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La avanzada judicial contra el juarismo llevó ayer a la cárcel al ex jefe de Gabinete de Santiago del Estero Carlos Pena. La detención se produjo casi al mismo tiempo en el que se les negaba a Mercedes “Nina” Aragonés y Carlos Juárez un pedido de eximición de prisión presentado por sus abogados. Ambas medidas se encuadran en la investigación de la presunta detención ilegal de la que habría sido objeto Darío Moreno, el ex vicegobernador de Nina.
Pena se convirtió en el cuarto detenido de esta nueva tanda que vuelve a poner al juarismo en la mira. Anteayer había sido arrestado el ex diputado Carlos Anauate. Fuentes judiciales precisaron que los abogados de los otros seis ex diputados imputados en la causa, y que se encuentran prófugos, presentaron pedidos de eximición de prisión, de la misma manera que habían hecho los defensores del matrimonio Juárez. La Justicia denegó todos y cada uno de esos pedidos.
A los cuatro detenidos se los investiga por presunta “coacción agravada y privación ilegítima de la libertad” de Moreno. La detención de quien fuera vicegobernador de Nina Juárez se produjo en la ruta nacional 9 tras la hipótesis de que sus hijos habían participado en el doble crimen de La Dársena. Moreno estaba dirigiéndose a Tucumán y fue obligado, primero, a retornar a Santiago del Estero en un cuestionado operativo policial –y aparentemente a punta de pistola– y, después, a dirimir.
El propio Moreno salió ayer del ostracismo para relatar con mayores detalles aquellos días. “Me obligaron a renunciar contra mi voluntad, fui detenido en el puesto caminero de Las Termas y escoltado por tres móviles policiales a Santiago del Estero, incluso llegaron a quitarme la llave del vehículo en el que me dirigía a Tucumán”, señaló. Y agregó: “Todo el bloque del PJ, una treintena de diputados provinciales y nacionales, me obligó a renunciar a la vicegobernación. Ante el requerimiento judicial conté la verdad, lo que me sucedió objetivamente, que fue confirmado por algunos ex diputados y policías que ya declararon en la causa”.
Pena fue arrestado en su estudio jurídico para luego ser alojado en la Jefatura de la Policía de Santiago del Estero por el juez en lo Criminal y Correccional de II Nominación, Hernán Antonio Tuppo, a cargo de la causa.
Fuentes de los tribunales provinciales estimaron que las detenciones que restan se producirán en las próximas horas.
Concretamente, están prófugos el ex presidente de la Legislatura Carlos Salido, el ex titular de la bancada del PJ Angel Bagli y los ex legisladores Carlos Segienowiz, Joaquín Rotta, Daniel Escobar Correa y Pastora González.
No son novedades menores para la intervención, que había sufrido esta misma semana un revés cuando la Corte Suprema puso freno a la reforma constitucional, impidiendo las elecciones a convencionales constituyentes. Con la detenciones realizadas y las que están en cierne, el ministro de Justicia de Santiago del Estero, Luis Alén, no pudo ocultar su satisfacción, aunque en sus declaraciones de ayer volvió a demostrar su bronca por el fallo de los supremos provinciales.
“Por más que no nos guste vamos a acatar el fallo porque es el máximo tribunal”, señaló Alén, para después pasar a la ofensiva: “Pero esta Constitución permitió que no hubiera educación ni salud, una policía que sirviera únicamente para el espionaje y una Justicia que asegurara la impunidad en lugar de perseguir a los delincuentes”, dijo. Para Alén, la posibilidad de dar respuestas a los reclamos de la sociedad a través de la reforma constitucional, “aún está viva, por el acompañamiento de la gente, con la movilización de ayer (por anteayer) cuando quedó expresada la voluntad de cambio irreversible y que la reforma ahora o más tarde se va a hacer”. “La reforma de la Constitucional provincial –concluyó– no es un capricho de (el interventor Pablo) Lanusse ni una cosa traída de los pelos. Lo hicimos porque el reclamo de la gente era que había que cambiar la Constitución por ser funcional al juarismo.”