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“La situación en Haití es crítica y preocupante”, señaló el ministro de Defensa, José Pampuro, al responderle a los diputados de la Comisión de Defensa. Al referirse al incidente que los cascos azules argentinos tuvieron en Gonaives con un grupo de civiles armados haitianos, dijo que se trataba de “situaciones que se pueden dar en un país que está totalmente libanizado”. El ministro también fundamentó el pedido de autorización enviado por el Ejecutivo para la realización de 13 ejercicios militares a concretarse en 2004 y 2005. El oficialismo pretende que el respaldo legislativo se vote rápidamente, ya que corre contrarreloj por la cercanía de algunos de esos ejercicios.
Sobre el incidente en Haití, dijo que los cascos azules se enfrentaron con un grupo de civiles que habían tomado una comisaría. Recordó que en la isla hay cerca de 2 mil ex militares armados. Algunos diputados señalaron que estos grupos tienen el respaldo del ministro del Interior haitiano.
Luego de la presentación del titular de la comisión, el bonaerense Jorge Villaverde, el ministro explicó que la tardanza en enviar el plan anual de trabajos militares con otros países se demoró porque la reglamentación de la norma tardó más de lo previsto en algunos ministerios.
Las preguntas no se quedaron solamente en el tema Haití. El diputado del ARI Adrián Pérez preguntó por la existencia de una cuenta a nombre del comandante del Ejército, Roberto Bendini, cuando éste era titular de la guarnición de Río Gallegos. Pampuro subrayó que “no hubo irregularidades en el manejo de los fondos”, pero admitió que no tenía autorización para abrirla. Sobre este tema dijo que hay una investigación en la SIGEN y que se le informó a la Oficina Anticorrupción. También que a Bendini se le hizo un apercibimiento administrativo.
Ante una pregunta del socialista Héctor Polino sobre la participación las Fuerzas Armadas en materias de seguridad, Pampuro respondió que “se utilizan aviones de la Fuerza Aérea para el traslado de detenidos en distintos puntos del país”. Aclaró que en estos casos la custodia está a cargo de miembros de los servicios penitenciarios provinciales o de la policía federal. El ministro rechazó “cualquier tipo de participación” de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el delito.
Como cierre, hubo tiempo para que los diputados le preguntaran por otros temas, como el censo a los veteranos de Malvinas y el canje de tierras que las fuerzas realizan con algunos gobiernos provinciales.