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Sergio Gustavo González, uno de los integrantes del grupo que asesinó a José Luis Cabezas, recuperó ayer la libertad. Se trata del segundo miembro de la banda de Los Horneros que vuelve a la calle, pero a diferencia de José Luis Auge, que la noche del asesinato estaba borracho y drogado y se quedó dentro del auto, González sí participó de la última etapa del crimen: junto al policía Gustavo Prellezo obligaron a Cabezas a arrodillarse, le pegaron dos tiros en la nuca y después quemaron el cuerpo. González se vio beneficiado por la ley del dos por uno, pero esencialmente la clave estuvo en una reducción de pena que le otorgó la Cámara de Casación. El hornero había sido condenado a prisión perpetua porque fue uno de los autores materiales, pero Casación le bajó la pena a 17 años. Con la aplicación del dos por uno, salió en libertad ayer. Se prevé que en 20 días también estará en la calle el tercer hornero que aún vive, Horacio Braga.
Los pedidos de excarcelación de González fueron presentados por sus abogados Juan Martín Cerolini y Fernando Burlando. Tras pagar una fianza ínfima, 20.000 pesos, y con un informe psiquiátrico favorable del Servicio Penitenciario, el integrante de la banda del barrio platense de Los Hornos recuperó la libertad tras cumplir siete de los 18 años de prisión en los que quedó su condena después de la rebaja que consiguió en Casación. De los cuatro horneros, uno falleció en la cárcel, Miguel Retana, dos están en libertad y el otro seguramente saldrá en marzo. Continúan presos los tres policías bonaerenses imputados, Gustavo Prellezo, el que organizó toda la operación, Sergio Camarata y Aníbal Luna, además del jefe de custodia de Alfredo Yabrán, Gregorio Ríos, condenado por ser el instigador del crimen.
La familia del fotógrafo y su abogado, Alejandro Vechi, vienen sosteniendo desde hace tiempo que en el caso Cabezas no debería aplicarse el dos por uno ya que los imputados fueron llevados a juicio en un tiempo relativamente corto para la complejidad del caso y la condena llegó a tres años del asesinato, también en un tiempo aceptable. El concepto de la ley del dos por uno era reparar los retrasos de la Justicia, pero en este caso las cosas se hicieron con celeridad y luego vino un largo período de apelaciones que no deberían –dicen los Cabezas– computarse como si no hubiera habido condena.
En realidad, existe otra lectura, más política del caso. El asesinato del fotógrafo se produjo en tiempos en que Eduardo Duhalde gobernaba la provincia de Buenos Aires y muy poco después de que el mandatario pasara a retiro a los comisarios conocidos por su inmensa fortuna y jefes de la llamada Maldita Policía. El cadáver de Cabezas apareció en una cava de Pinamar, justito por donde pasó muy poco después el gobernador Duhalde, quien iba a pescar y vio el auto del fotógrafo todavía en llamas. Parecía un mensaje para el mandatario.
Todo el andamiaje investigativo estuvo dominado por el aparato provincial del ex gobernador, desde los policías que trabajaron el caso hasta los jueces. Pese a que está probado que los protagonistas del crimen fueron policías bonaerenses, el caso giró hacia el mafioso, aliado de Carlos Menem, Alfredo Yabrán. De esa forma, el foco dejó de estar sobre la Policía Bonaerense y pasó a la órbita del riojano y su amigo empresario. En la pesquisa, los cuatro horneros jugaron un papel clave porque batieron todos los records de autoinculparse. Mientras que un imputado de homicidio suele no declarar o negar los hechos, los horneros –que tenían antecedentes de robo y tráfico de drogas y que fueron entregados por un senador justicialista– confesaban aun sin que les preguntaran nada. No son pocos los que interpretan que ahora consiguen la libertad en forma relativamente rápida como compensación por aquellas declaraciones autoinculpatorias y que permitieron orientar la causa hacia Yabrán.