.875.000 dólares mensuales, 22,5 millones anuales), pero incumplió extensos puntos del contrato de concesión. El informe de la AGN, de 176 páginas, señala, entre otras, las siguientes irregularidades por parte de la concesionaria:
u Falta de mantenimiento de los bienes transferidos. Por ejemplo: de las cuatro calderas de la Usina Termoeléctrica del complejo minero sólo estaba en funcionamiento una, las otras tres estaban fuera de servicio.
u Falta de cumplimiento de inversiones obligatorias.
u La existencia de una deuda de 136.902,61 pesos al 16 de noviembre de 2001 en concepto de aportes y contribuciones del Régimen de la Seguridad Social y Aportes y Contribuciones del Régimen Nacional de Obras Sociales.
u La integración de su patrimonio neto exigido con un avalúo de reserva minera, sobre cuyos derechos no era titular. En consecuencia, el patrimonio neto mínimo exigible para los ejercicios 1994, 1995, 1996 y 1997 no alcanzaba la relación mínina normada en el Pliego de Bases y Condiciones.
u El seguro de accidentes de trabajo fue contratado recién 19 meses después del inicio de la concesión (el 23 de febrero de 1996), con lo cual el personal careció durante ese período de todo tipo de cobertura.
u Se comprobó la desafectación de máquinas y equipos correspondientes a los sectores de Herrería, Electromecánica y Automotores de los talleres centrales. Durante la inspección ocular que realizaron técnicos de la AGN vieron que esas áreas “se encontraban totalmente desmanteladas sin ningún tipo de equipamiento”.
u La concesionaria “no mantuvo actualizado” el inventario de los bienes transferidos e incorporados a la explotación. Debía entregarlo a la Autoridad de Aplicación para su fiscalización cada año. La auditoría encontró un único inventario al 23 de octubre de 2001. Allí hay bienes que figuran cedidos en comodato por el concesionario, pero la AGN no encontró documentación que respaldara dicha operación.
Descontrol
La pesquisa de la AGN evaluó el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la concesionaria y también los controles realizados por la Autoridad de Aplicación, entre el 1º de julio hasta el 31 de diciembre de 2001, es decir hasta pocos meses antes de la rescisión del contrato por parte del gobierno de Eduardo Duhalde a mediados de 2002. El informe es una radiografía de lo que puede lograr la alianza de un empresario inescrupuloso y la ausencia del control del Estado.
La Autoridad de Aplicación de la concesión era el Ministerio de Economía. Por la resolución Nº 163 del 8 de febrero de 1995 creó la Comisión Fiscalizadora Río Turbio y delegó en el secretario de Energía las facultades de control de la concesión. El secretario de Energía, entonces Carlos Bastos, debía “ordenar inspecciones y auditorías”. En el Pliego de Condiciones se estableció que la Comisión Fiscalizadora debía “controlar en forma directa e informar a la Autoridad de Aplicación” sobre el cumplimiento en tiempo y forma de todas las obligaciones a cargo del concesionario. Esta comisión quedó integrada por tres miembros en representación de la Secretaría de Energía, la provincia de Santa Cruz y Yacimientos Carboníferos Fiscales E.E.
El informe de la AGN es tan lapidario sobre los incumplimientos de Taselli como los de la Autoridad de Aplicación. “No efectuó controles continuos y sistemáticos” sobre casi ninguno de los aspectos objetados por el organismo a la concesionaria, señala el informe al que accedió Página/12. “De la documentación analizada surge que la Autoridad de Aplicación ha autorizado el pago de subsidio desde julio de 1994 hasta septiembre de 2001, no obstante los incumplimientos contractuales en que ha incurrido el concesionario señalados a lo largo del presente informe”, advirtió la AGN.
La falta de mantenimiento y la ausencia de inversiones en el yacimiento quedó también en evidencia durante una inspección que realizó a la mina en el año 2002 personal de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) junto con la Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Santa Cruz. Durante esa visita fueron detectadas alrededor de “un centenar de problemas de seguridad e higiene en general”, según reveló a este diario el gerente general de la SRT, Carlos Rodríguez. Las irregularidades iban desde riesgo eléctrico por empalmes mal hechos, cables pelados y falta de disyuntores hasta la ausencia de registros actualizados de contaminantes químicos.
En abril de 2001, la Dirección Nacional de Inspección Federal del Trabajo elaboró una auditoría en el yacimiento y detectó:
u Exceso de jornada diaria: por ejemplo, jornadas de 16 horas aproximadamente, en especial en el personal que trabajaba en el interior de la mina.
u Falta de goce de descanso semanal: 25 días sin descanso alguno o un solo día de descanso al mes.
u Falta de pausa de 12 horas entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra.
Según la AGN, la detección de estas irregularidades “no dieron lugar a ninguna imputación por parte de la Autoridad de Aplicación”.
No fueron las únicos abusos en materia laboral: el minero Alberto Barriga, secretario gremial de ATE-Santa Cruz, contó a este diario que durante la era Taselli se dejaron de hacer los exámenes anuales de salud a los trabajadores. “Cuando pertenecía al Estado se hacían. Con Taselli tuvimos dos controles en los siete años de concesión y a fuerza de paros.” También detalló que era costumbre históricamente “que los compañeros más jóvenes estuvieran en los lugares de trabajo que requerían mayor esfuerzo: esa línea se rompió y hoy tenemos compañeros de 60 o 65 años que todavía están adentro de la mina”. Durante la concesión se redujo el personal de 1335 a alrededor de 700. En la reestructuración fueron eliminados los “botoneros”, que controlaban el funcionamiento de la cinta transportadora del mineral –donde el lunes se desató el incendió que desencadenó la tragedia–, y fueron reemplazados por paneles eléctricos. Para el gremio, la presencia de los botoneros podría haber evitado el fuego: “Hubiesen dado la alarma antes de que las llamas crecieran”, señaló Barriga. También, por aquellos años, fue desactivada la brigada de salvataje: “Estaban los equipos pero la gente fue destinada a otras tareas”, apuntó Barriga. “La mina fue devastada por Taselli. Nunca se alcanzaron los niveles de producción de antes de ser concesionada”, agregó.