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La reducción del IVA, medida progresista que simpatiza a la Casa Rosada, abrió en el seno del Gobierno una discusión aún no zanjada acerca de su forma y alcance. Mientras la Administración Federal de Ingresos Públicos se abocó al estudio de una propuesta empresaria que limita la rebaja a un puñado de artículos básicos, Economía abraza la hipótesis de una reducción de alícuota más light pero generalizada y, en lo posible, no inmediata. Aunque afín a las ideas de Roberto Lavagna, la medida no figura entre sus prioridades. En realidad, el ministro preferiría avanzar antes en la negociación de la deuda defaulteada y develar la incógnita acerca de si la economía está o no en un “amesetamiento” que desaconseje resignar recaudación.
Técnicos próximos al jefe del Palacio de Hacienda no sólo desaconsejan una eventual reducción del 21 al 10,5 por ciento en el IVA sobre los productos de primera necesidad (harinas, aceites y derivados), tal como postulan los grandes productores de alimentos y supermercadistas, sino que hasta sugieren explorar otras alternativas para aprovechar la relativa bonanza fiscal que vive el país.
Entre esas vías sugeridas al ministro está la posible revisión del régimen del Impuesto a las Ganancias, que permita corregir ciertas injusticias como las que afectan a la “cuarta categoría”: un trabajador soltero que gane 1600 pesos por mes paga el tributo al que no está obligado el tenedor de un activo financiero, por ejemplo. Amén que la propia base del Impuesto a las Rentas insinúa que hay tela para cortar. Según el tributarista Antonio Figueroa, el 88 por ciento de la recaudación está provista por apenas el 7 por ciento de las empresas sujetas a esta obligación.
Los productores de alimentos nucleados en la Copal y las cámaras de supermercadistas acercaron a la AFIP y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor un trabajo técnico que argumenta sobre las bondades de reducir a la mitad el Impuesto al Valor Agregado sobre aquella canasta reducida de bienes, con el compromiso de trasladar ese recorte a los precios finales. El interés empresario surge nítido: los grandes comercios están en peores condiciones para evadir el gravamen que sus competidores de menor tamaño –la mitad de la comercialización– suelen eludir.
Para el Gobierno, la posibilidad de anunciar una reducción del Impuesto al Valor Agregado resulta políticamente muy seductor, aunque los especialistas oficiales no desconocen que el real impacto sobre los precios es difícil de garantizar. Quienes evaden pueden convertir esa rebaja simplemente en un mayor margen. Quienes trabajan en blanco, pueden preservar su renta suprimiendo los descuentos con los que hoy tientan a sus clientes. En cualquier caso, caería la recaudación sin que este sacrificio beneficie los bolsillos de los consumidores, según se inquieta Economía.
La otra “contra” advertida por asesores de Lavagna es que una rebaja pronunciada sobre un puñado de artículos bien puede alentar a sus productores a trabajar en negro, en caso de que acumulen por la compra de sus insumos un crédito fiscal que luego no pueden compensar con el débito que les genera una alícuota más baja (pagan 21 y cobran 10,5).
Fuera de los pasillos oficiales, especialistas en formación de precios como Roberto Dvoskin también señalan el riesgo de que la selectividad promueva una traslación de consumidores de las marcas gravadas a las que no lo están, tal como ocurrió años atrás con los productos de Terrabusi, producidos en una zona con promoción fiscal, y los de Bagley, con carga tributaria íntegra. “Es más lógica una rebaja general: en la medida que el IVA sea más bajo, menor será el estímulo para evadirlo”, opina.
Hace unos cinco meses el ministro de Economía se refirió en público a la posibilidad de reducir la alícuota del IVA pensando que, de no ser general, este recorte podría limitarse a ciertas actividades pero no a un grupo estrecho de bienes. El propósito enunciado era tan auténtico comoimpreciso en fecha. Pero la propuesta empresaria y la acogida que ésta habría tenido en la AFIP y en Defensa del Consumidor estaría apurando los tiempos sobre una decisión políticamente atractiva pero técnicamente controvertida.