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Los cortes de calles por manifestaciones en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires no serán sancionados con arresto, como pretendía el proyecto que viene fogoneando desde febrero el ingeniero Mauricio Macri. La Legislatura porteña sancionó anoche el artículo del nuevo Código Contravencional de la ciudad que castiga la obstrucción de la vía pública, con una redacción similar a la del Código actualmente en vigencia, tan cuestionado por el macrismo. Los infractores serán sancionados con multa, de 200 a 1000 pesos o 1 a 5 días de trabajos de utilidad pública. Ese solo artículo se aprobó después de un debate de tres horas y media, que incluyó la votación de dos proyectos que no alcanzaron los votos necesarios. Y la pena de arresto para los organizadores de las protestas callejeras logró esquivarse por apenas un voto. El proyecto final, elaborado y negociado por Helio Rebot (macrista moderado) y Miguel Talento (kirchnerista) consiguió 41 votos. Al margen de las penas, el eje del debate es si la norma castiga o no a los piqueteros. Esa pregunta tiene respuestas diferentes según quién sea el interlocutor. Como ocurre hasta ahora, la última palabra la tendrán los jueces contravencionales de la ciudad.
Anoche también fue aprobada la sanción de la oferta y demanda de sexo en la vía pública si se practica a menos de 200 metros de viviendas, escuelas o templos. Los legisladores tenían previsto sesionar hasta la madrugada con el objetivo de que hoy el Código sea ley. Como resultado de la larga pulseada, podría decirse que la norma es más dura que la actual, pero morigerada respecto de los proyectos presentados inicialmente, tanto por el macrismo como por el Poder Ejecutivo porteño.
El nuevo Código, obsesión que le quitó el sueño al macrismo y que se contagió a la mayoría de la dirigencia política porteña, fue aprobado en general el 7 de julio último, con lo justo. Desde entonces, los bloques mayoritarios trabajaron para lograr consensos capaces de lograr un mayor número de adhesión. Así y todo, dos meses y medio después, los diputados terminaron corrigiendo el texto final en la misma sesión.
De acuerdo con el nuevo Código, será sancionado con 1 a 5 días de trabajo de utilidad pública o multa de 200 a 1000 pesos “quien impida u obstaculice la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos”. La norma dice que “el ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención”, pero aclara que los protagonistas de esa protesta “deberán con razonable anticipación dar aviso a la autoridad competente, debiendo respetar las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento”.
La propuesta que había llegado al recinto, diseñada por Rebot y Julio De Giovanni (Partido de la Ciudad, aliado del jefe de Gobierno), incluía la pena de 1 a 5 días de arresto. La oposición de los cinco diputados kirchneristas y las tres ibarristas ponía en riesgo la aprobación del artículo. Por eso, se decidió desdoblar la votación del artículo en dos párrafos: el primero quedó sin el arresto, como finalmente fue aprobado; el segundo imponía arresto de 1 a 5 días para los organizadores del corte de calle. Ese párrafo consiguió 30 votos, uno menos de los necesarios, por lo que no quedó incluido en el Código.
Antes, los diputados sometieron a votación dos proyectos apoyados por minorías: el primero, formulado por Enríquez, imponía penas durísimas: 100 a 5000 pesos de multa y 5 a 15 días de arresto, que se agravaban al doble si el corte provocaba embotellamiento de tránsito o tumultos o si los manifestantes tenían los rostros cubiertos o portaban palos. Ese proyecto, apoyado por los macristas duros de Juntos por Buenos Aires y los lopezmurphistas de Recrear, consiguió 18 votos.
A su turno, Ripoll, desde la izquierda, quiso librar su propia pulseada con la derecha y propuso un texto que imponía como única pena de 1 a 5 días de trabajos de utilidad pública. Este proyecto obtuvo 23 votos: además de los diputados de izquierda, lo apoyaron algunos kirchneristas,el socialista Norberto La Porta y la ex bullrichista María Eugenia Estenssoro, entre otros.
“Tal como quedó, el artículo penaliza la protesta social”, dijo La Porta a Página/12. El diputado socialista aportó al debate un dato interesante: el artículo del viejo Código, vigente en la actualidad, tiene distintas interpretaciones por parte de los jueces: “Han tenido una jurisprudencia dividida, unos sancionan la protesta, otros sostienen que los cortes de calle no son contravenciones. En ese sentido, la Cámara Contravencional se ha pronunciado reiteradamente en contra de la penalización de la protesta”, explicó La Porta.
Los diputados estaban resignados a continuar con el tratamiento de los 48 artículos que faltaban ayer para dejar sancionada la norma. “Hay una gran demanda social para que esta ley salga: cada vez que nos reunimos para tratarla hay un gran despliegue policial, corte de calles y movilizaciones”, dijo a Página/12 una diputada que participó activamente de los acuerdos. La presión llegaba desde la Casa Rosada y la Jefatura de Gobierno porteña: es que cada operativo de seguridad para prevenir hechos de violencia cuesta alrededor de 100.000 pesos.