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Después de pasar revista a las 2500 fojas del expediente de la causa Southern Winds, la Sala B del fuero Penal Económico confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Fernando Arriete, ex gerente comercial de la aerolínea y mano derecha de Juan Maggio, por el delito de “contrabando agravado de estupefacientes”. En la resolución de 40 fojas, los camaristas volvieron a apuntar contra el juez Carlos Liporace, a quien le atribuyen nuevas anomalías en la instrucción. Dicen que su investigación “torna confusa y errática la pesquisa”. Que el juez no hizo “lo necesario para la producción de las medidas” exigidas en la resolución anterior. Y cuestionaron la creación de un expediente paralelo, con elementos que revelan “una desconcertarte forma de investigar y de desdoblar insustentadamente una única pesquisa”. En ese marco, los tres jueces le ordenaron volver a unir la causa y decidieron poner el expediente en conocimiento de la Cámara en pleno, como sucedió con su anterior dictamen. Los resultados serán girados al Consejo de la Magistratura para que se pronuncie sobre la actuación del juez.
La sala integrada por los jueces Marcos Grabivker, Roberto Hornos y Carlos Pizzatelli ya le habían advertido a Liporace sobre las irregularidades de la primera parte de la investigación. Le exigieron una treintena de medidas “reservadas” como allanamientos, cruces telefónicos y las indagatorias para los jefes máximos y directivos de SW, parte de las cuales aún no se hicieron: “No surge que se haya proveído lo necesario para la producción de las medidas indicadas”, afirmaron. Ni “la totalidad de los allanamientos”. Por eso, encomendaron “nuevamente la urgente realización de aquellas medidas”.
Para los camaristas, sin embargo, el elemento más controvertido de la nueva evaluación no son las omisiones de Liporace sino la “creación” de un legajo paralelo a la causa principal “Arriete, Fernando Pablo y otros s/contrabando de estupefacientes”. El expediente “aparece formado sin una orden del magistrado, mediando únicamente una constancia del expediente principal”.
Usualmente, ese mecanismo les permite a los jueces preservar parte de las pruebas ante las partes o separar actuaciones que tocan sólo de forma tangencial la causa principal. Pero en los hechos, los dobles expedientes se tornan discriminatorios y/o sospechosos. Un juez puede decidir qué le muestra a quién. Y de ese modo un procedimiento puede generar nulidades. La causa AMIA, sin ir más lejos, se cayó por esa razón. Un año después del atentado, el juez Juan José Galeano abrió un expediente paralelo para investigar a los policías. El tribunal oral consideró en su fallo del año pasado que el expediente paralelo le permitió armar las pruebas de la pista falsa contra los policías.
En el caso SW, los jueces sugieren que los elementos del legajo paralelo “se encuentran directamente vinculados y son parte de lo que se procura averiguar en la causa principal”. Está “formado sin disposición ni limitación de objeto alguno” con “elementos tan dispares” como:
- “Comunicaciones de las cuales surgirían domicilios en esta ciudad donde habrían estado las valijas incautadas en el aeropuerto de Barajas”.
- Actuaciones relacionadas con operaciones comerciales que habrían llevado a cabo los españoles José Ramón González Villar y María Elena Toimil, detenidos por narcotráfico en España, pasajeros frecuentes de SW y –uno de ellos– con pedido de captura en Argentina desde 1995. Entre otras cosas, se encuentra la denuncia presentada por el dueño del frigorífico bonaerense que les vendió las 142 cajas de carne envasada al vacío, que salieron por Aerolíneas Argentinas hacia España.
Aunque la Cámara sostuvo que esa forma de actuar “torna confusa y errática la pesquisa”, Liporace le explicó ayer a este diario que separó sólo lo que no era objeto de investigación principal. Sobre el domicilio donde permanecieron las narcovalijas, explicó que el dato surgió de una denuncia anónima. “La SIDE investigó la dirección. Se tomaron fotos, pero no se hicieron allanamientos porque la dirección no estaría vinculada con ninguno de los nombres de la causa y porque lo único que tengo para fundar sospechas es un anónimo”, dijo.
Más allá de las explicaciones, para la Sala, el método de investigación les parece revelador “de una desconcertarte forma de investigar y de desdoblar insustentadamente una única pesquisa”. Como ejemplo, mencionaron entrecruzamientos telefónicos pedidos en la resolución anterior que terminaron incluidos en el expediente paralelo.
Por eso,la causa SW quedará de ahora en más bajo la supervisión permanente de la Cámara, integrada por seis miembros. Por las anomalías de marzo, la Sala B de la Cámara ya había decidido iniciar una investigación preliminar sobre el comportamiento del juez. De acuerdo con el reglamento, la instrucción la lleva adelante el presidente de la Cámara, Nicanor Repetto. Los camaristas pusieron al tanto al Consejo de la Magistratura, que deberá expedirse cuando reciba el sumario con las conclusiones.
¿Qué sucederá con Liporace? Es un misterio. La Cámara en pleno ya lo había sancionado años atrás por una cuestión parecida, con una multa del 30 por ciento de su sueldo, que la Corte le redujo al 10 por ciento. Ahora, la Cámara tiene facultades para apartarlo de la causa si lo considera pertinente.