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Por R. K.

La Oficina Anticorrupción, la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y la fiscalía especial que trabaja en la investigación del atentado pidieron ayer el allanamiento de la casa y el despacho del juez Juan José Galeano. La iniciativa apunta a determinar qué documentación retiene el magistrado, quien ante el Consejo de la Magistratura mencionó que guarda elementos archivados. Como Galeano retuvo un video durante siete años y de golpe se lo envió a un juez, quienes hoy representan al Estado en la investigación del atentado insistieron en que se hagan los allanamientos para encontrar y preservar las pruebas que el propio Galeano dijo tener archivadas. Ayer por la tarde, fuentes allegadas al juez aseguraron que éste sólo guarda fotocopias de papeles que están en el expediente.
Alejandro Rúa, titular de la Unidad AMIA, y Daniel Morín, de la OA, se alarmaron por una frase de Galeano en el Consejo de la Magistratura: “Perdónenme si es demasiada información. Yo la voy sacando de mis archivos para tratar de instruirlos”. A partir de esos dichos, los funcionarios les pidieron a los fiscales Alberto Nisman y Carlos Cearras que soliciten el allanamiento del domicilio de Galeano y el juzgado federal que encabeza.
“Ante tanta actuación judicial extraviada, alterada, tergiversada, sustraída, duplicada, construida, destruida, traspapelada, aparecida, alegadamente sustraída, desaparecida, cajoneada, vuelta a aparecer y en consonancia con las graves imputaciones que pesan sobre el juez, se impone la necesidad de acceder a ese archivo personal que dice tener el magistrado”, dice el escrito de Rúa y Morín. Ayer, el fiscal Nisman le pidió al juez Claudio Bonadío, encargado de investigar las irregularidades en el caso AMIA, que ordene los allanamientos, aunque hasta anoche el magistrado no había tomado ninguna decisión.
En realidad, los originales de la causa AMIA están en poder del nuevo juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, pero tras una investigación de más de diez años está claro que hubo numerosos casos en los que apareció documentación que debía estar en el expediente y no lo estaba. También está probado que Galeano le ordenó a su secretario Carlos Velasco que destruya cintas de video en la parrilla de su casa. Y lo más asombroso fue que durante el juicio oral se le pidió a Galeano que aportara otro video, supuestamente desaparecido hace siete años, y el juez lo entregó.