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Por C. R.

El sociólogo José Nun, director del Instituto de Altos Estudios Sociales (Idaes), sostuvo que el actual modelo de seguridad genera una difusión pública que hace que “en la Argentina exista una percepción que indica que acá estamos peor que en Brasil o México, cuando la tasa de homicidios, cada 100 mil habitantes, es mucho más alta en esos países que en el nuestro”. Horacio Verbitsky, como presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), apuntaló esa visión diciendo que la situación en el país se asemeja “a lo que ocurría en pequeños pueblos de los Estados Unidos, donde nunca había un crimen, pero donde la gente vivía aterrorizada por lo que la televisión contaba que ocurría en Nueva York o en Chicago”. Las personalidades que hablaron en la presentación del documento insistieron en señalar que los sectores más desprotegidos de la sociedad son los que más sufren la inseguridad.
“Dar seguridad a un sector de la sociedad siempre priva de derechos a los sectores más vulnerables”, afirmó Verbitsky en su intervención. Agregó al respecto que esos sectores marginados “no son generadores sino víctimas de la inseguridad”. El director del CELS apeló a la ironía para definir el estado de cosas al que han llevado “cincuenta años” de malas políticas de Estado. Dijo que el afán por aplicar la “mano dura” en la materia convirtió en realidad a una vieja frase de la sabiduría popular: “A seguro, lo llevaron preso”.
Nun mencionó a la pobreza como uno de los factores que inciden negativamente. “Las estadísticas dicen que un millón y medio de jóvenes no estudian ni trabajan. Todos sabemos que la mayoría de ellos, el 90 por ciento, jamás va a caer en el delito, pero queda la duda sobre un diez por ciento, que significa que hay 150 mil personas expuestas”. Enrique Font, director del Programa de Seguridad Urbana y Derechos Humanos de la Universidad de Rosario, insistió en que el delito “no es un problema debido a los sectores más postergados”.
“La situación de impunidad, la violación de las leyes ocurren en todo el arco social”, aseguró Font, quien sostuvo que “el control de la violencia debe hacerse, en especial, sobre la violencia que se ejerce desde el Estado”. Juan Carr, de la Red Solidaria, aseguró que uno de los objetivos es “evitar la fragmentación de la sociedad, promoviendo la inclusión social, la integración, la unión, el diálogo”.
El rabino Daniel Goldman recordó la necesidad de la participación de todos, porque “hay algunos culpables, pero todos somos responsables”. Puso énfasis en señalar que el documento presentado “no pretende cerrar el debate, sino abrirlo, en un país donde nos hemos olvidado de debatir”. El abogado del CELS Gustavo Palmieri, ante una pregunta sobre la recepción que hay, en los escritorios oficiales, a este tipo de iniciativa, recordó que “lo que se planteó acerca de la necesidad de tener una Corte Suprema de la democracia tuvo buena receptividad de parte de un gobierno y eso fue muy importante”.
Otra pregunta de la prensa estuvo dirigida a medir el nivel de participación en el debate, sobre todo de parte de los sectores más postergados que, a veces, según dijo una cronista presente en el acto, “a veces se autoexcluyen”.
Sobre el tema, José Nun consideró como “muy importante la actitud de algunos pibes chorros que hoy reivindican la figura de un chico como ellos, el Frente Vital, que fue asesinado por la policía”. Recordó que el Frente “robaba los camiones que transportaban leche y yogur para dar alimentos a los pobres. Que se reivindique hoy su figura como un Robin Hood es positivo, porque está indicando que todos aspiran a una mejor distribución de la riqueza como un factor importante”.
Nun dijo que las políticas en materia de seguridad “deben ser respaldadas con plata, con un mejor presupuesto, para que puedan avanzar”. El rabino Goldman dijo que es muy importante hoy “enfrentar el mensaje fascista”encarnado por los mentores de las políticas de “mano dura”. En ese sentido puntualizó que “al mal no se lo elimina, al mal se lo combate”. Todos insistieron en que el documento presentado “no es un proyecto específico” sino “un punto de partida para ampliar y discutir, aunque ya hay algunas propuestas legislativas afines que están en discusión en el Congreso”. También señalaron como una buena señal la audiencia que mantendrán el 24 de este mes con los miembros de la Corte Suprema para analizar la grave situación en las cárceles bonaerenses.