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El gobierno británico dio marcha atrás con uno de los pilares de su política antiterrorista. En una declaración a la Cámara de los Comunes, el ministro del Interior, Charles Clarke, dijo que la detención indefinida sin cargos de extranjeros sospechosos de terrorismo será sustituida por una forma de libertad condicional o arresto domiciliario. El nuevo sistema incluirá una serie de medidas de control por medios electrónicos, toque de queda y hasta deportación de aquellos sospechosos de terrorismo que las organizaciones de derechos humanos consideraron “draconianos”.
Clarke reconoció que el cambio de política se debía al dictamen de la máxima instancia judicial del Reino Unido, la Cámara de los Lores, que asestó un golpe mortal a la ley antiterrorista vigente al calificarla de incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos. El pasado 16 de diciembre, ocho de los nueve jueces lores que integran el equivalente británico de una Corte Suprema declararon “ilegal” la ley por considerarla “discriminatoria”, ya que admitía una detención indefinida para extranjeros que no autorizaba para británicos. Doce hombres, oriundos en su mayoría del norte de Africa, se encuentran en esta situación, en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh en el sur de Londres, desde diciembre de 2001.
La declaración de los lores dejó sin mucho margen de maniobra al gobierno laborista. La ley antiterrorista, que la Cámara de los Comunes votó a regañadientes después de los atentados del 11 de septiembre, requiere la renovación regular del Parlamento por tratarse de medidas “extraordinarias”. Con el dictamen de los lores, era imposible que el Parlamento aprobara una extensión de las prerrogativas especiales de la legislación. En un intento de presionar a la Cámara y sacar algún rédito de este revés, Clarke señaló que los presos continuarían en la cárcel de Belmarsh hasta que el Parlamento aprobara el nuevo régimen antiterrorista. El ministro dejó en claro que el gobierno sigue considerando que estos presos representan una amenaza para el Estado británico. “La amenaza es real y por lo tanto pienso que los pasos que estoy anunciando hoy nos permitirán lidiar mejor con los peligros que enfrentamos”, dijo el ministro.
En función de esta “amenaza” el gobierno propuso un sistema de control que las organizaciones de derechos humanos calificaron de “dracroniano”. Sin necesidad de probar que los afectados cometieron un delito, la ley otorga al gobierno el derecho a prohibir que ciertas personas se reúnan, imponer toques de queda a los movimientos de los sospechosos, implantarles en el cuerpo sistemas de vigilancia electrónica o confinarlos a arresto domiciliario. Eso sí: a diferencia de la anterior ley, ésta se aplicará a todos, británicos y extranjeros. Una de las organizaciones que lideró la campaña contra estas medidas, Liberty, señaló que el gobierno ha empeorado las cosas.