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En diez días, el marino argentino Adolfo Scilingo será juzgado en España por genocidio y terrorismo de Estado. “Este es un precedente formidable porque da una idea de cómo es posible imaginarse el funcionamiento adecuado de la Justicia internacional, marca un hito en el derecho internacional de los derechos humanos”, dijo a Página/12 el abogado Carlos Slepoy, uno de los motores del juicio que instruyó Baltasar Garzón y que después de casi ocho años convierte en realidad lo que parecía imposible: la persecución de los genocidas más allá de las fronteras. Slepoy se reunió ayer con el canciller Rafael Bielsa y con el vicecanciller Jorge Taiana para agradecerles la rapidez con que gestionaron el exhorto de la Justicia española para que testigos argentinos pudieran declarar por videoconferencia. La Cámara Federal realizó el sorteo y el azar eligió al juez Claudio Bonadío como encargado para citar a los testigos. Se está gestionando que la sala de la Cámara donde se realizó el Juicio a las Juntas sea el lugar desde el que se transmitan las videoconferencias.
Scilingo quedó detenido en España en octubre del ’97 después de confesar ante Garzón que él había participado en los vuelos de la muerte como integrante de los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El mismo testimonio lo había dado ante el periodista Horacio Verbitsky, quien lo reprodujo en el libro El vuelo. En ese momento la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida clausuraba la reapertura de la vía judicial en la Argentina, mientras avanzaba el inédito proceso en España. Después de poco más de dos meses en la cárcel, Scilingo quedó en libertad provisional pero se le retiró el pasaporte, se le asignó una custodia y se le impidió salir del país. En el 2001 fue nuevamente encarcelado y la semana próxima será finalmente juzgado. Para fines de año, otro marino, Ricardo Miguel Cavallo, quien fue detenido en México a pedido de Garzón, también será sentado en el banquillo de los tribunales madrileños.
Slepoy destacó la “singularidad de este proceso en el que el Gobierno y los tribunales de uno de los países en el que se cometieron los crímenes establece su colaboración en el entendimiento de que, por un lado, son crímenes internacionales que deben ser perseguidos por los distintos tribunales del mundo con indiferencia del lugar donde se cometieron y de la nacionalidad de las víctimas. Y, por otro lado, constituye un avance trascendental en el proceso de lucha efectiva contra la impunidad que se había abierto tras la decisión de varios jueces y cámaras federales de la Argentina que declararon la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y que se ha consolidado a través de sucesivas acciones del actual gobierno”.
La Acusación Popular, una de las partes querellantes, que lidera Slepoy, propuso originalmente la citación de 46 testigos en España y de 132 en la Argentina. Calculan que quedarán, finalmente, entre 120 y 140. El juicio se extenderá entre un mes y medio y dos meses. En Madrid van a prestar declaración Robert Cox, ex director del Buenos Aires Herald, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; Horacio Verbitsky, el ex fiscal del Juicio a las Juntas, Julio Strassera; el ex fiscal Hugo Cañón, el rabino Daniel Goldman, el pastor José De Luca, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; las ex detenidas-desaparecidas Adriana Calvo, Graciela Daleo, Susana Burgos; la abogada Mirta Mántaras, las abuelas Isabel Mariani, Elsa Pavón, Matilde “Sacha” Artés y su nieta Carla; el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Víctor De Gennaro y el dirigente del gremio judicial Víctor Mendibil. La ex subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno de James Carter Patricia Derian, quien en 1977 viajó tres veces a la Argentina para investigar las denuncias de torturas, secuestros y desapariciones también está citada.
Entre quienes aportarán su testimonio desde Buenos Aires para sumar a las 50 mil fojas que se acumularon durante la instrucción figuran Ernesto Sabato, la ex dirigente docente y diputada por el ARI Marta Maffei, Beinusz Szmukler, Pablo Díaz, Rufino Almeida, Eduardo Anguita, Miriam Lewin, Cecilia Viñas, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Posiblemente también declare Hebe de Bonafini.
“Nuestro propósito es que se ratifique en juicio oral y mediante sentencia la existencia de un genocidio en la Argentina. Sería la primera vez que una sentencia ratifique la existencia de un genocidio en un país de América latina. Sabemos que no hay condiciones hoy para llegar a criminales protegidos por Estados poderosos, pero es un avance importante en la convicción de que la persecución de criminales de lesa humanidad debe hacerse a través de la colaboración de la Justicia”, dijo Slepoy.