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Comenzaron los tropezones para el juez Juan José Galeano en el Consejo de la Magistratura, y seguirán. Todos los integrantes de la Comisión de Acusación le rechazaron ayer un planteo en el que pedía la suspensión del trámite de su juicio político hasta que se conozcan los fundamentos del fallo del Tribunal Oral 3 que ordenó investigarlo por las irregularidades en el manejo de la causa AMIA. En la misma reunión, los consejeros Marcela Rodríguez y Beinusz Szmukler presentaron un informe con ocho imputaciones en el que piden que el magistrado sea citado para que haga su descargo como sospechoso. Es probable que esa decisión consiga consenso el martes próximo y que la convocatoria sea para fin de mes.
Galeano, a través de su abogado, el ex camarista federal Andrés D’Alessio, pidió el lunes último la postergación de cualquier decisión de los consejeros ligada al expediente y recusó por segunda vez a Szmukler. Pero ninguno de esos reclamos prosperó. Tampoco tuvo éxito la solicitud del magistrado para que se incluyan como testigos el ministro de la Corte Raúl Zaffaroni y el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, quienes en 1997 trabajaron en un informe sobre la causa AMIA. En el Consejo, advirtieron que deberá precisar qué quiere preguntarles, aunque le dirán que sólo puede ofrecer pruebas al momento de hacer su descargo.
La Comisión de Acusación, que preside el diputado radical Juan Mínguez, es la que decide si corresponde o no iniciar el proceso de remoción contra un juez. Sus integrantes se comprometieron a analizar esta semana el dictamen de 240 páginas que presentaron Rodríguez, diputada del ARI, y Szmukler, representante de los abogados. El documento pide que Galeano sea citado a declarar, con una fórmula que lo ubica a un paso de ser acusado. El plenario del Consejo tiene, después, la facultad de suspenderlo, y el juicio político lo concreta el jurado de enjuiciamiento.
Los cargos que desglosa el informe incluyen la historia del pago clandestino de 400 mil dólares, organizado por Galeano, al reducidor de autos Carlos Telleldín para que declarara que armó la Trafic usada como coche bomba y acusara a los policías bonaerenses. Pero el texto no se queda en ese tema, sino que avanza en una larga enumeración de cuestionamientos:
- Describe cómo el juez armaba “legajos paralelos” que “no estaban acumulados al expediente principal y eran secretos para algunas de las partes”. Por esto, se lo responsabiliza “por no haber actuado con imparcialidad y no respetar las garantías constitucionales”.
- “La prueba que juntó Galeano es fruto de prácticas ilegales y declaraciones inducidas”, dice el dictamen. Recuerda relatos de testigos coaccionados o inducidos para declarar de un modo determinado, cuyas declaraciones en ocasiones fueron filmadas para luego presionarlos.
- Más problemas con las pruebas: Se le atribuye al juez haber destruido pruebas y extraviar otras de manera sospechosa, como los famosos casetes de escuchas de la SIDE, manipular informes telefónicos, demorar medidas esenciales y disponer escuchas sin razón, incluso a abogados del caso.
El titular de la Unidad de Investigación del atentado, Alejandro Rúa, le pidió ayer al Consejo que incluyera en las imputaciones las irregularidades ligadas al legajo del “testigo C” por el posible encubrimiento de Galeano a Carlos Menem, y hace hincapié en avanzar ante la “reticencia de su colega (Claudio) Bonadío –el juez que debe investigar a Galeano– a indagarlo”. Aquel testigo iraní es el que dijo que el ex presidente negoció no acusar a Teherán a cambio de 10 millones de dólares.
En teoría, la semana que viene habrá avances y Acusación citaría a Galeano. Rodríguez señaló: “La gravedad institucional del hecho obliga a tomar una determinación en un plazo breve”.