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La jueza de instrucción Silvia Ramond imputó un delito muy grave, no excarcelable, a la mayoría de los detenidos el viernes tras la violencia desatada contra el edificio de la Legislatura porteña: a dieciséis –de los 23 apresados originalmente– los acusó de “coacción agravada”, que tiene penas de 5 a 10 años de prisión, y los mandó a la cárcel. Entre los imputados hay dos trabajadoras sexuales de Ammar, una travesti y al menos media docena de vendedores ambulantes, según pudo determinar Página/12. “Ninguno pertenece a organizaciones piqueteras”, señaló la abogada Graciela Rosenblum, de la Liga por los Derechos del Hombre que patrocina a las meretrices. Tanto Rosenblum como una delegada gremial de los vendedores ambulantes denunciaron que los detenidos fueron apresados por policías de civil cuando se estaban retirando de la zona de la protesta. Además, aseguraron que ninguno de ellos participó en los desmanes. “Es una barbaridad lo que hizo la jueza”, consideró Rosenblum. Organizaciones piqueteras anunciaron que marcharán el jueves para pedir la libertad de los manifestantes (ver página 8).
Ayer la jueza otorgó la libertad bajo palabra a dos de los detenidos y a un tercero que dejará hoy la cárcel. Los tres están acusados de delitos menores: “atentado y resistencia a la autoridad”, cuando intentaban impedir que otros manifestantes fueran detenidos. En cambio, a los dieciséis que quedaron tras las rejas la magistrada les imputó, además de coacción agravada, otros siete delitos, entre ellos, privación ilegal de la libertad (en perjuicio de los empleados y legisladores que quedaron en la Legislatura sin poder salir); daños agravados (por tratarse de un edificio histórico); incendio u otros estragos; lesiones (que podrían ser graves en el caso de un comisario que perdió varios dientes); atentado y resistencia a la autoridad. De todas formas, la calificación es provisoria. La jueza tiene diez días hábiles para definir la situación procesal de todos los detenidos. Mientras tanto, ordenó que las mujeres fueran alojadas en el penal de Ezeiza y los varones en el de Devoto.
La coacción agravada figura en el artículo 149 ter del Código Penal. Tiene una pena de 5 a 10 años. “Se da cuando hay una amenaza coactiva para que se haga o se deje de hacer algo en concreto”, explicó a este diario el fiscal que actúa en la causa, Claudio Antonio Soca. Para el penalista Alberto Binder no corresponde aplicar esa figura. “No hubo un hecho en el que realmente se haya amedrentado al poder. El Poder Legislativo no pudo haberse sentido amenazado. Los legisladores estaban protegidos por policías. El operativo estuvo montado para protegerlos y dejar expuesto al exterior del edificio. Ninguno pudo sentirse amedrentado realmente. El mismo hecho de que estuvieron a punto de sesionar así lo demuestra”, evaluó Binder, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales (Inecip).
Según trascendió, durante las indagatorias que terminaron en la madrugada del domingo los detenidos negaron haber recibido dinero a cambio de producir desmanes. “Es una barbaridad lo que está haciendo la jueza. Las dos trabajadoras sexuales fueron detenidas fuera del lugar de los hechos. Las apresaron en Balcarce y Moreno. Se estaban yendo con un grupo de Ammar (la entidad que agrupa a las meretrices), pero quedaron un poco rezagadas. Ninguna de ellas participó de los desmanes”, aseguró Rosenblum. Las dos meretrices tienen como abogado a Héctor Trajtemberg, de la Liga por los Derechos del Hombre. Media docena de vendedores ambulantes habrían sido detenidos también cuando se estaban retirando del lugar, según relató a este diario Marisa Bonini, subdelegada de Once-Corrientes de un sector disidente del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara), al que pertenecen algunos de los detenidos. “A los muchachos los detuvieron cuando estaban por subirse al subte, a eso de las 19.30. Policías de civil hicieron una redada en la estación. Pueden pasar todos los videos en crudo y no van a encontrar a ninguno de ellos rompiendo ni un vidrio. Estuvimos sí tocando el bombo, pero nada más”, señaló Bonini. “Nosotros vimos venira unos vándalos, sin banderas políticas, con la cara tapada, que fueron los que prendieron la chispa, los que empezaron a romper todo. Después, sí se prendieron los travestis. Pero sin duda hubo infiltrados que produjeron los hechos más violentos. ¿A quién favorece? Al macrismo, ellos quieren mostrar violencia para justificar un código duro”, analizó la delegada.
Fuentes con acceso al sumario señalaron a este diario que Ramond podría desprenderse de la causa y remitir el sumario a la Cámara Federal porteña, si considera que hubo “un hecho de intimidación pública, que vio afectado el orden y la paz pública”, un delito que corresponde al fuero federal. No obstante, ayer la jueza encomendó a la comisaría 2ª una serie de diligencias para individualizar a personas que participaron del ataque con piedras y palos a la Legislatura y que no fueron detenidas el viernes.