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Opinion

Tener demasiado superávit es, para empezar, toda una novedad en un país poco habituado a los equilibrios fiscales. Puestos a entrar en detalles es, también, una crisis pues ese país tiene formidables deudas externas e internas cuya solución (parcial siempre) depende del bolsillo único que no esta vacío pero es insuficiente. Los acreedores externos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) quieren mejorar su tajada y el excedente fiscal les vale de coartada y de acicate para pedir más. El Gobierno percibe que, por momentos, tiene más plata en el banco que amigos. O, al menos, que corre el riesgo de que algo así le ocurra, lo que resulta muy poco deseable para un Presidente que aspira a ser representativo, a revalidar sus títulos democráticos todos los días.
La recaudación impositiva crece y crece. Las reservas en el Banco Central abundan. Las profecías sobre el crecimiento de 2004 oscilan entre el cinco o seis por ciento que estima (puertas para adentro) Economía y el ocho que sigue augurando el Banco Central. Pero no todos los números son tan estimulantes. El índice de desempleo que se conocerá en pocos días se irá para arriba, no bajará de un 14,4 por ciento. Acaso, susurran voces avezadas en los oídos de Néstor Kirchner, llegue al 14,7 por ciento. Claro que el guarismo corresponde al infausto segundo trimestre, aquél de la “crisis energética” a la que el Gobierno porfía en negar ese mote pero sin poder gambetear sus secuelas. Cuando se den a luz los números del tercer trimestre, en noviembre, el desempleo bajará vaticinan en la Rosada, pero no se dan muy por conformes.
En Economía y, muy especialmente, en la Casa de Gobierno se empieza a reconocer que el enorme proceso de absorción impositiva ha tenido efectos restrictivos en la actividad. Kirchner es devoto de los equilibrios fiscales y adora tener plata en caja, “estar líquido” como expresa coloquialmente. Eso le da sensación de poder, de estar a cubierto de golpes de mercado, de tener opciones de política económica. No parece una conclusión dislocada, por ahora. “Los mercados” no han hecho sentir su voz tormentosa desde el 25 de mayo de 2003. Sucesivas crisis políticas –roces con el duhaldismo, dudas en la negociación con el FMI, salida de Gustavo Beliz, efecto Blumberg– limitan sus efectos al ágora y no llegan al almacén. No alteran la vida cotidiana de los argentinos de a pie en lo que hace a sus hábitos de consumo cotidiano. Los conflictos no hacen trepar el dólar ni flamear el precio del tomate, de la polenta o de la tira de asado. “Estar líquido” en plata es un modo de estar sólido en política. Claro que a esta altura, la solidez deviene pesadez. La succión fiscal parece haber secado en exceso la plaza, la actividad se frena, el desempleo ha crecido. Excesiva retención de líquidos, como quien dice.
“El superávit superior al tres por ciento alienta la codicia de los organismos internacionales y de los acreedores privados. Hay demasiada plata en nuestras arcas y demasiado poca en la calle. El modo más clásico de volcar la plata a actividad, la obra pública, tiene sus tiempos que no son inmediatos. Aumento a los empleados públicos puede haber pero por montos bajos. Lo que nos queda es reducir los impuestos. No recaudar y luego repartir sino dejar la plata en la calle, para fomentar inversión y consumo”, se entusiasmaron el Presidente y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en palique con los integrantes de la mesa chica. Ese razonamiento induce a concluir que el Gobierno quiere ir bastante más allá de la reducción del IVA para una canasta básica de artículos de primera necesidad. Esa versión circuló en los medios en estos días y es cabal que Economía trabaja en el tema. Pero, según comentaron a Página/12 prominentes inquilinos de Balcarce 50, el Presidente recela de esas medidas que tilda de “parciales” a las que ve como de cierto efecto social pero magro impacto macroeconómico. Lo que Kirchner estaría dispuesto a anunciar más pronto que tarde es una importante reducción transitoria de la alícuota del IVA, que regiría hasta fin de año. Como bonus se añadiría una reducción, acaso definitiva, de la alícuota del llamado impuesto al cheque. Con lo cual, se entusiasman en el valorizado primer piso de Balcarce 50, se podarían de un tajo dos gabelas cuestionadas, una por distorsiva, la otra por injusta socialmente. “Si el IVA es regresivo, reducirlo es progresivo” chicanea ante tempus un importante funcionario del Gobierno.
Un incremento del salario de los estatales también está en carpeta, esperando el obvio reclamo que detonará el aumento del mínimo vital y móvil. No será fastuoso, previenen en el Gobierno, pero no lo frenará el clásico anticipo ofensivo de los gobernadores, que rezongan que las decisiones nacionales generan contagio en sus provincias. Kirchner supone que los mandatarios provinciales se han vuelto demasiado tacaños y no le incordia forzarlos un poco a subir sueldos. “Ellos tienen que hacerse cargo de sus realidades. Las provincias también deben estimular la reactivación. Casi todas tienen superávit únicos en su historia”, dictaminan aquende la General Paz.
Seguí mi Consejo
La autoestima oficial, que suele no ser baja, crece cuando se habla del aumento del salario mínimo vital y móvil. Kirchner hace flamear un incremento del 125 por ciento (de 200 pesos a 450) desde agosto de 2003, lo compara con el de los precios al consumidor (3,5 por ciento) y llega a algo parecido al éxtasis. Los números pueden merecer alguna reformulación. Por lo pronto, la actual gestión empezó en mayo de 2003, ése debería ser el comienzo del cálculo de los cómputos. Por otra parte, la canasta de los más humildes creció bastante más que la media del Indice de Precios al Consumidor (IPC). Hechas estas salvedades, es innegable que el aumento de 100 pesos sobre 350 es una saludable novedad, que va prolijamente a contramano de la tendencia de una década. Y que la cifra obtenida superó todas las expectativas previas.
La decisión adoptada por consenso amerita una lectura que trascienda lo económico, se trata de un hecho político e institucional. Se trata de la generación de una instancia de diálogo y articulación democrática cuyo valor potencial va bastante más allá del impacto macro del aumento. Se trata de sentar a una misma mesa al archipiélago de representacionescorporativas que la democracia nos legó. Se los expone a la luz pública y se legaliza un ámbito cuya continuidad se impone como necesaria.
En la Argentina suele hablarse, con alguna ligereza, de la necesidad de “políticas de Estado”. Esa mención que, como casi todos los debates locales, suele no profundizarse se adorna con veloces alusiones a los pactos de La Moncloa. La conclusión dominante, siempre pintada con brocha gorda, es que esas “políticas de Estado” se emparentan con un programa de gobierno. Sin querer clausurar el debate, este cronista sospecha que la Argentina está en una etapa (entre previa y diferente) en la que la primera política de Estado sería promover instancias democráticas, “mesas” de variado pelaje, al mismo tiempo pluralistas y con capacidad decisoria. Acuerdos de gobernabilidad y de modos de discurrir las políticas serían bastante progreso, siendo que consensuar programas de gobierno suena a una utopía muy remota. Acaso no deseable, dada la vastedad del arco político local, bien diferente a la que media entre izquierdas y derechas allende los Pirineos.
Aun siendo tímida, es auspicioso el regreso de la cinchada por el salario, con el Gobierno como catalizador y dinamizador. Y poner en escena a los representantes de trabajadores y empresarios es algo que debería perdurar. Claro que esas representaciones “son lo que hay” y no autorizan a fascinarse pero es mejor impulsarlas a la luz pública que dejarlas funcionar entre bambalinas. Los popes de la CGT rezongaron al Gobierno porque los expuso a “ser corridos por izquierda” por la CTA pero ese ejercicio no les vendrá nada mal, máxime advirtiendo cuánto terreno dejan a su izquierda.
La CGT oficial mostró su hilacha internista en la disputa con la triunvira Susana Rueda. La flamante secretaria general, a su vez, sugirió con su conducta sobreactuada que el enamoramiento a primera vista que le prodigó la Rosada es prematuro. Rueda intentó disfrazar de cuestión de género una típica pelea de rosca gremial y quedó bastante en off side. Estar expuesta a la luz no es tan sencillo y exige un aprendizaje al más pintado.
La CTA dejó expuestas sus diferencias con la CGT, votando contra la decisión final. A la vez, tuvo la experiencia de participar de una discusión codo a codo que le había sido vedada hasta ahora. Ser minoría es una carga y también un desafío. Alienada de ámbitos de negociación tan inclusivos, la central alternativa podía llevar sin mayores debates internos su doble rol de central de trabajadores y de opción política de izquierda. La CTA propone e impulsa un programa alternativo de gobierno, sin haber logrado hasta ahora la fuerza democrática para plasmarlo. Una puja salarial coloca a algunos de sus integrantes en un escenario distinto, que es el de discutir gremialmente al interior de las actuales correlaciones de fuerzas. Una mesa salarial obliga no a abandonar pero sí a poner entre paréntesis el proyecto alternativo y asumir la lucha reivindicativa, más de corto plazo pero también más tangible. Proponer reclamos de máxima sin tener poder para consagrarlos puede mantener la identidad pero, quizá, orille el riesgo de resentir la representatividad entre los trabajadores de a pie.
El Ministerio de Trabajo albergó una experiencia valorable y, a su modo innovadora, que no sería justo juzgar sólo a la luz de los rostros (muchas veces impresentables) de quienes hicieron mayoría. La democracia posible en la Argentina es un complejo tránsito entre lo existente (incluidos los protagonistas) y las virtualidades disponibles.
La actividad presidencial amerita unas líneas. Kirchner no es un amante de instancias como el Consejo a las que sospecha de corporativas y reaccionarias. Su intervención, mocionando “desde los diarios” los 450 pesos fue decisiva, lo que puede leerse de dos modos, no del todo excluyentes. El primero es que el Presidente quiso catalizar la discusión y llevarla a buen puerto. El segundo es que quiso capitalizar más biensolo el resultado. Algo así pensaron los Gordos y rezongaron porque el hombre les hizo de vanguardia.
Kirchner y el ministro de Trabajo Carlos Tomada coinciden cuando proponen que la Argentina será mejor cuando regrese la puja distributiva. Lo acontecido en estos días poco tiene que ver con la Argentina de los buenos tiempos. Diezmados en número, divididos, disciplinados por el desempleo, los trabajadores argentinos siguen llevando las de perder. Pero algo ha cambiado, en el rumbo adecuado. La entidad del cambio, por suerte, no ha quedado sellada el jueves, sino que queda abierta al obrar futuro de los participantes.
El gigante olvidado
Aumentos de jubilaciones, del sueldo mínimo, del salario estatal, disminución del IVA. La vocación redistributiva oficial puede cuestionarse por equivocada o escasa pero jamás negarse. Lo que sí podría controvertirse es su orientación macroeconómica y centrada en el mundo de los asalariados. La multitud de argentinos excluidos estructuralmente del mercado laboral sigue siendo residual para las políticas macro del Gobierno.
A casi año y medio de gestión da la sensación de que ese criterio es insuficiente. Máxime porque fenómenos de nuevo cuño refuerzan ciertas formas de exclusión. La demanda de mano de obra ulterior a la devaluación, por ejemplo, discrimina severamente entre los trabajadores calificados y los que no lo son. Los especializados, en muchas comarcas del país, están en situación de pleno empleo o análoga. Pero la demanda de mano obra no calificada propende al estancamiento.
Los aumentos de sueldos de los trabajadores peor retribuidos aumentan la brecha entre éstos y los Jefas y Jefes de Hogar (JJHD), lo que tiene un costado positivo que entusiasma al Gobierno, que es alentar la búsqueda de trabajo. Pero también incrementa las diferencias sociales entre los más humildes, muchos de los cuales no tienen chance tangible de acceder a un conchabo digno y aún a alguno que no lo sea tanto.
Otro dato inusual del modelo del siglo XXI es que la Argentina crece de afuera hacia adentro, del interior a los centros urbanos provinciales y de éstos a las metrópolis. Y que este despliegue exportador y mercado internista no atañe a lo que fue el epicentro de la movilidad social ascendente hace algo más de medio siglo: el conurbano bonaerense. Allí la reconversión exportadora brilla por su ausencia y los trabajadores sin calificación sobreabundan. Un estudio oficial realizado por la Municipalidad de La Matanza concluye que el 19 por ciento de los jefes de hogar jamás trabajó. Su edad promedio orilla los 27 años. Todos, por definición, son padres de familia, de una familia que ignora una vivencia que integra el imaginario de casi cualquier otro argentino: la del padre dando el ejemplo de trabajar, parando la olla. Evoque el lector a su padre. Doble contra sencillo que en una aplastante mayoría de casos lo recordará ligado a su trabajo. El trabajo como centro de su imagen, sus horarios, sus rutinas, su ejemplo. La alienación del trabajo implota la lógica familiar, la autoestima, el modo de percibir la realidad. La Matanza, subrayado acaso innecesario para los lectores de este diario, es el municipio más grande del conurbano, más poblado que varias provincias. La comparación entre territorios viene a cuento pues la política social nacional (minimalista y productivista) es bien intencionada pero fue concebida en moldes geográficos y demográficos bien distintos a la lógica del conurbano. Es que la existencia de millones de desocupados, de magra capacitación, hacinados muchos en barrios superpoblados, requiere acciones más vastas, incluyendo inyección de recursos, planes de remigración, etc.
Si se las libra a la evolución de la actual política económica, las perspectivas de inserción futura de millones de argentinos son irrisorias,castigo adicional al que les significa vivir enclavados en el mayor foco de delincuencia urbana del país. Una oferta fenomenal de desocupados sin requerimientos actuales y con escasos potenciales en el futuro inmediato redondean un cuadro que requeriría un abordaje específico, tan necesario como el de universalizar el ingreso básico de los más pobres. El congelamiento del JJHD es una de las más flagrantes injusticias, si no una violación legal (se trata de un subsidio universal que no se entrega a quienes reúnen las condiciones para recibirlos), que produjo el gobierno de Duhalde. El actual está siendo muy moroso en eso de repararlo.
Un seguro de desempleo, la universalización de las asignaciones familiares (aun para los desocupados) por no dar más que un par de ejemplos son herramientas al alcance de la mano. Hay propuestas legislativas en ese sentido y también proyectos de ministerios de la actual gestión, pero la libido de Kirchner y Roberto Lavagna se inclina más a “la producción” lo que no estaría nada mal si no dejara a los rezagados en el camino. Si se habla de políticas de Estado y de evitar las recetas liberales bien valdría la pena entender que la realidad local de casi media Argentina exige algo más que esperar que suba la marea para que todo flote. Muchos relegados no flotarán jamás si no se emprende una serie de acciones específicas sobre focos de pobreza (también lo son de inseguridad) en severo riesgo de quedarse afuera aún del crecimiento posible.
Los ’90, nunca más
El fallo sobre el atentado a la AMIA es un veredicto sobre lo que fue el Estado argentino en los ‘90: una maquinaria de encubrimiento, un nicho de ineficiencia e impunidad, un permanente proveedor de simulacros. Una visión economicista del fin de siglo pasado, aquella que pone en pugna Estado vs. mercado, se queda corta a la hora de caracterizar una época funesta. El actual gobierno se obsesiona en dar vuelta esa página, en enfilar para otro lado. El Consejo del Salario, su decisión de no aceptar mansamente las recetas del FMI, la eyección del cortesano Adolfo Vázquez se inscriben en ese valorable designio.
Otras de sus acciones, como fue poblar de Sérpicos la Plaza de Mayo el martes y autorizarlos a detener manifestantes contradicen sus propias banderas e implican un retroceso al peor de los pasados. Ni la prensa de derecha, ni Juan Carlos Blumberg se molestaron por esa conducta que sí debe preocupar a mentalidades progresistas y garantistas, incluidos los muchos funcionarios nacionales que revistan en esas “familias” ideológicas. El pasado reciente, ominoso y difícil de revertir sigue acechando. Derruirlo es una misión ardua que no admite distracciones ni licencias.
Los ‘90 fueron, entre muchas cosas, una era de atajos. Atajos para llegar al Primer Mundo, para conseguir riqueza, para evitar escalafones. Hasta atajos para combatir al menemismo. Los jueces que fallaron respecto del atentado del ‘94 no eligieron atajos. Su sentencia sólo podrá ser evaluada plenamente cuando se conozcan sus fundamentos. Pero es claro que eligieron votar conforme a su conciencia y a la ley antes que intentar el equilibrio de las relaciones públicas. Su valiente decisión, sin dejar de ser dolorosa, es un avance pues patentiza lo que fue el neoconservadurismo en la Argentina. Mucho más que un modelo económico, un proyecto de país. Uno donde la vida de los argentinos y la búsqueda de verdad y justicia sencillamente no valían la pena.