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“Al fin los jueces hicieron justicia”, destacó el secretario de Prensa de la CGT, Juan Manuel Palacios. “Discrepamos con los fundamentos del fallo, que tendrá graves consecuencias, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales”, retrucó la Unión Industrial Argentina. La decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional un artículo clave de la Ley de Riesgos del Trabajo desató un áspero debate.
El Gobierno optó por guardar silencio hasta que defina su posición, pero empresarios y sindicalistas le hicieron llegar su pensamiento. Las cámaras patronales y la Unión de ART son las más interesadas en que el Poder Ejecutivo intervenga rápidamente. Le reclaman que vuelva a limitar los costos de las indemnizaciones por accidentes laborales, aunque admiten que los valores que se pagaban hasta el momento eran demasiado bajos.
La resolución del máximo tribunal activó una discusión que sectores empresarios bloquearon durante años. El sistema de ART como funcionaba hasta ahora les permitía a las compañías desentenderse de las consecuencias de los accidentes de sus empleados, al menos de las económicas. Con sólo pagar la cuota a la aseguradora, sabían que cualquier siniestro estaba cubierto. No debían poner un solo peso más, incluso en caso de muerte. La ley rige desde el 1º de julio de 1996. Se sancionó con el apoyo de la CGT, primero bajo la conducción de Gerardo Martínez –quien en 1994 firmó un acuerdo con empresarios y gobierno, avalando la creación del sistema– y luego de Rodolfo Daer.
Los trabajadores debían conformarse con la reparación que cobraban de las ART, las cuales estaban tarifadas. El promedio de indemnizaciones por muerte en los últimos dos años es de 85.000 pesos. Lo que hizo la Corte fue restablecer el derecho de los empleados a accionar a través del Código Civil, para reclamar una indemnización integral. En caso de muerte, por esta vía los familiares pueden llegar a cobrar entre 400 mil y 1 millón de pesos, en un juicio que pueda probar la responsabilidad del empleador por no haber tomado las medidas de seguridad apropiadas.
Héctor Recalde, abogado de la CGT, quien se opuso al régimen de ART desde un principio, valoró el fallo unánime de los supremos porque “termina con la concepción de que las leyes del mercado predominan sobre los derechos constitucionales y sociales”. En cambio, la UIA afirmó que se promueve el regreso de la “industria del juicio”. Sobre este punto, Luis Ramírez, secretario de la Asociación de Abogados Laboralistas, indicó que “es una falsedad absoluta que los abogados cobren sobre el valor inicial de la demanda. Las costas las regula el juez en base al monto de la indemnización”. Luego aclaró que una empresa perderá un juicio y deberá pagar un plus sobre la cobertura contratada “en caso de que el empleado logre probar que el accidente ocurrió por responsabilidad del patrón y que el daño es mayor a la reparación que cobró de la ART”.
El costo promedio del seguro de ART es de 17,9 pesos por trabajador. La cuota equivale, también en promedio, al 2,05 por ciento de la masa salarial. Cuando se creó el sistema, se calculó que las empresas deberían aportar el equivalente a entre 3 y 4 puntos. Sin embargo, los bajos montos que se pagan de indemnizaciones redujeron también el valor de las primas. “Lo que están ocultando las empresas es que tendrán que invertir en serio para garantizar la seguridad de sus empleados”, enfatizó Ramírez.
Mara Bettiol, gerenta general de la Unión de ART, señaló a este diario que “el sistema se creó porque el anterior había colapsado, dado que las empresas quebraban al no poder previsionar los costos de accidentes”. “Lo importante ahora –reclamó– es restablecer la certidumbre.” El pedido al Gobierno es que vuelva a limitar el acceso de los trabajadores a la justicia civil. A cambio, los empresarios se muestran dispuestos a que suban los montos de las indemnizaciones y, por ende, a costear un seguro más caro.