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Un gran escándalo político sacude al municipio de Quilmes. La Justicia investiga a una concejala justicialista por presunto peculado (sustracción de fondos públicos en beneficio propio) y enriquecimiento ilícito. Lo más curioso es que fue denunciada por sus propios familiares, que dicen que los habría nombrado como empleados del Concejo Deliberante –sin avisarles– y se quedaba con sus sueldos. El caso tiene implicancias más graves aún. Entre los damnificados hay un discapacitado mental leve. El hombre empezó a denunciar la operatoria en radios locales y a los pocos días comenzó a decir que estaba recibiendo de la propia concejala amenazas de que sería internado en un hospital neuropsiquiátrico si no cerraba la boca. Un día después de revelar esas presiones, tres patrulleros de la comisaría 5ª de Quilmes se presentaron en su casa y lo llevaron por la fuerza al Borda, donde quedó internado. Hoy, la concejala debe presentarse a indagatoria en los tribunales de Quilmes.
El miércoles, la concejala Liliana Lutteral pidió la eximición de prisión, pero ayer le fue denegada. La edil apeló la medida. Uno de los delitos por los cuales la investiga el fiscal Luis Armella, el de peculado, tiene una pena mínima de 5 años de prisión, con lo cual no es excarcelable. Ayer, en el ámbito político de Quilmes –los pagos del ministro de Interior, Aníbal Fernández– se especulaba con su inminente detención.
Lutteral va por su tercer mandato como concejala. Llegó a la política como maestra: su primer cargo electivo fue el de consejera escolar. El caso que la puso en el centro del escándalo fue el de Rufino Blanco Cisneros, un primo de su esposo, Jorge Tévez. El hombre, de condición humilde, tiene una discapacidad mental leve. Asegura que se enteró de que había sido nombrado como empleado del Concejo Deliberante de Quilmes recién cuando le llegó el telegrama de despido, en enero del 2004. Lutteral se habría quedado con su sueldo de 666 pesos durante siete meses. “Cisneros había recibido la promesa de la concejala y del marido de que iba a ser nombrado porque su situación familiar lo requería, lo necesitaba porque estaba sin trabajo. El reclamó muchas veces por esas promesas y le decían que el nombramiento no salía”, señaló la abogada Mónica Frade, de la Casa de Derechos Humanos de Quilmes, que decidió patrocinarlo, conmovida por el caso.
Cisneros empezó a reclamarle el dinero de su sueldo a Lutteral y a Tévez, y finalmente, al no obtener respuesta, decidió denunciarla en radios de Quilmes. En sus primeras denuncias públicas estuvo acompañado por su esposa Raquel Maldonado, quien confirmaba sus dichos. Sin embargo, el 3 de noviembre, Maldonado se presentó acompañada por la propia Lutteral en el diario El Sol, de Quilmes, y desmintió a su marido en un reportaje en el que afirmó que él no estaba bien de la cabeza. El 4 de noviembre, Cisneros denunció ante los periodistas Roberto y Néstor Carrigal, de FM Elite, y Adrián Di Nucci, del semanario El Suburbano, que Lutteral le estaba ofreciendo dinero a su esposa y lo estaba amenazando con internarlo en el Borda si seguía hablando. Sus palabras quedaron grabadas. El diálogo –al que tuvo acceso Página/12– fue el siguiente:
–¿Es cierto que te quisieron internar ayer? –le preguntó uno de los periodistas.
–Sí, según ellos dicen que yo estoy loco, que tengo que ir al Borda, pero estoy mucho más sano que ellos.
–¿Quiénes son ellos? –indagó el periodista.
–La Liliana Lutteral.
–¿Ella te quiso internar?
–Ella, sí, ella y el marido.
Un día después, tres patrulleros de la comisaría 5ª de Quilmes llegaron sorpresivamente hasta la humilde casa de Cisneros. En el interior de uno de ellos estaba su esposa. Lo hicieron ingresar a uno de los vehículos y lo llevaron al Hospital Borda. “La internación la ordena el Tribunal Nº 1 de Familia de Quilmes con una celeridad inusual, con un certificado de un psiquiatra particular que no sabemos quién pagó y que casualmente es el mismo que fue designado como perito de parte por el comisario Soria, relevado días atrás de la comisaría Nº 1 de Quilmes tras el dudoso incendio del 21 de octubre en el que murieron cuatro menores”, señaló la abogada Frade. Cisneros estuvo internado en el Borda durante siete días, hasta el viernes pasado, cuando sorpresivamente se le notificó a un hermano suyo la externación, sin más explicaciones. La abogada mencionó que la “liberación” de Cisneros se produjo un día después de que el programa La cornisa (América) lo filmara con una cámara oculta dentro del neuropsiquiátrico. “La posibilidad de que a Cisneros lo hayan internado por una vinculación entre el poder político y el judicial es gravísimo”, consideró Frade.
Frade pidió el lunes que se investigue a Lutteral también por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que La cornisa mostrara el domingo su nueva casa, un lujoso chalet muy alejado de su antigua vivienda en el humilde barrio Primavera. También, después de ver el programa, otra prima del marido de Lutteral se presentó en la causa para denunciar que fue víctima de una maniobra parecida a la de Cisneros.
La municipalidad de Quilmes aportó dos casos más que tendrían el mismo modus operandi: personas que habrían sido nombradas por Lutteral para que trabajen en el Concejo, pero que no realizan tarea alguna y otra persona cobra en su lugar.
Ayer declaró ante el fiscal Armella el presidente del Concejo Deliberante, Eduardo Schiavo. El fiscal allanó al edificio municipal en busca de documentación. No sólo Lu-tteral se tiene que presentar hoy a indagatoria. También su esposo, a quien la edil había nombrado como empleado junto a dos de sus hijos. Ellos tres y otros diez empleados nombrados por Lutteral –algunos se presume que también serían familiares– fueron dados de baja ayer por un decreto del intendente Villordo. Todos ellos tenían sueldos de entre 800 y 900 pesos.