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La defensa oficial del represor Ricardo Miguel Cavallo, detenido en Madrid por pedido del juez español Baltasar Garzón, se presentó ante el juez Sergio Torres para solicitar la extradición del marino con el fin de que sea juzgado en la Argentina. El militar fue apresado en México el 24 de agosto de 2000, acusado de integrar los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La presentación de la defensoría oficial se funda en que a partir de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida debe primar la jurisdicción argentina. Desde España cuestionan el pedido porque la nulidad de las leyes todavía no está firme, puesto que la Corte Suprema aún no se pronunció sobre el tema.
Lo paradójico es que ahora la defensa oficial de Cavallo, representada por Silvia Otero Rella y Mariano La Rosa, explica que su defendido “requiere comparecer ante los tribunales nacionales para dilucidar su situación por los hechos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la cual prestó funciones entre el 15 de diciembre de 1976 y el 30 de diciembre de 1979, dado que el auto que lo mantiene cautelado en el Reino de España tiene como exclusivo fundamento el haber ejercido ‘un puesto de responsabilidad y control de las acciones criminales que se produjeron en la ESMA’”.
A partir de la nulidad de las leyes dispuesta por el Congreso y avalada por la Cámara, se reabrió la causa de la represión ilegal en la ESMA.