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Detrás de la coparticipación existe un problema político, que no debemos banalizar ni confundir en la lucha por el aparato político de la principal provincia argentina. Se trata de algo mucho más profundo: la distribución de los recursos públicos. Las prioridades para la asignación de esos recursos son la verdadera cuestión de fondo.
La Ley de Coparticipación Federal, sancionada en 1988, originalmente establecía que las provincias se llevarían el 57 por ciento y la Nación el 43 por ciento de los recursos coparticipables. Pero, como resultado de los sucesivos pactos fiscales y reformas impositivas, esta distribución primaria prácticamente se ha invertido y la Nación se lleva mucho más que las provincias.
Este tema no se ha abierto al debate entre la Nación y las provincias, éstas no participan, pues esa discusión forma parte de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en relación con el arreglo del endeudamiento externo. Las provincias sólo reclaman la porción de dinero que les corresponde luego de que se retiran los fondos para la “sustentabilidad de la deuda”. Esta es la situación que se quiere cristalizar en el acuerdo firmado en septiembre pasado con el FMI. Se intenta “blanquear” las sucesivas quitas que la Nación les ha impuesto a todas las provincias.
Los estados provinciales, así como sus ciudadanos, somos también acreedores de la Nación por los recursos que nos fueron sustraídos y que estamos pagando con menos y peores servicios públicos. En el período 1991/2003 las provincias han cedido a la Nación una suma equivalente a un Presupuesto nacional, prácticamente 60.000 millones de pesos. Es necesario poner fin a esta situación e impedir que se perpetúe un despojo. Para ello las provincias deberían sostener que no han renunciado definitivamente a la garantía de un mínimo del 34 por ciento estipulado en el artículo 7 de la ley de coparticipación. Esta decisión devolvería a las provincias su rol de “socias” y no de “empleadas a sueldo fijo” de la Nación.
También debemos defender y resistir políticamente esta nueva imposición cuestionando el falso paradigma que en el Fondo se esgrime, que nos insiste que hay que endeudarse para crecer. Luego de las nefastas consecuencias de las políticas neoliberales o neocoloniales, no podemos aceptar que el crecimiento y la distribución del ingreso estén sujetos a los vaivenes y condicionalidades de volátiles capitales especulativos. Nuestro futuro depende de nosotros mismos; de nuestra creatividad, trabajo, esfuerzo, solidaridad y respeto por la legalidad; pero fundamentalmente de la voluntad política para reconstruir un país devastado.

* Diputado nacional. Bloque Soberanía Popular.