EL PAíS
Menem, el desmemoriado, no sólo olvidó cuentas
El juez Oyarbide amplió el procesamiento contra el ex presidente en la causa por “omisión maliciosa” en su declaración jurada y lo acusó de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “falsedad ideológica”.
Carlos Menem no tuvo ayer un buen día en Tribunales: el juez federal Norberto Oyarbide amplió su procesamiento en la causa que enfrenta por haber ocultado bienes en su declaración patrimonial y le imputó los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “falsedad ideológica de instrumento público”. En caso de que la resolución del magistrado –quien además aumentó a dos millones de pesos el embargo en su contra– sea confirmada por la Cámara Federal, el ex mandatario podría ser sometido a juicio oral por los tres cargos que se le formulan.
La causa en la que Oyarbide extendió el procesamiento de Menem fue abierta a partir de una denuncia que formuló la Oficina Anticorrupción en 2002 luego de que el mismo ex presidente reconociera en una entrevista con la CNN que tiene una cuenta bancaria en Suiza. Por no haberla incluido en su declaración patrimonial, el magistrado ya había procesado a Menem por “omisión maliciosa” de bienes.
Oyarbide resolvió imputarle más cargos en función de las nuevas pruebas recopiladas en la causa y que según su criterio Menem no pudo contrarrestar al ampliar días atrás su declaración indagatoria. El ex mandatario cumplió ese trámite por escrito, en lo que fue su primera presentación ante el juez después de haber estado prófugo en Chile.
“No creíbles”. Así calificó Oyarbide las explicaciones que Menem brindó en su indagatoria y subrayó que “quien miente en una declaración jurada patrimonial, ya sea consignando bienes inexactos o una falsa valuación de los mismos u omitiendo declarar la totalidad de los que posee, falsea el contenido del documento público”. Agregó que, además, un hecho de esas características “vulnera la transparencia y honestidad en el desempeño de la función pública”.
Durante la tramitación de la causa surgió que además de la cuenta en Suiza, Menem tenía a su nombre otra cuenta y una caja de ahorros en el Nuevo Banco La Rioja. También se detectaron dos aviones ultralivianos, acciones en dos empresas telefónicas, dos automóviles (una Renault Trafic y un Fiat 147), dos departamentos y un local en un edificio en la capital de La Rioja que no aparecen en su declaración patrimonial.
Menem argumentó que uno de los ultralivianos estaba desarmado y el otro destruido desde 1993. En el caso de las acciones telefónicas trató de escudarse en un “error” y sobre las propiedades dijo que quedaron en manos de su hija y su ex esposa. Los automóviles aseguró haberlos vendido y afirmó que en el banco riojano tenía depositados 81,41 pesos, tras lo cual remarcó la “insignificancia de la suma”.
En su resolución, Oyarbide refutó esos argumentos. Sostuvo que Menem intentó dar de baja los ultralivianos en noviembre de 2000, un mes después de haber omitido incluirlos en su declaración jurada, y enfatizó que ambas aeronaves aún figuran anotadas a su nombre. “Tampoco son creíbles -apuntó– sus explicaciones acerca de las unidades a su nombre en el Edificio Presidente, ubicado en Pelagio Luna y 25 de Mayo de la ciudad de La Rioja.” Con respecto a esos dos departamentos agregó que si bien fueron declarados impositivamente por Zulemita Menem, “tal afirmación frente al fisco no constituye por sí ningún derecho de propiedad”, ya que “según el informe dominial” las unidades aparecen a nombre del ex mandatario.
Oyarbide explicó también que a pesar de tener poco movimiento, las cuentas en el banco riojano reflejan un monto muy superior al consignado por Menem en su declaración jurada. Según el juez, el ex presidente tenía depositados allí 35 mil pesos.
Acerca de las acciones en compañías telefónicas, Oyarbide reseñó que suman el doble de las incluidas en el patrimonio de Menem y rechazó que “carezcan de valor”, tal la justificación del riojano en su indagatoria.
Con relación a los automóviles que el ex mandatario no declaró, el magistrado destacó que no existen informes, asiento o denuncia de venta de esos vehículos, por lo que dio por “probado” que esos y los otros bienes no fueron consignados, como correspondía, en las declaraciones juradas patrimoniales.