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Por A. D.
Desde el viernes pasado, el juez Carlos Liporace tiene en su despacho un nuevo pedido de detención. La fiscal María Gabriela Ruíz Morales le pidió la indagatoria y la detención del ex jefe militar de Ezeiza, el comodoro Alberto Beltrame, por presunta “participación” en el delito de contrabando por la causa de las narcovalijas enviadas a España. Liporace tiene el tema en estudio, pero considera que aún no hay elementos de prueba para procesarlo. Piensa citarlo durante los próximos días y analiza las condiciones. Los scanners y los controles de equipajes
dentro del aeropuerto son materia de nuevos análisis y objeto de próximas medidas judiciales.
Después de la detención de Walter Beltrame, sus allegados hicieron trascender que su padre se había presentado en una escribanía para dejar sentado un informe con lo que sabía del caso Ezeiza. Esgrimieron, incluso, que eso obedecía a razones de seguridad. Página/12 supo ayer que el descargo fue ratificado ante un juzgado federal. Lo mucho o poco que Beltrame padre tenía o tiene para decir sobre el caso quedó redactado en un informe que en este momento está en el juzgado de Liporace. El comodoro manifiesta allí que de los 60 kilos de cocaína embarcados bajo la orden de su hijo a España, “él no sabía nada”.
Con el correr de la investigación se sabrá si eso fue así o no. De momento, la fiscalía pidió su detención por una imputación gravísima: participación en el contrabando de cocaína. En el ámbito judicial consideran que el comodoro pudo haber “facilitado” el embarque. Aún no saben cómo ni explican los mecanismos supuestamente usados para el procedimiento. Pero tendrían elementos de prueba para sostener, en cambio, que ni la PAN ni la Policía Aduanera controlaron las cuatro valijas que salieron ese día de Ezeiza ni las que pasaron durante un año entero por el aeropuerto.
En ese sentido, las fuentes judiciales consultadas por este diario explicaron que, más allá de los controles con scanner en manos de las operadoras privadas, los dos organismos están obligados a monitorear el aeropuerto y analizar “cualquier tipo de valijas o de pasajeros sospechosos” permanentemente. Sostienen que para hacerlo cuentan incluso con un scanner de tipo móvil. El dato que está en análisis es que ni la PAN ni la Policía Aduanera habrían usado ese scanner móvil durante un año entero ni para los vuelos de SW ni para sus clientes.
El juzgado, en tanto, analiza esos mismos datos más detenidamente. Sobre el rol de Beltrame padre y la PAN, el juez considera que en la “fiscalía piden la detención pero no saben ni por qué delito ni para qué tomarle declaración”. Y agregan que la supuesta participación aún hay que probarla, dado que el comodoro ya manifestó “bajo juramento en un juzgado federal” que no sabía nada. Tal como lo viene diciendo desde hace días, en este terreno Liporace aún no dice ni sí ni no: en todo caso, busca el eslabón para probarlo.
Para los especialistas en derecho penal ese procedimiento encierra alguna lógica. Tal como le sucedió a Fernando de la Rúa con los muertos del 21 de diciembre de 2001 o a Aníbal Ibarra con Cromañón, el procedimiento de la Justicia penal les exige a los magistrados una prueba contundente y no sólo atenerse a la cadena de mandos y de responsabilidades. Para el caso de De la Rúa, exigiría –por ejemplo– hallar la prueba de que haya dado la orden de cambiar las balas de goma por las de acero. Y eso es así, según los especialistas consultados, porque por su jerarquía él no tenía la supervisión directa del área. Esa dinámica se altera, en cambio, en un proceso civil donde él, como jefe de Estado, sí es responsable. Frente a los procesamientos, el fuero civil –explican– no necesita indicios tan directos.
A esto estaría haciendo alusión Liporace cuando se resiste a avanzar con las detenciones e indagatorias que exige la fiscalía. De momento, para el juzgado lo que está claro es que la banda de narcos trabajaba con alguien de adentro del aeropuerto. Quiénes son o hasta dónde llegan las responsabilidades aún no se sabe. Sobre los Beltrame, el juzgado cree:

1. Que la foja de servicios de Walter Beltrame es complicada. El muchacho tiene varios sumarios pendientes. Que “lo sumariaron” cuando estuvo en Aeroparque y que ya lo habían sumariado cuando a los tres meses del traslado al Aeropuerto de Ezeiza lo encontraron con las valijas.

2. Que SW no lo echó porque “era el hijo del comodoro”.
Al análisis del rol del comodoro, el juzgado también tiene en la mira al departamento de Drogas Peligrosas. Según un trascendido que no está en la causa, cuando la fiscal les pidió que iniciaran la investigación de SW a mediados de noviembre, ellos le dijeron “ya lo estamos haciendo”. El juez los apartó de la investigación y le entregó la causa a la Policía Aduanera. Pero en el juzgado aún se preguntan ¿quién le dio la orden a Drogas Peligrosas para que investigara la causa? ¿Y por qué lo estaban haciendo? La intervención de esa división coincide con la época en la que se borraron los videos, una de las pruebas capitales.

Un allegado a la causa le confirmó a este diario que personal del área será convocado esta semana al juzgado.
Ese ámbito no descarta tampoco avanzar sobre la PAN e incluso la dirección de SW. Aunque podría avanzar por su cuenta, el juzgado aún espera más guiños de la Sala B de la Cámara Penal Económica. El Tribunal debe confirmar o revocar, entre otros puntos, los procesamientos de los tres empleados implicados en la maniobra. Liporace sostiene que no puede ir “hacia arriba en las jerarquías” si la Cámara, por ejemplo, le revoca esos procesamientos que, a su criterio, parecen probar la primera parte de la estructura de la banda y de la operación. En el ámbito judicial, nadie niega en este punto que la Cámara ya le dio muestras de que “debe avanzar”, tal como se lo dejó escrito sobre el expediente la semana pasada cuando le devolvió la causa que en este momento suma mil fojas.
Fuera del terreno de los imputados, la fiscalía está buscando pruebas sobre otra novedad: los scanners. Según consignó este diario en su edición de ayer, SW inició la causa el 5 de octubre con los resultados de una investigación interna. En el informe mencionaron que las valijas debían pasar por “cinco scanners de TAS” y por el control de la PAN.
El día 16 de septiembre, Maximiliano Vilsen, de 24 años, estuvo a cargo de al menos uno de esos controles. Operador del scanner como empleado de TAS, el joven fue detenido en el marco de la causa aunque después salió en libertad con “falta de mérito”. Declaró dos veces, la última el viernes pasado. Hasta ese momento, había dicho que no detectó la carga porque “había hecho el curso de operador para detectar explosivos o armas y no contrabando de narcotráfico”. El viernes no agregó nada sobre ese hecho, pero mencionó otro tan o más importante: aseguró que durante un año entero, los scanners de TAS “no funcionaron”.
Consultados sobre este punto, en el juzgado hicieron tres precisiones:

1. Que los scanners de TAS para SW no son cinco, sino sólo uno, y que es operado por tres empleados.

2. Que efectivamente el scanner estuvo roto durante un año, pero que mientras tanto SW usó un scanner de la PAN.

3. Que ese tipo de “préstamo” parece un hecho frecuente en la compañía: que la PAN se los prestaba cuando se rompía o cuando la compañía –que pasaba por grandes problemas económicos– no pagaba el canon por el uso o alquiler del equipo.

La fiscalía se dispone a abrir una ruta de investigación nueva para cotejar el testimonio de Vilsen con otro tipo de pruebas.