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El presidente Néstor Kir-
chner les restó importancia –y de paso buscó tomar distancia– a los incidentes sucedidos frente a la Legislatura porteña. “Tengo cosas más importantes”, respondió ayer el Presidente cuando lo consultaron sobre el tema. Lo mismo cuando le preguntaron si en la próxima sesión legislativa se modificaría el fallido dispositivo policial del viernes. “Hay que preguntarle al jefe de Gobierno porteño”, derivó hacia Aníbal Ibarra. La respuesta del Presidente fue una muestra de la incomodidad que el asunto todavía genera en la Casa Rosada y que colocó en un cono de sombra la gestión del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, pero, sobre todo, la del encargado del operativo, el secretario de Seguridad Norberto Quantín.
En Gobierno explicaban que el consejo de Kirchner y del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, a Quantín había sido que ante la posibilidad de problemas “llenara la calle de policías”. En la previa a la sesión que se trataría el Código de Convivencia, en el ministerio de Beliz imaginaban en las calles una acción piquetera parecida a lo que fue la toma de la sede de Repsol-YPF. Según explicaban, esa presunción –modesta al lado de lo que luego sucedió– era más grave de lo que esperaban en la propia Legislatura porteña.
Uno de los destinatarios de la ira oficial era el titular de la Legislatura, el macrista Santiago de Estrada, que –según el Gobierno– pidió un dispositivo de seguridad mínimo y que ahora “se la pasa diciendo todo lo que no supo prevenir el Gobierno”. Según la Rosada, De Estrada solicitó un vallado y policías para las entradas de personal, lo que alcanzaría a cubrirse con unos diez efectivos. Como Quantín tenía presente lo sucedido en Repsol mandó 60 policías. Kir-
chner y Fernández le habían sugerido que saturara la calle, algo que conseguiría con unos 500 agentes.
Luego, siempre según el Gobierno, los macristas llenaron los espacios destinados al público con gente propia y ordenaron clausurar las puertas del edificio, lo que encendió la mecha. “Tienen la responsabilidad de cuidar la Legislatura y la cuidan mal”, se quejó ayer Alberto Fernández, en referencia a Mauricio Macri y su subordinado De Estrada.
Por otro lado, el Gobierno negó que Ibarra hubiera ofrecido firmar un papel en el que se hacía cargo de la responsabilidad política de la represión policial. “Nunca hablé con Beliz”, reconoció el jefe de Gobierno ayer en una comunicación que mantuvo con Fernández. El portador del ofrecimiento habría sido el secretario de Seguridad porteño, Juan Carlos López, quien sí estuvo en contacto con el ministro. No obstante, la responsabilidad política no era lo que preocupaba al Gobierno.
“Los incidentes los provocaron un grupo de 40 personas mientras los piqueteros miraban como si estuvieran en una platea. Los dirigentes de esas organizaciones nos habían avisado que si había represión ellos intervenían. Así que si reprimíamos en dos minutos se hubiera armado una batalla campal”, explicaba ayer un funcionario cercano a Kirchner. Ayer, cuando le pintaron este panorama de situación a Aníbal Ibarra, cambió su postura beligerante y buscó un encuentro conciliatorio con el Gobierno. Las paces las harán hoy cuando se vea con Alberto Fernández (ver aparte).
En la Rosada reconocían que las 17 personas que todavía permanecen detenidas por los disturbios no pertenecen a ninguna agrupación política y son casi todos vendedores ambulantes. “Seguro que no son de ninguna agrupación, éstos se sumaron a los incidentes después”, explicaban en Gobierno. Más allá de las culpas ajenas que repartían entre la Legislatura y el gobierno de la ciudad, cerca del Presidente admitían los errores propios que se centraban en los funcionarios encargados de diagramar el dispositivo de seguridad. “El manejo fracasó”, sostenían.