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“Hoy a la mañana hemos decidido con el Presidente desactivar esta reducción (del Impuesto al Valor Agregado), atento a que distintos sectores empresarios dijeron a través de la prensa que esta rebaja no tendría efecto sobre los precios.” De este modo, Roberto Lavagna descartó ayer la posibilidad de instrumentar, “al menos por ahora”, un recorte sobre la alícuota del IVA, idea fogoneada por el supermercadismo y algunos funcionarios de su propio ministerio, pero que al titular del Palacio de Hacienda poco le seduce concretar de inmediato. Si el Gobierno no aplica parte del excedente del superávit para bajar el IVA, le queda disponible una atractiva masa de recursos que podría utilizar para alentar el consumo a través de otras formas de beneficios y premios.
Lavagna ya había deslizado en los primeros meses del año su intención de reducir la elevada tasa de un gravamen de recaudación relativamente sencilla pero muy regresivo, aunque sin un plazo ni una extensión precisas de esa medida. Antes de que esta alternativa madurase técnicamente del todo, el propio Néstor Kirchner abrazó la idea como un medio para promover una mejora en los precios que beneficiara a los más pobres y por eso horas atrás reconoció en público que era una opción en estudio.
Pero el primer inconveniente real con el que se toparon los técnicos oficiales es que sin un efectivo control de precios, el Estado no tiene modo de garantizar que el esfuerzo fiscal llegue efectivamente a los consumidores en lugar de engrosar la renta empresaria. En particular cuando la mitad de la cadena de comercialización de alimentos, y una proporción también elevada de otros bienes y servicios, opera en negro. De ese modo, un instrumento políticamente atractivo podría volverse en contra, resultando inútil para abaratar los productos y, al mismo tiempo, gravoso para las arcas públicas.
Cada punto del IVA equivale a unos 1500 millones de pesos anuales. Si se hubiera dispuesto una rebaja permanente de tres puntos, se habría resignado una recaudación por alrededor de 4500 millones, con el agravante de que se trata del principal impuesto coparticipable. Por esta razón, algunos gobernadores advirtieron que no querían quedar ajenos a tan sensible tema.
“Nos quedaremos con la plata”, comentó ayer Lavagna al anunciar la decisión de dar marcha atrás con el recorte, sin precisar qué otro destino se les daría a los recursos liberados. Fue durante la conferencia de prensa en la que se presentó el proyecto de Presupuesto para el año próximo, elaborado sobre una pauta de ingreso de un IVA del 21 por ciento, indicio de que este cambio tributario estaba lejos de quedar firme. La rebaja, en caso de haberse instrumentado ahora, hubiera sido provisoria, para juzgar su dudoso impacto en los precios.
El debate sobre una cuestión que el ministro tenía en cartera para analizar, presumiblemente después de cerrar otros temas candentes como el de la deuda defolteada, se recalentó semanas atrás cuando los supermercados presentaron formalmente una propuesta a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y a la Administración Nacional de Ingresos Públicos para reducir al 10,5 por ciento la alícuota pero sólo sobre algunos productos de la canasta básica. Esa sugerencia, que Patricia Vaca Narvaja y Alberto Abad consideraron con especial atención, fue acompañada con la promesa empresaria de trasladar aquel recorte a las góndolas, algo que les permitiría a los súper una efectiva ventaja respecto de sus competidores más temidos: los pequeños comercios, que en buena medida no operan en blanco y les vienen succionando clientes.
La posibilidad de rebajar a la mitad el impuesto sobre un puñado de bienes como aceites, harinas y yerbas ayer fue defendida con ahínco por Fabio Fabri, titular de la Cámara Argentina de Supermercados, como una medida con “impacto directo sobre los más pobres”. El economista de la Cámara Argentina de Comercio Rodrigo Pérez Graciano hasta ensayó un número depotenciales beneficiarios: 400 mil indigentes y 600 mil pobres que dejarían de serlo por el posible abaratamiento de productos que representan casi la mitad de sus consumos habituales.
Pero el ministro nunca fue proclive a una rebaja de muchos puntos y acotada a esa minicanasta que, entre otros inconvenientes, no les permitiría a algunos productores compensar el crédito fiscal que acumularían por el IVA que pagan sobre sus insumos. Más le simpatizó una rebaja general, que evitaría ese disturbio técnico y sería más eficaz como señal política de que se avanza en la reducción de impuestos, básicamente sobre aquellos que gravan sin discriminar a ricos y a pobres. Finalmente, cuando más alto es el impuesto, mayor es el estímulo para evadirlo.
Estas, sin embargo, no son para el Gobierno metas tan urgentes como la de atenuar la suba en los precios de productos esenciales, que golpean en particular a los sectores de más bajos ingresos, o auxiliar de un modo más directo aún a los marginados del mercado de trabajo.