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Seis desocupados que estaban presos desde hace más de siete meses por la toma de una planta petrolera en Santa Cruz recuperaron ayer su libertad, a partir de un fallo del Superior Tribunal de Justicia provincial. En su resolución, los magistrados consideraron que la detención de los manifestantes, quienes reclamaron puestos de trabajo en la playa de tanques de la empresa Termap, podría “afectar la garantía constitucional del debido proceso y el principio de inocencia que consagra un estado de derecho”. De todos modos, la decisión judicial mantuvo el procesamiento de los imputados, que será apelado por sus defensores.
Mauricio Peracho, Hugo Iglesias, Jorge Mansilla, Elsa Orozco, Selva Sánchez y Marcela Constancio, permanecían detenidos desde septiembre en dos dependencias policiales de la localidad de Caleta Olivia, 700 kilómetros al norte de Río Gallegos, por participar en la toma de Termap y en el bloqueo de la municipalidad local en reclamo de trabajo. A partir de un recurso de casación presentado por sus defensores, el tribunal integrado por Clara Salazar, Ricardo Napolitani y Enrique Peretti dispuso su liberación inmediata.
César Amaya, abogado de uno de los desocupados, señaló a Página/12 que esta resolución “puede sentar un precedente para los casos de criminalización de la protesta social, ya que los jueces consideraron que ningún hecho de este tipo puede ser analizado fuera del contexto en el que tienen lugar”.
En su fallo, los magistrados mantuvieron de todos modos el procesamiento de los imputados, por lo que los defensores presentarán una apelación en ese sentido en los próximos días. En la misma línea, los familiares de los manifestantes liberados aseguraron que “seguiremos reclamando el desprocesamiento y la nulidad de la causa”.
La diputada nacional por Izquierda Unida, Patricia Walsh –autora de un proyecto de amnistía para los luchadores sociales–, estuvo junto a familiares y amigos de los desocupados cuando abandonaban sus lugares de detención y aseguró que la liberación de los seis piqueteros “es una medida de estricta justicia y un avance en contra de la judicialización de la protesta social”. Jorge Mansilla, uno de los desocupados imputados, aseguró: “Estoy muy feliz, pero estamos sin trabajo y procesados. La lucha sigue ahora por los compañeros de la Legislatura porteña”.

Informe: Alfredo Ves Losada