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El regreso de Carlos Menem a la Argentina se parece cada vez más al salariazo que prometió y nunca llegó. Durante este año, el ex presidente anunció media docena de veces que volvería “en 2007 o antes”, luego habló de septiembre de este año y después, de octubre. Hace una semana precisó que su retorno se produciría exactamente el 27 de noviembre. También se mencionó que viajaría tras el cumpleaños de su hijo Máximo, que se celebra hoy. Pero la Justicia argentina no le está facilitando los planes. Por segunda vez, el juez federal Jorge Urso rechazó el pedido de eximición de prisión que había planteado para evitar ser detenido en caso de volver al país desde Chile, donde lleva casi un año autoexiliado.
En una resolución de cuatro carillas, el magistrado basó su negativa en el principio protector del derecho a la libertad ambulatoria, que “fue francamente violentado por la actitud adoptada por Carlos Saúl Menem” con su “ausencia injustificada” a sucesivas citaciones a declaración indagatoria.
En septiembre, Urso había denegado una solicitud similar argumentando que no corresponde aceptar el pedido pues se encuentra prófugo. Ese requerimiento no había sido presentado por los abogados de Menem sino por representantes de una agrupación interna del justicialismo denominada “Menem Vuelve”. Desde Chile, Menem insinuó que el presidente Néstor Kirchner no podría terminar su mandato y está rearmando su fuerza política porque vaticina volver a la Casa Rosada “antes de 2007”.
Urso instruye la causa en la que se investiga al ex presidente por supuestos ilícitos y sobreprecios en la administración de fondos para la construcción de las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz durante su mandato. El expediente se originó en una denuncia que en 2000 radicó la entonces secretaria de Asuntos Penitenciarios, Patricia Bullrich, por presuntas anomalías registradas durante las gestiones de Elías Jassan y Raúl Granillo Ocampo como titulares del Ministerio de Justicia. Las obras para la construcción de establecimientos penitenciarios habían sido adjudicadas a las empresas Techint y DyCasa. Los contratos para la construcción de las cárceles, firmados en 1997, fueron pactados en unos 240 millones de pesos a pagar en cuotas trimestrales, pero habría peritajes que indican que, con los materiales y elementos propuestos, las obras se podrían haber realizado por aproximadamente la mitad de ese valor.
Urso rechazó la solicitud porque el ex presidente “no está a derecho”, pues tiene dos pedidos de captura nacional e internacional que no se efectivizaron aún porque está residiendo en Chile. Además de Urso, también lo declaró en rebeldía el juez federal Norberto Oyarbide, que lo investiga por la presunta omisión maliciosa en su declaración jurada.
Este es el frente de tormenta que presenta la Justicia federal. Pero el clima no pinta mejor en el fuero penal económico: la Cámara de Apelaciones revocó su sobreseimiento en la causa por contrabando agravado de armas. Ese delito no es excarcelable y, si el juez Julio Speroni acata las indicaciones de sus superiores, no tendría más opción que llamarlo a indagatoria y procesarlo con prisión preventiva.
Así las cosas, Menem preferirá quedarse del otro lado de la cordillera antes que volver y quedar encerrado, aunque sea en una cómoda quinta como la de su amigo Armando Gostanian, que ya lo alojó cuando estuvo preso por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.