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La manifiesta empatía entre los gobiernos de Néstor Kirchner y José Luis Rodríguez Zapatero no resulta suficiente para conjurar la crisis con el grueso de inversores españoles que se generó desde la devaluación. Este eventual divorcio entre el área política y la económica quedó probado ayer, cuando el propio ministro de Industria hispano, José Montilla, consultó a los directivos de firmas ibéricas acerca de la posibilidad de desistir de sus millonarias demandas contra el Estado argentino planteadas ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, por los presuntos perjuicios que les habría ocasionado la pesificación y congelamiento de tarifas. La negativa del puñado de directivos ibéricos que ayer desayunó en un hotel porteño con el presidente del Gobierno español y su comitiva fue rotunda: no levantarán ni un solo de sus reclamos hasta acordar los términos de los nuevos contratos de privatizaciones, cometido que está resultando difícil.
Zapatero admitió ayer que este pleito legal formó parte de la agenda de debate con el mandatario local y, a partir de ello, el jefe de Gobierno español asumió como misión “acercar posiciones para que los intereses de Argentina y los lógicos y razonables de las empresas lleguen a un punto de entendimiento”. El líder europeo no precisó cuáles son los límites de la aludida lógica y razonabilidad de las aspiraciones patronales. Pero sí dejó en claro que las demandas de seguridad jurídica a la Argentina que él mismo respalda no entrañan avalar cualquier pretensión empresaria.
El encuentro en el Hotel Alvear fue organizado por el Observatorio Latinoamericano, núcleo que representa a los capitales españoles en la región y que fue creado en Madrid por el gobierno socialista para seguir de cerca sus conflictos, bajo la supervisión de La Moncloa. A instancia del asesor económico oficial español, Miguel Sebastián, la reunión de ese grupo tuvo lugar en Buenos Aires, cuidando de que no ocurra lo que en otras oportunidades, cuando el fuerte tono de las críticas empresarias al gobierno local puso a Zapatero en una incómoda situación frente a su par argentino y hasta devino en la expulsión de Gutiérrez, ex titular de Telefónica.
Entre los recaudos tomados para evitar un hecho de similar tenor, se acotó el número de participantes a un puñado estrecho de directivos, que en varios casos viajaron desde Europa especialmente, marginando a sus subordinados locales. Por una u otra vía, garantizaron su presencia en el cónclave matutino Telefónica, Endesa, Aguas de Barcelona, Gas Natural, los bancos Bilbao Vizcaya y Santander Hispano, Marsans, Iberdrola, Unión Fenosa, Indra y Sol Meliá, entre otras. Tienen el común desvelo de que en Argentina haya estabilidad de reglas, pero sostiene pretensiones singulares, según pertenezcan o no a la troupe de privatizadas.
En este último caso, los afanes son nítidos: las empresas quieren firmar cuanto antes nuevos contratos que limiten la participación del Estado en la fijación de las futuras tarifas y en los nuevos planes de inversiones (a menos que éstos sean solventados con recursos públicos) y, de ser posible, que se les reconozca la eventual pérdida sufrida desde la devaluación en próximas recomposiciones de precios. En esta línea, el controvertido marco regulatorio general de los servicios públicos que el Ministerio de Planificación envió al Congreso debería abortar.
Pero mientras la discusión por estas cuestiones esté abierta, las empresas aseguran que permanecerán indemnes los pedidos indemnizatorios, que sólo en el caso de Telefónica llega a 2800 millones de dólares, por encima de los 1700 millones que habrían planteado Endesa (Edesur, Central Costanera, Chocón, Dock Sud y Cemsa) o Aguas Argentinas, que en un 25 por ciento pertenece a la hispana Aguas de Barcelona.
En algún momento el gobierno argentino especuló con que esta firma catalana podría proveerle un atajo en la controversia con aquella prestadora del servicio sanitario en Buenos Aires (aparte), incluyendo la variante de que aumentara su participación accionaria en detrimento de lafrancesa Suez, que hoy lidera la privatizada con un 39 por ciento. Sin embargo, Aguas de Barcelona tuvo ayer una de las posiciones más duras al resaltar ante Zapatero cuánta mella había hecho en su negocio la decisión argentina de devaluar, pesificar y congelar el precio del servicio. Una belicosidad similar a la que ya mostró en la intimidad de las reuniones de directorio de Aguas Argentinas.
En su calidad de accionista de Edesur, Endesa tampoco es muy proclive a desistir de los reclamos de arbitraje ante el Banco Mundial. Mucho menos cuando acaba de rechazar por escrito la propuesta de renegociación contractual que le acercó el Gobierno. Para la distribuidora eléctrica aceptarla hubiera significado darles a los administradores argentinos la potestad de alterar discrecionalmente el precio del servicio, dejando al arbitrio oficial la decisión de cuándo y en qué invertir.
Pero para las firmas europeas no todas son espinas. Así lo habría demostrado el tono más amigable empleado por el presidente de Repsol, Antonio Brufau, quien el martes anunció un programa de inversiones por 1200 millones de dólares en la Argentina.
La verdad es que ni las retenciones a las exportaciones ni las dificultades para aplicar a rajatabla el alto precio internacional del crudo y el gas percuden el sólido negocio de la petrolera. Como tampoco se condena al que realizan otras privatizadas del área energía a las que –a pesar de las diferencias de criterio que aún subsisten– ya se les consintió un “sendero de precios” que hacia fin de año habrá llevado muchas tarifas al mismo nivel que tenían en moneda dura a fines de la Convertibilidad. Frente al repliegue general de la banca extranjera, el BBVA (Francés) y el Santander (Río) sobrevivieron a la crisis financiera ampliando su cartera de clientes y reforzando su estrategia comercial. No faltan razones para que las empresas que ayer desnudaron sus quitas ante Zapatero sigan apostando al mercado local.