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El titular de la fiscalía especial del caso AMIA, Alberto Nisman, y su colega Carlos Cearras volvieron a pedir ayer al juez Claudio Bonadío que cite a declaración indagatoria al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al suspendido juez Juan José Galeano, por el delito de peculado en el primer caso y por ocho delitos en el caso del magistrado. Ambos fiscales ya habían pedido esas indagatorias hace exactamente seis meses y al reiterarlo ayer quieren dejar sentado que Bonadío tiene cajoneada la causa. Por esa razón, también se pidió el juicio político de Bonadío.
Nisman y Cearras reiteraron su reclamo de que Anzorreguy sea indagado como sospechoso del delito de peculado que consiste en sustraer caudales de la administración –en este caso pública– que le fueron confiados. En concreto, lo acusan de haber usado fondos de la SIDE para un pago irregular y clandestino al principal imputado en la causa AMIA, Carlos Telleldín.
El tribunal oral del caso AMIA ya sostuvo que ese pago fue parte del armado de una pista falsa, por lo cual el dinero de la SIDE, que Anzorreguy debió administrar, fue usado para una maniobra ilegal. El ex jefe de los espías argumentó en su momento que Galeano le pidió la plata para la investigación y que él se limitó a entregársela, al tiempo que sus agentes participaron de la operación del pago. Los fiscales afirman que Anzorreguy de ninguna manera debió suministrar el dinero sin que eso conste en el expediente. Los cargos contra Galeano son más pesados: van desde la instigación al falso testimonio –o sea que presionó a un testigo para que declare una mentira– a peculado –por el pago a Telleldín–, destrucción de pruebas –unos videos grabados clandestinamente a varios testigos e imputados–, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, destrucción de instrumento público y prevaricato.
El tribunal oral ya había acusado al juez por estos delitos e incluso algunos más graves como la privación ilegal de la libertad y torturas. Lo cierto es que Nisman y Cearras insistieron ayer ante Bonadío para que lo cite a declarar como sospechoso de todos esos delitos.
El gesto de los fiscales quiere dejar en claro que existe inacción por parte de Bonadío, algo que produce cada vez mayor indignación en los familiares de las víctimas del atentado. La cuestión también se trató en la Casa Rosada, y en noviembre pasado, a través de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, que está a cargo de Alejandro Rúa, se denunció al juez por dilación y mal desempeño en sus funciones.
Bonadío tiene el expediente por las irregularidades en el caso AMIA desde el año 2000. Como señaló Rúa en su momento, “hace más de cuatro años y medio que tiene a su cargo esa causa y se encuentra obligado a investigar la intervención del ex ministro (Carlos) Corach y la del ex presidente (Carlos) Menem en el irregular pago a Carlos Telleldín. Sin embargo, no ha concretado ninguna diligencia procesal, casi no avanzó en todo este tiempo y sólo recolectó prueba por lo hecho directamente en el juicio oral. En realidad, Bonadío no ha hecho más que obstaculizar, con tanta persistencia como arbitrariedad, la labor de los organismos que sí estuvieron interesados en el avance de la pesquisa: la Unidad AMIA y la Oficina Anticorrupción”.
Las facultades de Nisman incluyen actuar en las nuevas pistas que existen respecto de la autoría del atentado, pero también interviene en los expedientes en los que se investigan las irregularidades del expediente original, que estuvo en manos de Galeano y hoy pasó a Rodolfo Canicoba Corral, quien delegó la pesquisa en el fiscal.