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El dirigente piquetero Luis D’Elía decidió renunciar a los fueros de diputado provincial para que la Justicia lo investigue por la toma de la comisaría de La Boca ocurrida en junio, tras el asesinato del militante Martín Cisneros. La medida fue anunciada por el propio D’Elía, aunque sus allegados aclararon que está sujeta a lo que diga la mesa nacional de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). El titular de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) podría ser citado a indagatoria en los próximos días y sus abogados evalúan como probable que quede detenido.
Ante tal posibilidad, la CTA impulsará una campaña de recolección de firmas en rechazo a lo que considera “un nuevo intento de penalizar la protesta”. Los gremialistas, que ayer evaluaron la situación en la sede de avenida Independencia, manifestarán públicamente su solidaridad con el titular de la FTV el próximo viernes, en una rueda de prensa.
D’Elía está acusado de haber liderado la ocupación de la Comisaría 24ª, aunque todavía la Justicia no formuló una imputación concreta de los delitos que le achacan. El juez Norberto Oyarbide, que fue el primero en intervenir, recomendó que fuera investigado por “atentado y resistencia a la autoridad, daños, robo, hurto, lesiones al personal policial, violación de domicilio, destrucción de medios de prueba, amenaza de muerte e instigación a cometer delitos”. Sin embargo, la suya fue una consideración para los medios, ya que en el mismo momento de expresarla se desprendió de la causa. Su par Angélica Crotto, quien cinco días después de la toma denunció que el Gobierno la había desplazado de escena para no reprimir, tampoco llegó a imputarlo. El juez federal Jorge Urso tiene ahora el expediente y deberá definir si lo acusa por delitos leves o si lo considera autor de acciones con penas no excarcelables.
Para tomar esta decisión, el magistrado espera el listado de las llamadas entrantes y salientes de la seccional mientras estuvo tomada por los integrantes de la FTV. Urso lo usará para saber si además cita a declarar a funcionarios del Ministerio de Justicia.
En la organización piquetera hay preocupación porque las detenciones de activistas sociales en las últimas semanas –la de Raúl Castells en el Chaco, el centenar de arrestos producidos tras la protesta contra el FMI en la Plaza de Mayo y los más recientes en Caleta Olivia– marcan un cambio en la estrategia del Gobierno frente al conflicto social. “No nos gusta el cuadro global de situación, hay un escenario propicio para que (la situación judicial) se agrave”, dijo uno de los referentes de la FTV.
D’Elía ya se presentó por su cuenta en el expediente. Patrocinado por los abogados Belisario Otaño Moreno y Adrián Albor, sostuvo que su presencia en la comisaría, donde vecinos y militantes reclamaron a la policía por su pasividad ante el asesinato de Cisneros, contribuyó “a menguar los ánimos y evitar una masacre”.
Ayer aseguró que, de ser arrestado, no modificará su alineación con el Gobierno. “Si voy detenido voy a seguir diciendo que el rumbo que tomó Néstor Kirchner es el mejor para la Argentina”, señaló. También insistió en que se considera inocente ya que el ingreso a la seccional fue “una reacción dolorida de la comunidad” ante la ejecución de un dirigente social. “No hubo delito –dijo–, hay testigos que declararon que yo serené a los vecinos.”
En la CTA preparaban el texto que harán circular para la campaña en rechazo a la criminalización de la protesta. En la central querían definir una postura sobre la renuncia a los fueros antes de la rueda de prensa del viernes. Si la decisión final es que D’Elía los mantenga, Urso deberá solicitar el desafuero ante la Legislatura bonaerense para el llamado a indagatoria. La Constitución de la provincia establece que la suspensión de los legisladores sólo puede aprobarse con una mayoría de los dos tercios de los votos, lo que implica que en tal caso el juez necesitaría de la mayoría del recinto, que es duhaldista, para lograr su cometido.