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El ex presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA) Pablo Javkin entregará el martes al tribunal que juzga al ex marino Adolfo Scilingo documentación que acredita la desaparición de 3200 estudiantes y profesores. Se trata de una prueba que contribuirá a revelar el carácter sistemático que asumió el terrorismo de Estado en el ámbito académico. “Esto ayudará a ampliar el concepto de genocidio, hasta ahora acopiado en el mundo por causas raciales, étnicas, religiosas pero no políticas”, destacó la socióloga Inés Izaguirre, que dirigió la investigación. Javkin se presentó ante el juez Baltasar Garzón en 1997, pero ahora agregará otros elementos a su testimonio, entre ellos incorporará 1200 casos nuevos de víctimas universitarias.
La documentación, aportada por el grupo de investigación que encabeza Izaguirre en el Instituto Gino Germani, no pasará desapercibida. De acuerdo con lo evaluado por Javkin, adquiere valor no sólo como testimonio histórico sino también como prueba para avanzar en la acusación que enfrenta Scilingo por genocidio, calificación jurídica que hasta el momento sólo fue asumida por los tribunales argentinos en una causa contra los represores de la dictadura.
La investigación revela la desaparición y, en algunos casos, el asesinato de 3286 estudiantes, profesores y empleados académicos. Si bien el número de gente desaparecida se incrementó groseramente tras el golpe militar de 1976, Izaguirre destacó que varias de las desapariciones se remontan hasta 1971, donde se registraron diez casos.
“Los estudiantes son el grueso e integran el 70 u 80 por ciento. Pero también fueron detenidos profesores y profesionales que trabajaban en la facultad. Hay que prestar atención a cómo operó la dictadura en las distintas facultades. Medicina tuvo muchos desaparecidos pero también tenía muchísimos alumnos. Si uno toma en cuenta la proporción en función del alumnado, las carreras sociales fueron las que más desapariciones sufrieron”, evaluó Izaguirre. Las condenables cifras que se suceden en el informe abarcan todas las carreras. Incluso encontró el caso de cuatro jóvenes que estudiaban en el Colegio Militar y cinco en la Policía. Para la socióloga esto se explica porque “había muchos que no coincidían con todas las ideas de esas instituciones o se pudo comprobar el caso de militantes políticos que iniciaban sus estudios allí para incorporar herramientas a la lucha armada”.
“Nuestra intención es revelar o ratificar que existió un mecanismo de persecución organizado dentro de las facultades, en donde muchas de las autoridades colaboraron con las fuerzas militares. Esto se observa en la desaparición de legajos o en la elaboración de listas negras”, comentó Javkin tras referirse al caso emblemático de la Universidad de Córdoba. “Allí todos los alumnos debían acreditar su regularidad con un certificado de buena conducta elaborado por la policía. Eran informes que detallaban si se había encontrado algún alumno portando ‘libros de izquierda’ o si había militado en alguna organización o centro de estudiantes. Ese muchacho, en el mejor de los casos, dejaba de ser alumno de esa universidad.” Javkin destacó el caso de 970 estudiantes de los que se conoce qué carrera seguían pero no se pudieron obtener datos de la universidad. Algo que, según el dirigente, se explica por la desaparición de legajos con la que las mismas autoridades universitarias colaboraban.
Todos estos mecanismos formarán parte de la presentación de Javkin, que también contará con datos obtenidos por investigaciones de la FUA. “Muchos elementos contribuyen a ver cómo había una lógica, una sistematicidad”, evaluó el ex dirigente estudiantil.
Otro aspecto importante que se desprende de la investigación es la comprobación de los lazos de cooperación que existieron entre Argentina y los países limítrofes. “En el total de casos están incluidos jóvenes extranjeros que estudiaban en Argentina, así como estudiantes argentinos detenidos en el exterior”, explicó Javkin. Al respecto el trabajo de Izaguirre destaca que, de los 3286 casos, un 32 por ciento eranestudiantes españoles. En el caso de los argentinos, se comprobó el caso de 8 jóvenes desaparecidos mientras completaban sus estudios en universidades de Chile, Uruguay y Brasil.
Si bien los datos tomados por la FUA para la presentación en España sólo se refieren al ámbito académico, la investigación de Izaguirre se extendió y actualmente cuenta con una base de 11.600 casos. “Nuestro trabajo nunca se termina”, expresó tras reivindicar cómo a pesar de varios escollos sufridos, entre ellos la negativa por parte del Conicet en 1997 para subsidiar el trabajo, continúan descubriéndose nuevos casos. “Sólo si tomás en cuenta estudiantes y profesores, desde 1998 descubrimos 1200 nuevas historias. Hay familias que no hablan, que me han pedido que los borrara de las listas. Una chica, ex estudiante de Filosofía y Letras de la UBA, que fue detenida pero liberada unos meses después, no le contó ni a los hijos. Y tuvo que venir a verme para pedir que la sacaran del bronce de la facultad porque figuraba como desaparecida.”
La presentación de Javkin se sumará a las declaraciones del periodista Horacio Verbitsky, del fiscal Hugo Cañón, del rabino Daniel Goldman, del director del Buenos Aires Herald, Roberto Cox y de las abuelas Elsa Pavón y Chicha Mariani, entre otros testigos. Scilingo, acusado por torturas, terrorismo y genocidio, declaró que su confesión a Verbitsky en 1995, en donde reconoció haber participado en dos vuelos de la muerte, era falsa. También aseguró desconocer si en la ESMA se realizaron prácticas de tortura.
Al respecto, Javkin adelantó a Página/12 que del listado con los 3200 desaparecidos que presentará el martes se conoce en qué centro estuvieron detenidos 1073 estudiantes. De ellos 151 pasaron por la ESMA. “Lo cual es un número significativo. Sólo de los casos en los que contamos con algún tipo de información, un 14 por ciento pasó por ese campo de concentración. Esto Scilingo no lo puede negar. Los datos están allí. La historia está allí.”

Informe: Carolina Keve.