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Los números difundidos esta semana por la Secretaría de Hacienda ratifican que el Estado se ha convertido en una enorme aspiradora de recursos de los bolsillos de la sociedad. Y que los principales ministros del gabinete nacional no han podido llevar a la realidad la tormenta de anuncios de obras públicas y planes sociales publicitados por el Gobierno, de manera tal de redistribuir buena parte de esos recursos entre los argentinos. Es una nueva versión de la “paradoja de la prosperidad”: un Estado rico, en una sociedad empobrecida.
En los primeros 8 meses del año el superávit fiscal primario u operativo (antes del pago de intereses) superó los 15.500 millones de pesos, 43 por ciento más que lo acordado con el FMI para todo el año.
En julio el ahorro fiscal había sido de 1656 millones. En agosto escaló otro peldaño, llegando a 1937 millones de pesos, pese a que la recaudación tributaria fue el mes pasado 300 millones inferior a la de julio. Esos datos son la mejor prueba de que la aspiradora fiscal no sólo funciona gracias a la mayor recaudación sino que es también una consecuencia de la morosidad en la ejecución del gasto público.
El secretario de Hacienda, Carlos Mosse, admitió esta situación. Pero la exhibió como un hecho positivo: “la fuerte contención de los gastos permitió lograr este resultado” en agosto, destacó. Los dichos de Mosse llaman la atención, porque hasta ahora no se sabía que el Gobierno estuviese embarcado en un programa de “contención” del gasto público sino todo lo contrario. El Gobierno suele promocionar los anuncios de nuevas obras públicas, viviendas y planes sociales con la intención de paliar la grave crisis social que aún atraviesa el país, motorizar la demanda de consumo e inversión, y apuntalar la reactivación. El propio presidente Kirchner explicó el cambio de paradigma que significaba su gestión, con un sector público más keynesiano, que acompañara el crecimiento económico en lugar de ahogarlo.
Sin embargo, la distancia de los papeles a la realidad siempre es grande, y mucho más cuando el instrumento para gestionar políticas es una burocracia desmantelada. Como informó este diario, según la Asociación de Presupuesto Público (ASAP), hay una preocupante subejecución de partidas presupuestarias en dos ministerios clave: Planificación Federal (Julio De Vido) y Desarrollo Social (Alicia Kirchner). Dicho sea de paso, Planificación agrandará el año próximo su presupuesto en 3000 millones de pesos (136 por ciento más) y los fondos de Desarrollo Social aumentarán en 600 millones (25 por ciento más).
La “paradoja de la prosperidad” no es un problema de nombres, sino que está ocurriendo en todos los niveles de la administración. “Nunca vi algo así, a todo el mundo le sobra plata”, comenta el director de un organismo que averiguó si cabía la posibilidad legal de depositar el dinero excedente de su repartición en un banco que no fuera el Nación, para ganar algún punto más de tasa de interés.
Un primer problema se refiere a los obstáculos para realizar licitaciones públicas expeditivas y a la vez transparentes. Un segundo escollo es el temor de los funcionarios a caer presa de una investigación anticorrupción de jueces federales ávidos de reputación. Una tercera dificultad es la incapacidad operativa de algunas áreas, habituadas al reparto clientelístico, donde escasean los técnicos calificados para evaluar con criterios objetivos la entrega de subsidios sociales.
Hoy el único gasto “fácil” de ejecutar son las mejoras de sueldos públicos y jubilaciones. Pero, claro, ningún gobierno quiere cargarse en la mochila un gasto permanente, cuando desconfía de que la prosperidad sea transitoria.