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Jorge Baca Campodónico vino a la Argentina en febrero de 2003 como miembro de una misión del FMI encargada de revisar las cuentas públicas. Pero nunca más pudo salir del país porque cargaba con un pedido de captura internacional. Ahora tendrá que enfrentar un juicio de extradición, ya que la Sala I de la Cámara Federal definió ayer que “no posee ningún tipo de inmunidad o privilegio” que le ayuden a evitarlo. El proceso estará a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, que deberá resolver si en lugar de dejarlo volver a su puesto en Washington lo manda a Perú, su tierra de origen, donde la Justicia lo vincula con una trama de corrupción ligada al ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos.
Antes de convertirse en asesor del Fondo, en abril de 2001, Baca Campodónico fue ministro de Economía de Alberto Fujimori y jefe de la Sunat, el equivalente peruano de la AFIP. Cuando el organismo internacional lo acogió entre sus técnicos fiscales, ya llevaba cuatro meses prófugo de la Justicia. Está acusado de haber utilizado el ente recaudador para facilitar maniobras fraudulentas al régimen de Fujimori-Montesinos y para perseguir a sus opositores. Por todo esto lo buscaban y cuando llegó a Buenos Aires hace un año y siete meses quedó detenido por dos noches. Después fue liberado bajo fianza, pero Canicoba le prohibió salir del país y desde entonces vive en el hotel Sheraton de Retiro.
El abogado del hombre del Fondo es Roberto Durrieu –también asesor de Juan Carlos Blumberg– y desde un principio planteó que Baca Campodónico goza de protección diplomática por tener pasaporte de Naciones Unidas. Pero el juez federal rechazó ese argumento y dispuso que se debe hacer un juicio de extradición, medida solicitada por Perú. El laberinto judicial siguió y el caso pasó por la Corte Suprema, que en mayo le ordenó a la Cámara Federal definir la cuestión de la inmunidad con ciertos parámetros.
Los camaristas Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo finalmente firmaron ayer una resolución en la que dicen que los funcionarios del FMI sólo gozan de privilegios protectores sobre los actos ejecutados en ese cargo, pero no “en su beneficio personal” ni en relación a delitos comunes que puedan haber cometido con anterioridad. Hugo Wortman Jofre, abogado del estado peruano, se mostró conforme con la resolución y advirtió que el juicio debería avanzar “sin dilaciones ni nuevas instancias de apelación”.
Así las cosas, cuando Canicoba Corral vuelva de su viaje a España –donde se entrevistó con el juez Baltasar Garzón– pondría fecha para el juicio de extradición, que se hará en una audiencia oral y pública. Baca Campodónico seguirá esperando, mientras tanto, en su suite cinco estrellas. Su próxima residencia probablemente esté lejos de su oficina en Estados Unidos y más cerca de los tribunales de Perú.