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Raúl Castells salió a la puerta de la alcaidía donde está detenido para saludar a sus seguidores. “Acusamos a la banda de delincuentes que ocupa la Rosada del hambre de nuestro pueblo”, dijo, con el brazo en alto, a los manifestantes que se habían reunido frente al penal y lo escuchaban a unos pocos metros de distancia, alambrado de por medio. Fue la primera aparición del dirigente desde su arresto por la presunta extorsión al casino del Chaco. En la arenga se definió como un perseguido y responsabilizó al gobierno nacional: “estamos orgullosos de que nos tenga encerrados en una cárcel”.
Anoche treinta y cinco militantes que intentaban llegar a la alcaidía fueron detenidos en el acceso al Puente General Belgrano, que une Corrientes con Resistencia. Los piqueteros habían salido en un colectivo particular desde Saladas, Corrientes (de donde es oriunda Nina Peloso, la esposa del dirigente), y fueron interceptados por la policía del control caminero. Voceros de la Unidad Regional argumentaron que el vehículo carecía de documentación.
Si la policía dio a Castells nuevos elementos para hablar de hostilidad en su contra, los funcionarios locales no se quedaron atrás. Ayer se supo que la fiscal Mercedes Riera estuvo en la alcaidía para tomarle declaración junto al secretario de Seguridad Eduardo Dahlgren. Aunque el funcionario negó que tal coincidencia significara una interferencia del gobierno sobre el Poder Judicial, en la posterior rueda de prensa que ofreció la fiscal los periodistas preguntaron por qué motivo el hombre de la Gobernación había estado con ella. La polémica quedó instalada y el Superior Tribunal de Justicia tuvo que salir a sentar una posición: a través de su presidente, Ramón Avalos, aseguró que la fiscalía está actuando de manera independiente al Poder Ejecutivo.
En reclamo por la libertad de Castells, los desocupados del Movimiento 17 de Julio acamparon frente al edificio de los tribunales. El dirigente de esa agrupación Emerenciano Sena relató a Página/12 que por la tarde unos cien manifestantes viajaron hasta la alcaidía ubicada a ocho kilómetros “para pedir que nos mostraran al compañero, porque para visitarlo teníamos que esperar el domingo, cuando van a poder entrar sólo dos personas. Así lo sacaron y conseguimos que hablara”.
En el patio del penal, Castells convocó a los piqueteros a marchar junto a los docentes en conflicto, “luchar contra el hambre, la miseria y la inseguridad”. Antes de despedirse le habló al personal de seguridad. “A todos estos policías les pagan 15 pesos por día, los peores policías pagos son los del Chaco”, sostuvo, lo que arrancó sonrisas a algunos uniformados.
Fuentes judiciales señalaron que podría quedar preso hasta después del lunes, ya que ayer en Resistencia fue feriado por el día de la virgen patrona de la ciudad. Como otros cinco piqueteros chaqueños, el referente está imputado de presunta extorsión por la toma del casino Gala, donde reclamó comida para los desocupados y recibió 11 mil pesos de la empresa. Tras ser detenido, Castells se entrevistó con los abogados Mario Bosch y Sergio Quiroz, quienes defienden a los demás acusados, y les hizo saber su decisión de no designar abogados ni aceptar que lo representara la defensora oficial. Como en otras oportunidades, replicaría con planteo político, denunciando una persecución de Kirchner. Por eso se negó a contestar las preguntas de la fiscal. “Realizó un monólogo que no se correspondía con los hechos ni con las pruebas”, definió la funcionaria tras notificarse del rechazo a declarar del imputado.
El Coordinador Nacional del MIJD, Daniel Aguirre, confirmó que el martes su organización marchará junto a “20 organizaciones sociales hacia Plaza de Mayo” para pedir su libertad. Castells recibió nuevas adhesiones. Desde Jujuy, Carlos “El Perro” Santillán hizo conocer su solidaridad, aunque planteó que también tiene sus reservas. “Ningún compañero que luche contra el hambre tiene que estar preso, pero sus acciones más que acciones son provocaciones”, consideró. Por su parte Jorge Ceballos, de Barrios de Pie, sostuvo que “más allá de las enormes diferencias” que lo separan de su par del MIJD, “el camino no es criminalizar la protesta social”.