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El mantenimiento del rumbo actual y la firma del acuerdo con el FMI supone la deliberada decisión de colocar bajo la línea de pobreza a 5.518.000 personas más que las que ya transitaban en dicha situación en octubre del año pasado. Cifras que por sí solas destacan la escasa significación que tiene la decisión oficial de financiar un subsidio a 1.200.000 desocupados y el carácter no distributivo y exclusivamente asistencial que define la estrategia gubernamental. Cifras que, a su vez, determinan condiciones materiales que transforman en decididamente inviable el ejercicio de la ciudadanía y que, por tanto, empequeñece al extremo a la propia democracia.
Al colocar como debate central la cuestión del acuerdo con el FMI se está sobredimensionando el papel del ahorro externo en el desarrollo de la economía reciente. Es decir que mienten cuando le otorgan centralidad al mismo.
Si el canal de acceso del financiamiento externo ha sido la deuda pública, deuda que financió el déficit en divisas del sector privado y que sostuvo la fuga de capitales de los agentes más concentrados de la economía local, es obvio que impidiendo la fuga, en un contexto de interrupción de pagos externos, con saldo comercial a favor y con reservas disponibles, la Argentina tiene recursos suficientes para fundar una estrategia de desarrollo. Claro, para esto debe modificar la política actual, retomando el control público sobre el proceso económico. Asimismo, la evidencia de que la inversión extranjera directa representa apenas el 10 por ciento del total de la inversión local con efectos dominantemente distorsivos en términos de estrategia productiva y balance de pagos, indica que el papel del ahorro externo no sólo es marginal sino que debe ser redimensionado en el marco de una estrategia que lo asuma como complemento para la formación de capital y nunca como el punto de partida para el despegue. Mentir en este punto supone ocultar la realidad a efectos de eliminar todo tipo de autonomía en materia política económica. Menos aún es necesario el aporte del FMI para resolver el financiamiento de un sector público que en un contexto de distribución progresiva del ingreso, con expansión de la demanda interna, con una reforma tributaria que grave la capacidad contributiva y la eliminación de los subsidios al capital concentrado y a los bancos (régimen privado de fondos de pensión), recuperaría rápidamente el equilibrio.
En suma, ni la sustentabilidad externa ni el equilibrio fiscal dependen del acuerdo con el organismo. Mienten también al exacerbar la relevancia del FMI, ya que es evidente su escaso aporte dentro del total del ahorro externo y mienten al no decir que lo único que permitirá el acuerdo es garantizar que el país no ingrese en situación de default con el citado organismo. Es decir, nos darían –en el mejor de los casos– el dinero necesario para que podamos pagarles los vencimientos que nuestro país tiene con el organismo en los próximos años. En este sentido, el único papel que le quedaría al FMI sería el de otorgarnos un certificado de calidad para que podamos acceder al ingreso de los capitales que raudamente vendrían hacia nuestras playas. Aquí también mienten porque el contexto recesivo imperante impacta modificando el sentido de los flujos financieros, los cuales de manera dominante van hacia los centros y que sólo vendrán en tanto existan oportunidades de negocios que efectivamente les interesen y no por ningún acuerdo con el FMI.
Mienten, por último, al decir que el acuerdo implica reactivación cuando todos sus efectos tienden a contraer la demanda agregada profundizando la recesión, la concentración de la economía y la injusticia distributiva. Mentira que en este último caso le abre la puerta al crimen.
Decidir en el presente contexto profundizar la recesión, el desempleo y la caída de los salarios implica, para el gobierno que lo decide, los gobernadores que lo apoyan y el Congreso que lo avale, consumar un actocriminal que se expresa en pérdida de vidas humanas y en consolidación de la rutina hasta hoy vigente de vaciamiento de la democracia.
El diálogo y la negociación con el FMI, con los acreedores y con los centros de poder mundial sólo puede abordarse sobre el reconocimiento de que la contribución del ahorro externo es marginal y que la solvencia de una economía está asociada al incremento del producto y de la inversión, y que estos últimos están íntimamente asociados al abandono de la estrategia de la desigualdad impuesta a sangre y fuego hace veintiséis años y a su reemplazo por un orden social que redistribuya democráticamente los ingresos y las capacidades efectivas de realización individuales y colectivas.
En suma, se trata de construir un país de iguales como condición para la existencia de la patria y desplazar aquellas estrategias que asumen al territorio nacional como un mero espacio de negocios en el que, además, puede darse el lujo de expulsar a sus habitantes.
* Economistas de la CTA.