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El Senado bonaerense convalidó ayer por la tarde el veto de Felipe Solá a la Ley de Presupuesto, que los diputados ya habían aceptado en la madrugada. La tregua entre duhaldistas y felipistas en la Legislatura también posibilitó convertir en ley la adhesión de la provincia al Programa de Financiamiento Ordenado (PFO), que le permite refinanciar una deuda con la nación de 1550 millones de pesos. Aunque la disputa se reanudará a la hora de “consensuar” el nuevo proyecto presupuestario: “Ahora tengo que discutir si (los legisladores duhaldistas) me aceptan el Presupuesto original”, dijo Solá como anticipo de la pelea que se avecina.
La sesión del Senado fue menos traumática que en la Cámara de Diputados, donde ambos sectores del justicialismo cruzaron durísimas acusaciones antes de pactar una tregua, en la que intervino como mediador el gobierno nacional. Con el voto en bloque del PJ, un radicalismo dividido en la votación y la ausencia del ARI –como también había sucedido en diputados–, la Cámara alta ratificó la aceptación del veto de Solá al Presupuesto, que la propia Legislatura le había modificado.
“Es una respuesta institucional de las cámaras”, contestó la vicegobernadora y presidenta del Senado, Graciela Giannettasio, para reafirmar que la aceptación del veto y la adhesión al PFO no está “vinculada con alguna negociación del tipo partidario o algún cronograma electoral”. Giannettasio salió así a negar que el estancamiento legislativo sobre estos dos temas se destrabó con un posible pacto entre las facciones del PJ para afrontar la interna partidaria.
El duhaldismo trató de minimizar la claudicación de sus planteos ante la dura pelea que presentó Solá, pero los partidarios del gobernador tampoco quisieron presentarse como los triunfadores. En realidad, sólo se trata de una tregua que volverá a enfrentarlos en el debate del proyecto presupuestario que el gobernador deberá volver a girar al Parlamento. El duhaldismo insistirá en mantener un control estricto sobre el gasto en obras públicas, “para que no haya discriminación a nuestros intendentes” y sobre los 14 mil nombramientos que el Gobierno tenía previsto para este año. Solá reafirmó que no renunciará a las “facultades especiales”. La disputa continúa.